Carlos Ernesto Amador Arteaga
Expediente 988/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Carlos Ernesto Amador Arteaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Escrito. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el quejoso. Medios electrónicos. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 y 21 de la Ley de Amparo, y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al ocursante... acceder al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario... Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista al promvente Ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada dentro de la queja administrativa 209/2019, la cual resolvió en los términos siguientes: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Primero de Distrito en la Laguna, en el juicio de amparo indirecto 988/2019, por las consideraciones expuestas en el último apartado de esta ejecutoria". Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora bien, en relación a la resolución del recurso de queja, la superioridad estableció que el efecto de la referida resolución es revocar el auto recurrido para que este juzgador en caso de no encontrar diverso motivo de improcedencia, o bien, algún supuesto a los que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, admita a trámite la demanda. Desechamiento. Atento a lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligación de este juzgador examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desecharla de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, ante la facultad otorgada por la superioridad al resolver el recurso de queja, y en términos del numeral citado, este juzgador considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, y por ende la demanda en estudio es improcedente y debe desecharse. En ese sentido, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Ahora bien, al examinar integralmente la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el promovente reclama de las autoridades responsables esencialmente: La violación a su derecho a tener acceso a la carpeta de investigación 1570/TOR/UTMCT/2019, que se integra ante el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Torreón de Delitos de Familia. En la especie, este juzgado advierte que la demanda de amparo es improcedente contra la negativa a tener acceso a la carpeta de investigación, ya que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación directa con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, los que a la letra prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; De la lectura e interpretación de dichos artículos se tiene que la ley de la materia prescribe que el juicio de amparo es improcedente cuando no existe un agravio directo, real y actual, que impacte en la esfera jurídica de la parte quejosa, es decir, la vía constitucional no es procedente si el acto que se reclama no afecta su interés jurídico, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior tiene un sustento constitucional, que se ha instituido como uno de los pilares fundamentales del juicio de amparo, y que es el denominado "agravio personal y directo", establecido en el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" En efecto, los preceptos referidos establecen que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de amparo, ya que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el impetrante, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En este sentido, la negativa a tener acceso a la carpeta de investigación, no le causa afectación alguna, ya que no transgrede de manera directa, real y actual su esfera jurídica, esto es, no le irroga perjuicio alguno. En este sentido, resulta conveniente destacar que, por regla general, todos aquellos actos que el Ministerio Público emita en ejercicio de sus facultades, en la etapa de investigación inicial, no son generadores de afectación jurídica, ello, porque precisamente dichos actos son realizados por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. Al efecto, debe señalarse que la facultad de investigación encuentra su sustento constitucional en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." En ese sentido, los actos que emita en la etapa de investigación, en sí mismos, no vulneran la esfera de derechos del indiciado, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aun en el caso que sea el mismo promovente, la persona a quien se dirige la investigación de los hechos denunciados, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al artículo 21 constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Además, ni con el inicio de la investigación, ni su integración o con los actos que se emitan en dicha fase, le irrogan a la promovente perjuicio alguno, pues aún no concluye en definitiva con la función constitucional de investigar los hechos denunciados, y ambas circunstancias constituyen actuaciones del Ministerio Público que están sujetas a la revisión del Juez de Control, sea que se determine una forma de terminación de la investigación, siendo en todo caso, éste último quien podría materializar el perjuicio y afectar los derechos del inculpado al determinar si resulta o no procedente vincularlo a proceso en caso de que se solicite, y no así el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación para sustentar algún hecho, lo cual está sujeto a la valoración del juzgador, ello, sin dejar de lado que al judicializarse la carpeta respectiva, es ante el juez de control, en donde el imputado tendrá la oportunidad de contrarrestar dicha determinación ministerial a fin de que no se le vincule a proceso. Máxime que en el presente caso, no se advierte que se esté en un caso de excepción a la regla general indicada -improcedencia del juicio contra actos del ministerio público en la fase de investigación-, esto es, que se concluya que con el acto reclamado, se estén violando derechos fundamentales del quejoso, que hagan procedente la admisión de la demanda, por existir una afectación jurídica real, actual y directa que incida en su esfera de derechos; se dice lo anterior, ya que de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa en forma genérica reclama la violación a su derecho a tener acceso a la carpeta de investigación 1570/TOR/UTMCT/2019, por lo que no se advierte que en ninguna de sus partes, que se pretenda afectar, como ya se mencionó algún derecho sustantivo en específico. De esta manera, el argumento del quejoso, consistente en que únicamente ha obtenido negativas por parte del ministerio público, no basta para hacer procedente el amparo; pues, lo que en realidad reclama en el juicio constitucional, es que no se le permite acceder a las actuaciones verificadas en la carpeta de investigación seguida en su contra, sino que previo a que la autoridad ministerial integre la indagatoria y reconozca o atribuya el carácter de imputado a una persona, las actuaciones tienen la calidad de reservadas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establece que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a ellos, con las limitaciones establecidas en el Código y demás disposiciones aplicables. Asimismo, conforme al citado artículo 218, el acceso a los registros de la investigación tiene como presupuesto el reconocimiento como imputado; esto es, condiciona el acceso a los registros a que la persona que lo solicite cuente con la calidad de "imputado" y que, además, se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Se encuentre detenido. 2. Sea citado para comparecer como imputado. 3. Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Pues, a partir de cualquiera de esos momentos, ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor, a fin de no afectar su derecho de defensa. Lo que denota, que no cualquier persona que considere que está vinculada a una carpeta de investigación pueda tener acceso ella, pues las referidas normas legales condicionan tal acción, a que el sujeto tenga reconocida la calidad de imputado, o bien, que haya sido sujeto a un acto de molestia o se le haya entrevistado o pretendido entrevistar por el Ministerio Público. Así, resulta inexacta la apreciación del quejoso en el sentido de que se viola su derecho fundamental de defensa adecuada, en tanto en tanto que en términos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dispone el acceso para quienes tengan atribuido el carácter de imputado, siempre y cuando se actualice cualquiera de sus tres hipótesis. Prescripción normativa que es acorde a lo que dispone el artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el cual se prevé como restricción que, quien tenga reconocido el carácter de imputado -y más aún a quien no tenga reconocida esa calidad-, durante la etapa de investigación inicial, no pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee -como lo pretende la parte quejosa-, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso inmediato a ella y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga; ello, porque la Constitución constriñe la posibilidad de que lo anterior ocurra hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación. No se soslaya con ello, que del texto constitucional en cita, se advierta el derecho fundamental del imputado, por la posible comisión de un delito, a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, la Ley Fundamental es específica en constreñir su acceso a tres momentos: 1. Cuando el imputado se encuentre detenido. 2. Cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo; y, 3. Antes de su primera comparecencia ante el juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. De lo cual se colige que, por cuanto hace a la etapa de investigación inicial, hay una restricción de índole constitucional para que el imputado pueda tener acceso a la indagatoria; y, consecuentemente, aún más cuando se trate de una persona que no cuente con dicho carácter dentro de la indagatoria. En tales condiciones, se debe concluir que, si por mandato constitucional, el Ministerio Público, por una parte, cuenta con facultades para investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una carpeta de investigación, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden a la esfera jurídica del gobernado. Por tanto, en el presente caso, en relación con dichos actos se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación directa con el diverso 5° de la Ley de Amparo, pues la negativa a tener acceso a la carpeta de investigación no transgrede de manera alguna derechos sustantivos del promovente; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición Constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizado. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizados únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones a las personas que designa. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
- Principal
Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de autos, se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector, sin que a la fecha haya remitido las constancias que así lo acrediten. Requerimiento. Ahora bien, toda vez que el Administrador Local de Recaudación no ha dado cumplimiento en el sentido de desincorporar los artículos combatidos, requiérase nuevamente a dicha autoridad. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular una multa. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Carlos Emmanuel Rivero Padilla785/2023
- Carlos Enrique Palomino Ramirez283/2023
- Carlos Enrique Ríos Pérez1040/2023
- Carlos Enrique Sánche Russek1725/2017
- Carlos Ernesto Amador Arteaga920/2019
- Carlos Ernesto Amador Arteaga975/2019
- Carlos Ernesto Dena Ríos38/2022
- Carlos Ernesto Hernández Labrado63/2023
- Carlos Ernesto Herrera Reza440/2023
- Carlos Fabricio García Moreno748/2020
- Carlos Federico Hernández Pérez1491/2022
- Carlos Fernando Escobar Perez1448/2023