Carlos Erwin Porras Aguilera

Expediente 831/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
831/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2015

Partes del expediente

  • Carlos Erwin Porras Aguilera
  • Director de Servicios Legales del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de octubre de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Carlos Erwin Porras Aguilera, y atento a su contenido se le tiene informando que el acto reclamado en este sumario ha cesado en sus efectos, ya que el veintisiete de octubre de dos mil quince recibió notificación de la resolución del veintiséis de octubre del año en curso, dictada en los autos del recurso administrativo de revisión 302/2013, por lo que, solicita la conclusión del presente sumario. En el caso, la parte quejosa alega una causa de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se hará el estudio correspondiente. Ahora bien, por escrito presentado el diecisiete de febrero del año actual, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla el quejoso Carlos Erwin Porras Aguilera señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.-NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Tienen este carácter: C. DIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la omisión por parte de la autoridad responsable de dar respuesta al escrito que le fuera formulado y que fuera debidamente recibido el 07 de enero de 2015, suscrito por el ahora quejoso, en clara violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que se hicieran por escrito, señalándose además domicilio para oír y recibir la notificación del acuerdo o resolución que se emitiera en breve término." Asimismo, en una porción de la demanda de amparo, la parte quejosa refirió: "Aunado a que también existe clara violación a la garantía individual consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que establece el derecho a la impartición de justicia pronta y expedida, por lo que al abstenerse de resolver el recurso de revisión número 302/2013, transgrede en mi perjuicio dicha garantía, pues me deja totalmente indefenso ante la omisión de la autoridad responsable, de pronunciarse con respecto al recurso de revisión en comento". De igual manera, por ocurso presentado el cinco de octubre de dos mil quince el quejoso amplió su demanda de amparo por el siguiente acto reclamado: ".el acuerdo contenido en el oficio de fecha dos de marzo de 2015, dictado en el expediente relativo al recurso administrativo de revisión 302/2013, emitido por el titular de la Unidad de Servicios Jurídicos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla; autoridad que señaló como nueva autoridad responsable" La anterior narrativa permite advertir que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: 1. La omisión por parte del Director de Servicios Legales del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla de dar contestación al escrito presentado por el peticionario de amparo el siete de enero de dos mil quince dentro del recurso de revisión 302/2013. 2. La omisión de la autoridad responsable de resolver el recurso de revisión 302/2013. 3. El auto de dos de marzo de dos mil quince, dictado en el expediente relativo al recurso administrativo de revisión 302/2013, en el que el Titular de la Unidad de Servicios Jurídicos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla no acuerda de conformidad la solicitud del impetrante de dictar la resolución relativa al recurso de revisión 302/2013 por estimar que previamente debía contar con el informe del Director Jurídico de Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable respecto del acto impugnado en dicho recurso. Ahora bien, por lo que hace a los actos marcados con los números "1" y "2", consistentes en la omisión del Director de Servicios Legales del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla de dar contestación al escrito presentado el siete de enero de dos mil quince, dentro del recurso de revisión 302/2013, así como la omisión de resolver dicho medio de defensa, se advierte que al rendir el informe justificado, la autoridad responsable manifestó que no eran ciertos tales actos, ya que por auto de dos de marzo de dos mil quince, dictado dentro del recurso administrativo de revisión 302/2013, se acordó tal escrito, en el que determinó que por el momento no había lugar a acordar favorablemente lo solicitado en el sentido de que se dictara a la brevedad la resolución definitiva respecto al recurso administrativo 302/2013, porque se había solicitado un informe al Director Jurídico de Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable respecto del acto impugnado en dicho recurso. Esas afirmaciones se corroboran con las constancias remitidas por la responsable como apoyo a su informe de ley con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por haber sido emitidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Además, de dichas documentales también es posible advertir que el catorce de octubre de dos mil quince, se emitió la resolución correspondiente al recurso administrativo de revisión 302/2013, en la que se declaró la nulidad del acto impugnado. Con base en lo anterior, este juzgado considera que en el caso, tal como lo refiere la autoridad responsable en su informe justificado y el quejoso en el ocurso de cuenta, emerge una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del artículo 62, en relación con el 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa Carlos Edwin Porras Aguilera. En efecto, se estima que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo que establece "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por su parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Director de Servicios Legales del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla se advierte que efectivamente por auto de dos de marzo de dos mil quince, dictado dentro del recurso administrativo de revisión 302/2013, se acordó el escrito presentado por el impetrante el siete de enero de dos mil quince, en el que la autoridad responsable determinó que por el momento no había lugar a acordar favorablemente a lo que solicitó el quejoso en el sentido de que se dictara a la brevedad la resolución definitiva respecto al recurso administrativo 302/2013, toda vez que en la misma se seguían desahogando diligencias para estar en aptitud de resolver dicho recurso, acuerdo que le fue notificado a la parte quejosa el tres de marzo siguiente. Además, como se expuso, de dichas constancias también se sigue que el catorce de octubre de dos mil quince, se resolvió el aludido medio de defensa. Sobre ese contexto, es claro que operó la cesación de efectos de los actos marcados como "1" y "2", lo cual impone decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable contestara el escrito presentado el siete de enero de dos mil quince y resolviera el recurso administrativo de revisión 302/2013, aquélla se vio satisfecha en la medida en que mediante proveído de dos de marzo de dos mil quince, dictado dentro de dicho recurso, se acordó lo relativo a tal ocurso y el catorce de octubre de igual año, se resolvió el citado medio de defensa. En diverso aspecto, por lo que hace al acto reclamado en la ampliación a la demanda de amparo y marcado con el número "3" consistente en el auto de dos de marzo de dos mil quince, dictado en el expediente relativo al recurso administrativo de revisión 302/2013, en el que el Titular de la Unidad de Servicios Jurídicos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla no acuerda de conformidad la solicitud del impetrante de dictar la resolución relativa al recurso de revisión 302/2013 por estimar que previamente debía contar con el informe del Director Jurídico de Concesiones Integrales, Sociedad Anónima de Capital Variable respecto del acto impugnado en dicho recurso, esta autoridad advierte que surge la diversa causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, que a la letra establece "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Del precepto transcrito se desprende que para efectos del juicio de amparo, se entiende que el cambio de situación jurídica se presenta cuando concurren los supuestos siguientes a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados manifestaron que era cierto el acto reclamado (foja 67); sin embargo, de las constancias remitidas por las responsables, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se desprende que el catorce de octubre de dos mil quince se dictó la resolución correspondiente dentro del recurso de revisión 302/2013, la cual fue notificada a la parte quejosa el veintisiete de octubre siguiente (fojas 66 a 87). Entonces, conforme a lo expuesto, si el catorce de octubre de dos mil quince se emitió la resolución que dirimió el recurso administrativo 302/2013 debe estimarse que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (diecisiete de febrero de dos mil quince), se resolvió dicho medio de defensa, lo que implica que para la fecha en que se emite esta determinación, ha operado un cambio en la situación jurídica, pues no es posible analizar la constitucionalidad del proveído reclamado de dos de marzo de dos mil quince, sin afectar la nueva situación jurídica generada con motivo de la resolución emitida en el juicio natural. Luego, es claro que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica, actualizándose la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que conduce a decretar el sobreseimiento dentro del presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. Cierto, en el caso, el acto reclamado consiste en el acuerdo de dos de marzo de dos mil quince, pronunciado en el expediente 302/2015 en el que la responsable indicó que el expediente no se encontraba en condiciones de resolverse; empero, el catorce de octubre del año que transcurre se dictó la resolución que resolvió dicho medio de impugnación, es decir: nos encontramos dentro de un procedimiento administrativo (recurso de revisión 302/2015), que fue resuelto con posterioridad a la presentación de la ampliación de la demanda de amparo, y de estudiarse el acto inicialmente planteado se afectaría la nueva situación jurídica (la resolución dictada), por lo que los actos se consideran consumados irreparablemente, además que la resolución del recurso de revisión 302/2015 es independiente, del acuerdo de dos de marzo de dos mil quince (acto reclamado), pues en éste último únicamente la responsable hizo del conocimiento del quejoso el impedimento que en ese momento tenía para dictar la resolución correspondiente, lo que ya aconteció el catorce del mes y año en curso. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia materia de estudio, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia de lo anterior, se dejan sin efecto las once horas con veinticinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.:

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil quince. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Apoderado Legal y Titular de la Unidad de Servicios Jurídicos, ambos del Sistema Operador de los Servicios del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), autoridades señaladas como responsables dentro de este juicio de amparo; en tales condiciones, con el contenido de los mismos, dese vista a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de dichos informes en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Carlos Erwin Porras Aguilera y visto su contenido, se le tiene desahogando la prevención que se le realizó el treinta de septiembre del año actual; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la ampliación de la demanda respecto del acto reclamado (consistente en el acuerdo contenido en el oficio de fecha dos de marzo de dos mil quince, dentro del recurso administrativo de revisión 302/2013) que atribuye al Titular de la Unidad de Servicios Jurídicos del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de quince días, contados a partir al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, rinda su informe justificado ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entreselladas), se presumirá cierto el acto reclamado; enviándole para tal efecto copia del escrito de ampliación de la demanda. Comuníquese la presente determinación al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado federal, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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