Carlos Ernesto Hadad Parra
Expediente 1414/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1414/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Ernesto Hadad Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de enero de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de seis de enero de dos mil veintitrés; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivo, en el entendido que los concernientes a las autoridades responsables, serán remitidos mediante oficio, en tanto que para las demás partes queda a su disposición en la secretaría de este juzgado, así como en el expediente electrónico de este sumario y en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 1414/2022 A-II Certificación. En Hermosillo, Sonora,seis de enero de dos mil veintitrés, la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: 1) Informe justificado rendido por la autoridad responsable, comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad. 2) Constancia de emplazamiento de la representación social de la adscripción; y, 3) Pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable, las cuales se encuentran contenidas en un legajo de pruebas identificado como ANEXO I. Asimismo, hago constar que: 1) En el auto de radicación, este juzgado se reservó proveer respecto de la existencia del tercero interesado; y 2) Ya transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran de la totalidad de las constancias que integran el presente sumario. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. María Guadalupe Noriega Vega Secretaria del juzgado Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del seis de enero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, la secretaria relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto de radicación, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por la autoridad responsable, presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación que antecede. Por otra parte, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados. Asimismo, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se reservó proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento a quien le pudiera asistir la calidad de tercero interesado, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco le irroga perjuicio alguno. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con sede en esta ciudad, las cuales se encuentran contenidas en un legajo de pruebas identificado como ANEXO I. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1414/2022 A-II; y, Resultando Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinte de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el veintiuno de octubre posterior, por razón de turno a este juzgado, Carlos Ernesto Hadad Parra solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Instituto Sonorense del Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), con sede en esta ciudad. Por proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Considerando Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con residencia en esta ciudad, en la que tiene jurisdicción territorial este órgano de control jurisdiccional. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: ? La resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitida en el recurso de revisión con número de expediente ISTAI-RR-417/2022, en específico, la parte considerativa en la que negó el acceso a la información solicitada por el quejoso, en razón a que se clasificó como reservada. III. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Instituto Sonorense del Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó la comisionada presidenta del instituto en cita al rendir su respectivo informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las constancias aportadas por la autoridad responsable, las cuales revelan, en lo medular, la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, recaída al recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-417/2022, interpuesto por Carlos Ernesto Hadad Parra ?quejoso?, en contra de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, por su inconformidad con la respuesta a su solicitud de acceso a la información de folio 260493422000092. Documentos a los que se les otorga valor probatorio pleno, conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." En efecto, del análisis efectuado a las constancias previamente relacionadas, permiten constatar que la autoridad responsable emitió la resolución cuestionada de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, recaída al recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-417/2022, del índice de la responsable, en la que, en esencia, fue desestimada la solicitud de información solicitada por el quejoso, al considerar que ésta tiene clasificación de reserva. IV. Causa de improcedencia Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde a este órgano jurisdiccional analizar de oficio si se actualiza alguna causa de improcedencia dado que así lo exige el orden público, en el entendido de que de no advertir alguna se procederá al estudio de las razones y los fundamentos que las partes hayan hecho valer para evidenciar, en su caso, la improcedencia de este juicio. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, Parte VIII, Materia Común, la cual es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la autoridad responsable plantea la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al señalar que a la fecha de la notificación al quejoso respecto de la resolución combatida en el presente procedimiento constitucional ?resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, recaída al recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-417/2022?, ya se había emitido el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, donde se tiene por admitida la promoción 281-W remitida por el sujeto obligado ?Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora?; en el que se hizo el requerimiento a esa entidad para exhibir el acuerdo de reserva de manera fundada y motivada mediante la aplicación de la prueba de daño que acredite la imposibilidad de hacer entrega de la información solicitada, con el respectivo apercibimiento. En relación con el argumento en torno a la causa de improcedencia en estudio, es inatendible, toda vez que lo que el quejoso reclama en esta instancia constitucional es lo resuelto en el recurso de revisión por el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en específico, la parte considerativa en la que le negó la solicitud de información solicitada, al considerar que ésta tiene clasificación de reserva (respuesta intocada o confirmada por la autoridad responsable en la resolución recaída al recurso de revisión); no así el proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, en el que se proveyó exclusivamente lo relativo a la aplicación de la prueba de daño a fin de acreditar la imposibilidad de hacer entrega de la información solicitada clasificada como reservada en términos del artículo 100 y 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Máxime, que este último proveído, no forma parte de la motivación del acto reclamado; por ende, la causal de improcedencia que se hace valer debe desestimarse. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, página 5, Novena Época, de texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de manera oficiosa se procede a estudiar el fondo del asunto. V. Antecedentes relevantes del asunto Para una mejor comprensión del acto reclamado, se hace una reseña de los antecedentes más relevantes del asunto, que son: 1) El diez de mayo de dos mil veintidós, Carlos Ernesto Hadad Parra ?aquí quejoso?, solicitó por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, al sujeto obligado Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, con folio 260493422000092, la siguiente información: "Quiero saber si, actualmente, tienen en curso algún trámite o investigación por posible responsabilidad administrativa en contra de Pascual Axel Soto Espinoza, con motivo del tiempo que laboró para el Gobierno del Estado de Sonora, entre 2015 y 2021." 2) En relación con la solicitud de acceso a la información, el ente obligado le manifestó que dicha información no podía ser proporcionada, ya que afirmar o negar la existencia de alguna investigación contra un servidor público, vulneraría los derechos humanos de dicho individuo, por tanto, decretó dicha información como reservada. 3) En virtud de la denegación de la información solicitada, Carlos Ernesto Hadad Parra ?aquí quejoso?, el uno de junio de dos mil veintidós, interpuso recurso de revisión ante el Instituto Sonorense del Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con residencia en esta ciudad, el cual fue admitido a trámite el dos de junio posterior. 4) El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dicho organismo resolvió el recurso de revisión y, en lo que interesa, en el considerativo VI, expuso: "(.) De lo anterior, se advierte que el recurrente solicitó saber si se cuenta o no, con la existencia de un trámite o investigación por una probable responsabilidad administrativa en contra de un ex servidor público, lo que dicha solicitud sobre pasa los limitantes del derecho a la protección de datos personales, pues, con el hecho de saber si existe alguna clase de trámite administrativo al respecto, y en el supuesto, éste no haya causado estado, generaría una violación a los derechos humanos del C. Pascual Axel Soto Espinoza, trasgrediendo el derecho a la presunción de inocencia, generando una afectación a la esfera jurídica protegida del ciudadano en cita, vulnerando el derecho al honor y dignidad de la persona la divulgación de la información solicitada, hasta en tanto no cause estado, pues, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre legalmente lo contrario. Aunado a lo anterior, el ente obligado manifiesta mediante oficio CGOIC-206-2022 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, emitido por la C.P. Guadalupe Salazar Valle, Coordinadora General de Órganos Internos de Control, lo siguiente: "Derivado de lo anterior, y en respuesta a la solicitud de información, esta Coordinación General informa que no es posible brindar la información solicitada, toda vez que la información relativa a las investigaciones se considera como reservada, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 fracción III, inciso C, IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora." La determinación de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, es la que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. VI. Conceptos de violación En el caso, es innecesario transcribir la resolución reclamada y los conceptos de violación contenidos en la demanda, al no existir algún precepto en la ley de la materia que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." VII. Análisis de fondo El impetrante expone en sus conceptos de violación, en esencia, que la determinación reclamada es ilegal y vulnera en su perjuicio el derecho fundamental de acceso a la información pública tutelado por el artículo 6, inciso A), fracción I, de la Constitución General de la República, en lo referente al derecho de acceso a la información pública; así como los artículos 14 y 16 del referido cuerpo de leyes, en lo concerniente a la garantía de seguridad jurídica. Los conceptos de violación son infundados; asimismo, dada su estrecha relación, se analizarán en forma conjunta, en los párrafos subsiguientes. En principio, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna y el Estado es quien está obligado a proporcionarla sin más limitante que la propia Constitución Federal y las que se establezcan por las leyes. De modo que el derecho a la información se compone de una facultad o atribución doble: el derecho a dar información y el derecho a recibirla. La información que comprende ese derecho son todos aquellos datos, hechos, noticias, opiniones e ideas que puedan ser difundidos, recibidos, investigados, acopiados, almacenados, procesados o sistematizados por cualquier medio, instrumento o sistema. Por lo tanto, la información que se solicite debe ser razonable, lógica y causar en los casos que las leyes lo establezcan el pago de los derechos correspondientes a cargo del solicitante, con las limitantes que para fines prácticos se pueden agrupar en tres tipos: limitaciones en razón del interés nacional e internacional, limitaciones por intereses sociales y limitaciones para protección de la persona. Tales limitaciones o excepciones al derecho a la información implican que no se trata de un derecho absoluto y, por lo tanto, debe entenderse que la finalidad de éstas es la de evitar que ese derecho entre en conflicto con otro tipo de derechos. Al respecto se cita la tesis P. LX/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 74, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como 'reserva de información' o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados." Asimismo, sobre el tema de reserva de información, el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver el amparo en revisión 661/2014, indicó que esa clasificación corresponde al desarrollo del límite previsto en el artículo 6o. constitucional referente a la protección del interés público, mientras que la categoría de información confidencial responde a la necesidad de proteger la vida privada de las personas y sus datos personales. Desde esa perspectiva, señaló, que resultaba necesario entender que la relación entre el derecho a la información y sus límites, en cuanto se fundamentan en otros bienes constitucionalmente tutelados, no se da en términos absolutos de todo o nada, sino que su interacción es de carácter ponderativo, en la medida en que la natural tensión que pueda existir entre ellos, requiere en su aplicación un equilibrio necesario entre el ejercicio efectivo del derecho a la información y la indebida afectación de otro tipo de bienes y valores constitucionales que están instituidos también en beneficio de las personas. Señaló, que por ello es que se reconoció que ningún derecho humano tiene el carácter de absoluto, entonces debe igualmente reconocerse que ninguno de sus límites puede plantearse en dichos términos, por lo que la relación entre ambos extremos debe plantearse en los mismos términos de equilibrio. Tales premisas quedaron plasmadas en la tesis P. II/2019 (10a.), publicada en la página 561, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA RELACIÓN CON SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES NO DEBE PLANTEARSE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS." En ese mismo sentido, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País al resolver el Amparo en Revisión 173/2012, indicó que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto y encuentra sus límites en el interés público, la vida privada y la información referida a los datos personales; así también, indicó, que la regla que establecía de manera genérica que toda la información contenida en un expediente debe considerarse reservada, sin que se establezcan criterios que permitan determinar casuísticamente cuál es la información que se debe reservar, en razón que transgrede el derecho de acceso a la información pública al ser una prohibición sin vinculación objetiva con la realización de una prueba de daño (la cual consiste medularmente en la facultad de la autoridad que posee la información solicitada ponderar y valorar mediante la debida fundamentación y motivación la factibilidad de proporcionarla o no). Ahora bien, después de analizar la resolución reclamada, se determina que la información solicitada por el quejoso es de carácter reservada, por tanto, contraviene el artículo 6 constitucional, debido a que su divulgación está restringida por el artículo 96, fracción III, inciso c), IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. (.)" LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA SECCIÓN I DE LA INFORMACIÓN RESERVADA "Artículo 96.- Los sujetos obligados, por conducto de los titulares de sus áreas, podrán excepcionalmente restringir el acceso a información pública en su poder, cuando por razones de interés público ésta deba ser clasificada como reservada hasta por cinco años, en razón de que su publicación podría generar cualquiera de los siguientes supuestos: I.- Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona física; II.- Pueda comprometer la seguridad pública del Estado y sus Municipios, y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; III.- Pueda causar un serio perjuicio u obstruya: a) Las actividades de prevención o persecución de los delitos; b) Las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; y c) Los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado resolución definitiva. IV.- Contengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Se considera que se ha adoptado la decisión definitiva cuando el o los servidores públicos responsables de tomar la resolución resuelvan de manera concluyente una etapa, sea o no susceptible de ejecución; V.- Afecte el derecho al debido proceso; VI.- Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; VII.- Se trate de información contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; VIII.- Toda aquella información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales que el Estado Mexicano sea parte." En ese contexto, se debe tomar en consideración que, partiendo de la premisa de la presentación de una denuncia en contra de un servidor público ?que implique la instauración de un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra?, se conforma por una etapa previa en la que se integra el expediente, la cual tiene como propósito evaluar la denuncia recibida a fin de determinar si debe desecharse de plano, o bien, iniciar la investigación correspondiente. Así, de existir substanciación de la denuncia formulada en contra de un funcionario público, es evidente que el expediente contiene información sobre la comisión de un hecho que puede dar lugar a la imputación de responsabilidad, lo que justifica que la información contenida en el expediente sea reservada. Una vez precisado lo anterior, en la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, recaída al recurso de revisión, dentro del expediente ISTAI-RR-417/2022, se considera que la responsable, sí evaluó o ponderó la procedencia de otorgar la información solicitada por el quejoso, en el sentido de que no es pública, pues, de existir un trámite administrativo en contra del ex servidor público Pascual Axel Soto Espinoza, puede trasgredir el derecho de presunción de inocencia, generando una afectación a la esfera jurídica protegida del ciudadano en cita. En efecto, del análisis a las actuaciones del expediente ISTAI-RR-417/2022, contrario a lo que argumenta el inconforme, se advierte que la información solicitada por el impetrante es objeto de la reserva prevista por el artículo 96, fracción III, inciso c), IV, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, esto es, prevén el supuesto de excepción a la publicidad de la información que es objeto de estudio en el presente juicio de derechos. Así, retomando el artículo 6 constitucional, establece que toda la información en posesión de cualquier órgano de gobierno o persona que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. De esta forma, el derecho a la información no es absoluto, sino que, como otras prerrogativas, está sujeto a limitaciones o excepciones, las cuales, de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución, se regulan por la ley secundaria, en el caso en estudio, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. De acuerdo con las consideraciones hasta aquí expuestas, resulta evidente que la información relacionada con los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, o bien, ex servidores públicos, se sustrae del conocimiento general hasta que se dicte resolución definitiva en el asunto. El objetivo de esta restricción es proteger la información relacionada con ese tipo de procedimientos, ya que, de darse a conocer sin que se haya hecho un pronunciamiento definitivo en torno a las irregularidades reprochadas, podría afectar la imparcialidad del órgano que emite la resolución, así como la presunción de inocencia e imagen del implicado. Inclusive, los resultados obtenidos por el órgano competente durante la investigación después de la recepción de la denuncia, se determina si se instaura o no el procedimiento, en el que el afectado podrá acusar toda clase de vicios de procedimiento, lo que robustece la necesidad de vedar el conocimiento de la información que se encuentre en un procedimiento administrativo de responsabilidad, en tanto no se resuelva en definitiva. En este sentido, tratándose de un procedimiento de responsabilidad en contra de ex servidor público del Estado de Sonora ?como en el caso sometido a consideración?, este podrá, en el momento procesal oportuno, controvertir los elementos existentes en el expediente, ofertando los medios probatorios conducentes. Por tanto, como la substanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas se efectúa con base en los elementos allegados al expediente que se forma al efecto, queda claro que lo que se protege son los documentos que lo conforman. Así, el momento en que da inicio un procedimiento de responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones de un servidor público, da la pauta para establecer si el conocimiento de la información que lo conforma se encuentra restringido al público; por lo que, para determinarlo, debe acudirse a la normatividad que lo regula. De esta forma, la normatividad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, establece la excepción a la regla de la publicidad de los expedientes formados con motivo de la presentación de alguna denuncia en contra de un servidor público; máxime, que se procura con la reserva de la información relativa, desarrollar el procedimiento con eficiencia y eficacia en relación con la investigación de conductas que dé lugar a una probable responsabilidad administrativa. En ese contexto, para que no tuviera aplicación la restricción que pesa sobre la información solicitada por el quejoso, era menester que, dado el evento de existir un procedimiento de responsabilidad en contra de Pascual Axel Soto Espinoza, el expediente formado con motivo de la denuncia presentada en su contra, se hubiese resuelto en forma definitiva; lo anterior, sin sostener deliberadamente que exista tal procedimiento. Ahora bien, no se soslayan las manifestaciones que invoca el impetrante en la demanda de amparo, en el sentido que, no pretende obtener del sujeto obligado juicios de valor, ni tampoco opiniones sobre el actuar de Pascual Axel Soto Espinoza ?con motivo de su quehacer en la función pública del Estado de Sonora?; además, enfatiza que acorde a lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 3, de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, el precitado ex funcionario público debe soportar el escrutinio social sobre ese ámbito de su vida. En relación con lo expuesto en el párrafo previo, se desprende fundamentalmente que existe un marco legal y acciones que regulan y procuran la transparencia, rendición de cuentas de los entes de gobierno, en los cuales laboran sus funcionarios públicos, a efecto de que la sociedad conozca su actuar y evitar la arbitrariedad en sus actos o acciones; sin embargo, como se ha explicado, de acuerdo con el marco jurídico expuesto, la información relacionada con los procedimientos administrativos en el Estado de Sonora, debe ser clasificada y reservada por un tiempo, cuando esta reserva resulta necesaria para garantizar los derechos humanos del servidor público implicado en la denuncia, la investigación y estabilidad del proceso. Como se ve, es dable considerar que la información relacionada con un procedimiento administrativo de responsabilidad, refleja la necesidad de establecer reservas que impidan su conocimiento público y, de esta manera, evitar que los derechos de los implicados y la secuela del procedimiento se vean mermados; bajo ese panorama, la información solicitada por el quejoso, actualiza una causal de reserva que se encuentra expresamente en el texto constitucional y replicada en la legislación del Estado de Sonora en materia de transparencia, como se explicó en párrafos anteriores. Así, la respuesta dada en relación con la reserva de información en la resolución cuestionada en esta instancia constitucional, deriva del cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de procedimiento administrativo en contra de un ex servidor público. En las relatadas consideraciones, al carecer de sustento jurídico los agravios del quejoso, es dable concluir que la información solicitada se encuentra investida de reserva que rige el derecho de acceso a la información. Como consecuencia, la porción de la resolución cuestionada no transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica contenida en el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que, la autoridad responsable, con lo determinado y, después notificado al impetrante, le hizo del conocimiento la consecuencia que generaría proporcionar la información pedida, además, fundamentó su proceder en los normativos aplicables. En mérito de lo expuesto, y ante la ineficacia de los argumentos examinados, lo procedente es, negar el amparo y protección de la Justicia Federal. VIII. Decisión: En tal virtud, ante lo infundado de los agravios, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se IX. Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Carlos Ernesto Hadad Parra, respecto del acto reclamando y autoridad responsable precisados en el considerando II y III, por las razones establecidas en el considerando VII de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega En esta fecha se generaron los oficios 346, se asienta para constancia.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, toda vez que no transcurre el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por una de las responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del seis de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el informe justificado rendido por la presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa, las cuales serán valoradas en cuanto a su procedibilidad en audiencia constitucional. Imposibilidad para crear versión digital. Debido a la voluminosidad de las constancias anexas, con fundamento en los artículo 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para su digitalización, por lo que quedarán disponibles para consulta en la secretaría del órgano, para lo cual se ordena formar por separado un legajo de pruebas que se identificará como ANEXO I, para dar facilidad a su manejo. Se designa delegados. En términos del artículos 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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