Carlos Ernesto González Lemus

Expediente 856/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
856/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2017

Partes del expediente

  • Carlos Ernesto González Lemus

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual trascribe el proveído de dos de octubre de dos mil diecisiete, del que se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; el Juez queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense en autos el escrito signado por el quejoso **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en proveído de trece de septiembre pasado; en ese sentido, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia legal para conocer de la demanda de mérito. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se pretende la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Una vez establecido lo anterior, el suscrito considera conveniente precisar que para determinar la competencia en el conocimiento del juicio de amparo entre Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, a sus consecuencias y, también, a su análisis íntegro; esto, desde luego, con el objeto de determinar si se está en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se haya ejecutado o se esté ejecutando el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la ley de la materia. Del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Ahora bien, en el caso concreto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando medularmente como acto reclamado: El aseguramiento efectuado sobre el vehículo que dice es de su propiedad ********** modelo **********, color **********, número de serie **********, por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación I, situado en León, Guanajuato; en la carpeta de investigación ********** de su índice, detención que fue llevada a cabo en la ciudad de león; y como consecuencia de ello, la negativa de devolución. En ese sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que: Como se dijo, el acto reclamado consiste en el aseguramiento efectuado sobre el vehículo que dice es de su propiedad ********** modelo **********, color **********, número de serie **********, por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación I, situado en León, Guanajuato; en la carpeta de investigación ********** de su índice, detención que fue llevada a cabo en la ciudad de león; y como consecuencia de ello, la negativa de devolución. 2. El acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tuvo y tiene su impacto y repercusión en la ciudad de León, Guanajuato, por lo expuesto en el punto anterior. Por tales motivos, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de mérito, pues su ejecución material tuvo y tiene lugar en la ciudad de León, Guanajuato, toda vez que: a) En dicha localidad es donde se encuentra radicada la carpeta de investigación ********** dentro de la cual se determinó asegurar la camioneta que aduce es de su propiedad; b) La autoridad responsable tiene su sede en dicha municipalidad; y c) La detención del automotor tuvo lugar en la ciudad de León, Guanajuato. Por lo que la competencia para conocer del presente asunto surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con sede en la ciudad de León. 3. Conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los que se ubican en León, Guanajuato. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y copias respectivas, al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en la ciudad de León, Guanajuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio; sin que sea el caso proveer en este momento lo relativo al incidente de suspensión, dado que el acto reclamado no se ubica dentro del catálogo previsto en el artículo 15 de la legislación en consulta. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente; y II. Formar, con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense en autos el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual aduce cumplir con la prevención efectuada el cinco de septiembre pasado, en la que se le requirió para que: Precisara con toda claridad cuál es el acto que tilda de inconstitucional; es decir, si reclama el desposeimiento y/o aseguramiento decretado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Investigador I de la Procuraduría General de la República, con sede en León, Guanajuato, respecto del automotor que aduce es de su propiedad; o bien, el mandato de captura emitido en su contra dirigido a privarlo de su libertad. Manifestara bajo protesta de decir verdad en dónde se detuvo el vehículo de motor -que aduce es de su propiedad; esto es, en qué demarcación territorial se lo quitaron a **********; así como en qué lugar se encuentra actualmente el automotor. Ahora bien, del ocurso de referencia se desprende que si bien es cierto que el gestionante precisó que señala como acto reclamado el desposeimiento y/o aseguramiento decretado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Investigador I de la Procuraduría General de la República, con sede en León, Guanajuato, respecto del vehículo de motor que aduce es de su propiedad; además la negativa por parte de dicho fiscal de devolverle su camioneta. También lo es que soslayó mencionar, debido a que pretende señalar un acto nuevo, la fecha en que presentó su solicitud de devolución de vehículo ante la responsable, así como la data en la que se le notificó la negativa a su petición; o bien, en su caso precisar si reclama dicha negativa como consecuencia del referido aseguramiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, es de colegirse que no fue cumplido el requerimiento efectuado el cinco de septiembre hogaño, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el citado auto y se requiere al demandante de la protección constitucional para que: Precise la data en que presentó su solicitud de devolución de vehículo ante la responsable, así como la fecha en la que se le notificó la negativa a su petición; o bien, en su caso precise si reclama dicha negativa como consecuencia del referido aseguramiento. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Ahora bien, tomando en consideración que la prevención de marras se atendió el tercer día de los cinco que se otorgaron para ello, los dos días restantes para desahogarla se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se practique a la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo que presenta **********, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Investigador I de la Procuraduría General de la República, con sede en León, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 856/2017-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V de la ley de la materia, como se verá a continuación. a) La primera irregularidad surge de lo establecido en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión acto que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto el gestionante en su demanda de amparo es impreciso en puntualizar el acto que reclama, ya que en el capítulo "IV" de la misma, atinente a los "ACTOS RECLAMADOS", textualmente apuntó: ".EL ILEGAL E INCONSTITUCIONAL DESPOSESIÓN Y ASEGURAMIENTO REALIZADO SOBRE LA CAMIONETA, DE MI PROPIEDAD QUE LLEVO A CABO EN MI PERJUICIO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUYAS CARÁCTERISTICAS SE SEÑALARAN EN EL CAPÍTULO DE HECHOS DE ESTE ESCRITO. SEÑALANDO COMO AUTORIDAD ORDENADORA AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO NO. 1, DE LA FEDERACIÓN, CON SEDE EN LEÓN, GTO. Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES RESPONSABLES COMO EJECUTORAS, SIENDO QUE EL SUSCRITO, SOY PERSONA AJENA AL PROCEDIMIENTO DONDE SE ORDENO EL ASEGURAMIENTO, TENIENDO MIEDO QUE SE ME PRIVE DE LA PROPIEDAD E INCLUSO DE MI LIBERTAD, POR CONSIGUIENTE LA VIOLACIÓN A MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDRAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De dicha transcripción, puede advertirse que la parte quejosa por un parte precisa que reclama el desposeimiento y/o aseguramiento decretado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Investigador I de la Procuraduría General de la República, con sede en León, Guanajuato, respecto del vehículo de motor que aduce es de su propiedad; sin embargo, por otro lado, vierte manifestaciones en el sentido de que se duele de la orden de privación de la libertad. Lo anterior, genera incertidumbre en el suscrito en el sentido de saber cuál es el acto que en realidad tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo; es decir, si reclama el desposeimiento y/o aseguramiento decretado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Investigador I de la Procuraduría General de la República, con sede en León, Guanajuato, respecto del automotor que aduce es de su propiedad; o bien, del mandato de captura emitido en su contra dirigido a privarlo de su libertad. Por ello, ante la vaguedad del acto que reclama el solicitante del amparo, es necesario que lo precise con toda claridad, pues de estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que las autoridades no rindan su informe correctamente y que la sentencia que se llegara a emitir no tendría ejecución sobre la verdadera razón del amparo. b) La segunda irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se observa de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto, si bien es cierto que el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación; también lo es que omitió expresar en dónde fue detenido el vehículo de motor -que aduce es de su propiedad-; esto es, en qué demarcación territorial se lo quitaron a *********, así como en qué lugar se encuentra actualmente el automotor, y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacer el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, dado que es obligación de la parte quejosa no solo manifestar su relato de hechos sino además hacerlo con sujeción a la verdad. Ante las irregularidades advertidas, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, se determina prevenirlo para que, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado, por escrito y con ocho copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise con toda claridad cuál es el acto que tilda de inconstitucional; es decir, si reclama el desposeimiento y/o aseguramiento decretado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Investigador I de la Procuraduría General de la República, con sede en León, Guanajuato, respecto del automotor que aduce es de su propiedad; o bien, el mandato de captura emitido en su contra dirigido a privarlo de su libertad. Manifieste bajo protesta de decir verdad en dónde se detuvo el vehículo de motor -que aduce es de su propiedad-; esto es, en qué demarcación territorial se lo quitaron a José de Jesús Meléndez González; así como en qué lugar se encuentra actualmente el automotor. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otro lado, como lo solicita el promovente, con fundamento en los numerales 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29 de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en virtud de que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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