Carlos Ernesto Jiménez Miranda

Expediente 557/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
557/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Carlos Ernesto Jiménez Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de signado por el actuario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a través del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 188/2020, a través de la cual lo declara infundado. Acúsese el recibo de estilo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de destrucción, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el actuario del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y en términos del mismo, se tiene a la autoridad remitente acusando recibo de los documentos que describe; asimismo hace del conocimiento el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno e informa a este órgano jurisdiccional que admite el recurso de queja interpuesto. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso, por medio del cual interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del acuerdo que desechó la demanda de amparo en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; sin lugar a ordenar la notificación a las demás partes, toda vez que se advierte que la demanda de amparo fue desechada, por lo cual no hay más partes que la parte quejosa; en consecuencia, se ordena enviar el escrito original de interposición del recurso de queja y el de expresión de agravios ambos con firma autógrafa, así como copia certificada de la resolución recurrida, de su notificación y de la demanda de amparo, toda vez que de la segunda constancia se advierte que la promovente no señaló las constancias que en copia certificada debían ser remitidas al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso de queja que interpone. Asimismo se ordena rendir el informe justificado correspondiente, manifestando a la Superioridad que es cierto que este órgano jurisdiccional dictó el proveído recurrido. Por otro lado, se ordena agregar copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja y de expresión de agravios al expediente en que se actúa para que surta los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    ...Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente, en el auto dictado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte por el juez responsable, a través del cual determinó en esencia, que una vez que acredite fehacientemente la homonimia que refiere el endosatario en propiedad, se acordará lo que corresponda, habida cuenta que con las constancias exhibidas no se acredita que la persona demandada sea diversa con la señalada en el acta de defunción que obra en autos, dictado en el periodo de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil de origen. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el citado precepto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] Fracción XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Como se puede advertir de esta trascripción, la fracción de mérito contiene el principio de definitividad, mismo que se traduce en un requisito de procedibilidad de la acción de garantías, según el cual para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse previa y necesariamente todos los recursos ordinarios que contempla la ley que regula la actuación reclamada. Lo anterior tiene sentido si se atiende a que previo al estudio de los problemas de inconstitucionalidad mediante el juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios tendientes al análisis de las cuestiones de legalidad; es decir, el principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo el cual es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la ley de la materia, en virtud de los recursos y medios de defensa ordinarios que procedan. En esta tesitura, para que se actualice la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta que en la ley que rige el acto reclamado, o en alguna ley que le sea aplicable en forma directa e inmediata, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél, que no haya sido agotado previo al juicio constitucional de garantías. Por su parte, el artículo 1340 del Código de Comercio dispone: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 (seiscientos treinta y tres mil setenta y cinco pesos 88/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." En tal virtud se actualiza la causal de improcedencia aludida, dado que contra el acto reclamado consistente el auto dictado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, por el juez responsable, a través del cual determinó en esencia, que una vez que acredite fehacientemente la homonimia que refiere el endosatario en propiedad, se acordará lo que corresponda, habida cuenta que con las constancias exhibidas no se acredita que la persona demandada sea diversa con la señalada en el acta de defunción que obra en autos, dictado en el periodo de ejecución de sentencia del juicio ejecutivo mercantil de origen, procedía el recurso de apelación, por lo que la parte quejosa, debió hacerlo valer antes de acudir al juicio constitucional, más aún, porque en forma genérica el numeral en cita establece la procedencia del medio de impugnación en comento, de ahí que no se esté en la hipótesis de una resolución irrecurrible a través de los medios ordinarios de impugnación; por tanto, se insiste que a través de los medios ordinarios antes señalados era posible modificar o revocar los actos reclamados. Máxime que conforme a lo dispuesto por el artículo 1340 del Código de Comercio, resulta procedente la apelación como medio ordinario de defensa cuya interposición se encuentra en aptitud de hacer valer la parte promovente, al ser la suerte principal en el juicio de origen, $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional) Luego, si de la lectura del Código de Comercio, se advierte que la resolución reclamada es apelable, en tal virtud, la parte quejosa se encontraba obligada a respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, y al no hacerlo así, violan el principio aludido, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo; de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, y al no haber sido interpuesto por el impetrante de garantías, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la Ley de la materia, en virtud de los recursos ordinarios que procedan. No es óbice a lo anterior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación al caso concreto cuando, como en el caso, la existencia del recurso se advierte en forma patente con las manifestaciones expuestas por la parte quejosa, con lo que se tiene la certidumbre y plena convicción de que se actualiza la causa de improcedencia, en estudio, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí, que si se admitiera la demanda de que se trata, tal circunstancia violaría el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedentes, distrayendo al órgano jurisdiccional del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios, cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 113 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que se está en presencia de una causa apelable, toda vez que la suerte principal reclamada asciende a cuatro millones de pesos, razón por la cual es apelable de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1340 del Código de Comercio, motivo por el cual la quejosa debió interponer dicho recurso antes de promover el juicio de amparo, por ser este un medio extraordinario de defensa. Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista al quejoso.

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