Carlos Erwin Porras Aguilera
Expediente 1028/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 41 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 06/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Erwin Porras Aguilera
- Belén Pérez Gómez (Asesor Jurídica)
- CARLOS ERWIN PORRAS AGUILERA y Otros.
- Nancy Guadalupe Galán Arellano (Asesor Jurídica)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Glósese a los presentes autos el escrito del quejoso ***, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de esta última, expídasele las copias certificadas que solicita, previa constancia que por su recibo se deje en autos.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que trascurrió el plazo otorgado a las partes, sin que realizaran alguna manifestación; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. Conforme a lo anterior, los efectos para los cuales se concedió el amparo fueron satisfechos por la autoridad responsable; sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Lo anterior, porque la responsable proveyó que no existía prueba pendiente por desahogar en la averiguación previa; y mediante resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve, luego de analizar y valorar las pruebas que ahí mencionó, determinó el no ejercicio de la acción penal, lo cual notificó al quejoso. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia y por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso contenidas en el escrito recibido en este juzgado el diez de este mes y año, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, por los motivos que ahí expone, relativos a que no se desarrolló conforme a lo previsto la Constitución y por diversas transgresiones en que se incurrió en el acuerdo correspondiente. Indica el quejoso, que el fiscal no acordó favorable que se recabe otro dictamen; que el Tribunal Colegiado estableció que debía determinar qué pruebas deben desahogarse y qué diligencias deben practicarse en la indagatoria; que sólo determinó el archivo por atipicidad; que el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve le negó el acceso a una diligencia, sin justificar por qué no acordó favorablemente su petición de que se mande a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la averiguación para que se realice un nuevo dictamen en urología, porque ya obra el emitido por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, dejándolo en indefensión; y que la responsable transgredió los artículos 1º, 8º, 16, 20 apartado C, fracciones II y VII Constitucionales. Al respecto, debe decirse que tales manifestaciones conllevan el análisis de cuestiones de fondo y algunos incluso son aspectos posteriores a la emisión de la sentencia dictada en este juicio; por tal razón, evidentemente resultan ajenos a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad realizara un recuento de las pruebas y diligencias pendientes por desahogarse, en su caso, llevara a cabo las que considerara necesario y, finalmente, emitiera la resolución de ejercicio o no de la acción penal. Lo que en el caso aconteció, pues de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la responsable dejó insubsistente el acto reclamado, determinó que no existía prueba pendiente por desahogar dentro de la averiguación previa 50/2016/AMP04/SUR, luego de valorar las pruebas existentes en la misma ordenó el archivo de la indagatoria por atipicidad y remitió la constancia de notificación practicada al quejoso. En esa medida, las manifestaciones aducidas por el quejoso, en su caso, constituyen materia de un diverso medio de defensa, respecto de las que no puede hacerse algún pronunciamiento, en tanto que la actuación de la responsable lo restituyó de la transgresión de su derecho humano de acceso a la justicia en que incurrió, resultando ajeno al estudio del cumplimiento del fallo, el análisis de la legalidad de la determinación emitida, máxime que la situación medular que condujo a su concesión fue el retardo en que había incurrido para determinar la indagatoria, a pesar de que ya contaba con el dictamen que solicitó. Aunado a que el artículo 20 Constitucional que invoca el quejoso es inaplicable al caso, como se determinó en el propio fallo, en tanto que la indagatoria se rige por el sistema penal tradicional. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales, al no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que trascurrió el plazo otorgado a las partes, sin que realizaran alguna manifestación; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. Conforme a lo anterior, los efectos para los cuales se concedió el amparo fueron satisfechos por la autoridad responsable; sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Lo anterior, porque la responsable proveyó que no existía prueba pendiente por desahogar en la averiguación previa; y mediante resolución de treinta de mayo de dos mil diecinueve, luego de analizar y valorar las pruebas que ahí mencionó, determinó el no ejercicio de la acción penal, lo cual notificó al quejoso. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia y por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones del quejoso contenidas en el escrito recibido en este juzgado el diez de este mes y año, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida, por los motivos que ahí expone, relativos a que no se desarrolló conforme a lo previsto la Constitución y por diversas transgresiones en que se incurrió en el acuerdo correspondiente. Indica el quejoso, que el fiscal no acordó favorable que se recabe otro dictamen; que el Tribunal Colegiado estableció que debía determinar qué pruebas deben desahogarse y qué diligencias deben practicarse en la indagatoria; que sólo determinó el archivo por atipicidad; que el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve le negó el acceso a una diligencia, sin justificar por qué no acordó favorablemente su petición de que se mande a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la averiguación para que se realice un nuevo dictamen en urología, porque ya obra el emitido por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, dejándolo en indefensión; y que la responsable transgredió los artículos 1º, 8º, 16, 20 apartado C, fracciones II y VII Constitucionales. Al respecto, debe decirse que tales manifestaciones conllevan el análisis de cuestiones de fondo y algunos incluso son aspectos posteriores a la emisión de la sentencia dictada en este juicio; por tal razón, evidentemente resultan ajenos a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional únicamente implicó que la autoridad realizara un recuento de las pruebas y diligencias pendientes por desahogarse, en su caso, llevara a cabo las que considerara necesario y, finalmente, emitiera la resolución de ejercicio o no de la acción penal. Lo que en el caso aconteció, pues de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la responsable dejó insubsistente el acto reclamado, determinó que no existía prueba pendiente por desahogar dentro de la averiguación previa 50/2016/AMP04/SUR, luego de valorar las pruebas existentes en la misma ordenó el archivo de la indagatoria por atipicidad y remitió la constancia de notificación practicada al quejoso. En esa medida, las manifestaciones aducidas por el quejoso, en su caso, constituyen materia de un diverso medio de defensa, respecto de las que no puede hacerse algún pronunciamiento, en tanto que la actuación de la responsable lo restituyó de la transgresión de su derecho humano de acceso a la justicia en que incurrió, resultando ajeno al estudio del cumplimiento del fallo, el análisis de la legalidad de la determinación emitida, máxime que la situación medular que condujo a su concesión fue el retardo en que había incurrido para determinar la indagatoria, a pesar de que ya contaba con el dictamen que solicitó. Aunado a que el artículo 20 Constitucional que invoca el quejoso es inaplicable al caso, como se determinó en el propio fallo, en tanto que la indagatoria se rige por el sistema penal tradicional. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales, al no haberlo solicitado la parte quejosa no se hace pronunciamiento alguno del destino de éstos. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
Agréguese a los autos el ocurso del inconforme ***, visto su contenido, téngasele dando cumplimento a la vista otorgada en auto de cinco de junio del año en curso, y realizando las manifestaciones que del mismo se desprende, lo que será tomado en consideración al momento de dictar la resolución que determine si está cumplida la sentencia amparadora
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