Carlos Epifanio Segovia Mijares
Expediente 920/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Carlos Epifanio Segovia Mijares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
I. Causa Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. II. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. III. Valoración del incidente de suspensión. SUSPENSIÓN NEGADA. En virtud que en el presente asunto se negó la suspensión definitiva, el cuaderno original del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 20, fracción III del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas de responsables, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Como se advierte de la certificación de cuenta, dado el volumen del presente juicio, se ordena abrir el tomo V para el mejor manejo del expediente en que se actúa; levántense las certificaciones correspondientes en el cierre y la apertura de cada tomo. II. Tribunal Colegiado admite queja. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el cual se transcribe el proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de queja interpuesto por *****, contra el auto de siete de julio de dos mil veintitrés, el cual se registró como recurso de queja administrativa 157/2023. III. Se agrega oficio. Asimismo, agréguese el oficio signado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública Delegación Durango, por medio del cual desahoga la vista ordenada en autos y manifiesta que el artículo 33 de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, establece el procedimiento para el cambio de defensor o asesor jurídico, y tal facultad recae en la Dirección General de dicho Instituto, por lo que solicita copia simple de todo lo actuado en el presente juicio, así como del escrito del quejoso mediante el cual solicita el retiro de su actual asesora; lo anterior a efecto de contar con más elementos y determinar lo conducente en relación con la designación de un nuevo asesor jurídico al directo quejoso. En ese orden es necesario precisar que el numeral en cita dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 33. Deber de excusarse. Cuando la persona inculpada designe a una o un defensor particular que tenga cédula profesional, sin revocar a la o el defensor público, ésta o éste debe excusarse de seguir interviniendo en el asunto. También deberá excusarse de intervenir cuando existiendo designación de la persona inculpada en favor de defensora o defensor particular con esa característica, la titularidad de la agencia investigadora o del órgano jurisdiccional le nombre a la o el defensor público". Tal dispositivo estable la obligación del defensor público de excusarse cuando el inculpado designe a un defensor particular que cuenta con cédula profesional; es decir prevé la situación de que el defensor público se abstenga de asesorar al inculpado, toda vez que este cuenta con una defensa particular. Sin embargo, a juicio de esta juzgadora, no se está en el supuesto al que alude el numeral citado por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública Delegación Durango, toda vez que al quejoso no le asiste el carácter de inculpado, máxime que en la presente instancia constitucional no cuenta con un profesionista que representante sus intereses en términos de lo previsto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que se estima que el supuesto al que alude el citado Delegado es al referido por el artículo 23 de la normativa en cita, sin que dicho numeral se ajuste del todo al caso en concreto; tal numeral dispone: "ARTÍCULO 23. Solicitud de cambio de defensora o defensor público, o de asesora o asesor jurídico. Los usuarios podrán solicitar a la Dirección General, en cualquier etapa del proceso, el cambio de la persona encargada de la defensa pública o asesoría jurídica hasta en dos ocasiones. La solicitud deberá incluir lo que la o el solicitante considere necesario a fin de demostrar de manera justificada y fehaciente, la necesidad de su cambio. La Dirección General tomará en consideración las manifestaciones del usuario para aprobar o no dicha solicitud". En se orden, así como lo manifestado por al licenciada Martha Patricia Guerrero Durán, en su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el doce del mes y año en curso, en el que solicitó se le releve del cargo conferido; escrito que se reservó en acuerdo proveído del catorce siguiente, hasta en tanto el Delgado del Instituto de la Defensoría Pública Federal desahogara el requerimiento en relación con dicha remoción, lo que en la especie ya aconteció Bajo esa tesitura, atendiendo a las condiciones de grupo vulnerable a la que pertenece el quejoso y al derecho que le asiste respecto a un debido asesoramiento a fin de garantizar su acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en torno de lo dispuesto por la Ley Federal de Defensoría Pública, aunado a la circunstancia de que el promovente de amparo no cuenta con profesional en derecho con cédula registrada que represente sus intereses en el presente juicio. Por tanto, remítase al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, copia simple de las manifestaciones realizadas por el quejoso relativas al retiro de la licenciada Martha Patricia Guerrero Durán, como su asesora jurídica, y requiérasele para que en un término de veinticuatro horas designe asesor que represente los intereses del quejoso en el presente juicio de amparo. En tal virtud, queda a disposición del referido Delegado o del personal que designe represente los interés del quejoso, los cinco tomos que conforman el presente juicio; ello para que este en aptitud de imponerse de su contenido bajo la asesoría que tenga a bien designar. V. Desahoga requerimiento Fundación Comparte Vida Asociación Civil. Téngase por recibido el escrito que vía electrónica remite la Presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Comparte Vida Asociación Civil, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en auto del once de julio de dos mil veintitrés e informa que la remisión de los documentos que en original le fueron requeridos por el Instituto de Salud para el Bienestar, fue a través de mensajería rápida "DHL" y al efecto proporciona el número de guía respectiva. Por tanto, una vez que se reciba el original de la aludida documentación será remitida al citado Instituto para continuar con los trámites de la liberación el recurso relativo a la primera etapa tendente al trasplante de médula ósea requerido por la parte quejosa. Vl. Manifestaciones de parte quejosa. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ********************por medio del cual efectúa diversas manifestaciones y solicita se le reconozca su calidad de víctima, se le de vista al agente del Ministerio Público por violaciones a sus derechos humanos y se continúe con el incidente de inejecución de sentencia 1/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en Esta Ciudad, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción. En ese sentido dígasele que la naturaleza del presente juicio de amparo es con motivo del reproche realizado a la autoridad responsable por falta de atención médica especializada; juicio en el cual se emitió una sentencia concesoria de derechos fundamentales, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en esta Ciudad. En ese orden, es necesario citar que el artículo 110 de la Ley General de Víctimas establece lo siguiente: Artículo 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades: I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa; III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima; IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos; V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter; VII. La Comisión Ejecutiva, y VIII. El Ministerio Público. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los Recursos de Ayuda, a la reparación integral y a la compensación, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. El dispositivo anterior establece las determinaciones por medio de las cuales se reconoce la calidad de víctima. En ese orden, como ya se indicó, la presente instancia constitucional versa sobre el acto que reclamó a las autoridades señaladas como responsables consistentes en la omisión de proporcionarle atención médica; juicio que se encuentra en etapa de ejecución al haberse concedido la protección constitucional, cuya determinación fue confirmada por la superioridad; por tanto, en esta vía no corresponde dilucidar sobre la calidad de víctima que le asiste al quejoso. De igual forma, no se está en condiciones de remitir el presente juicio en inejecución de sentencia, pues de la interpretación que sobre el procedimiento de ejecución hizo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución de sentencia 1566/2013, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: - El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, y el órgano jurisdiccional ordenará notificar la resolución a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. - En el mismo auto en que se ordena la notificación señalada, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, y su posterior consignación. - En el propio auto referido, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última, cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. - Es de especial relevancia que el juez de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de las posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan, incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. - Cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa debe identificarse a la autoridad contumaz. - Una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, sin que ello ocurra, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades responsables. - Sin embargo, la imposición de la multa no se justifica en cualquier caso, sino únicamente frente (a) a la omisión total de cumplimiento, (b) si se trata de actos que implican un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de mérito, o (c) si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal. - De modo que el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo -actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, que deberá analizarse en función de los efectos de la sentencia y, especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que estos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables-; o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento -cuando se llevan a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional, en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo-. - De manera que, si una autoridad propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, pero este no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento del fallo, especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento, así como las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esa condición; sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente para continuar el trámite respectivo, pues, se insiste, esto último solo ocurre cuando existe omisión total o se actualiza alguna de las condiciones apuntadas. - Después de la imposición de la multa el Juez de Distrito debe esperar un plazo razonable para que las autoridades obligadas cumplan con la sentencia de amparo, antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. - Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a fin de que dicho órgano jurisdiccional verifique si efectivamente existe dicho incumplimiento. - Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. - Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. - Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del superior jerárquico, lo que se notificará a dichas autoridades. De dicha ejecutoria derivaron una serie de jurisprudencias que regulan y detallan el procedimiento y trámite de cumplimiento y ejecución de sentencias, entre las que destacan las identificadas con los números P./J. 54/2014 (10a.), P./J. 56/2014 (10a.), P./J. 58/2014 (10a.) y P./J. 59/2014 (10a.), de rubros respectivos siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO", "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO", "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" y "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Así, para efectos del caso concreto importa destacar que, una vez que la sentencia causa ejecutoria, el juzgador de amparo debe requerir, con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatar el fallo y a los actos que les corresponde ejecutar a cada una, el cumplimiento de la sentencia dentro del plazo de tres días, apercibiéndolas que de no hacerlo se les impondrá una multa, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para continuar con el trámite de inejecución que podría culminar con la separación de su cargo y su consignación ante el Juez de Distrito competente. De manera que, si una vez apercibidas las autoridades, son totalmente omisas en pretender acreditar el cumplimiento de la sentencia constitucional, incurren en una actitud evasiva respecto de su incumplimiento o efectúan procedimientos ilegales que retarden su verificación, el juzgador debe, como medida previa, imponerles una multa y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Así, cumplidos dichos requisitos y seguido ese procedimiento, no es sino hasta que el juzgador haya determinado el incumplimiento, que enviará los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de continuar con el procedimiento de inejecución. Esto es así, pues la finalidad del sistema de ejecución de sentencias prevista en la Ley de Amparo, consiste en evitar la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación, se prevé en la ley un sistema de sanciones que pueden ser impuestas, a fin de que se logre el eficaz cumplimiento del fallo protector. En efecto, la intención que subyace al procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de derechos humanos, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo. En atención a ello es que la ley prevé, en primer lugar, la imposición de una multa como la sanción para el incumplimiento, en cuyo caso, si la autoridad acata la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a que se continúe el procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el Juez Penal; sin embargo, si la autoridad no lo hace aun después de habérsele impuesto la multa, ello sí implicará que se continúe con el procedimiento relativo. Ahora bien, de constancias de autos se advierte las diversas gestiones realizadas por la autoridad responsables y de aquellas vinculadas a su cumplimiento, así como los desahogos de requerimientos realizados por las mismas; de igual forma se advierte que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), no se ha negado a realizar lo solicitado por este órgano jurisdiccional, como se desprende del proveído del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que solicitó a este órgano jurisdiccional diversas constancias (mismas que le fueron remitidas) así como a la doctora ******************** y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", desahogaran y proporcionaran diversa información en términos del escrito "Ciudad de México a 21 de junio de 2023" remitido por el INSABI. En atención a los requerimientos realizados por el INSABI a efecto de cumplir con los requisitos administrativos para la liberación de recurso, es que se agrega el cumplimiento dado por la Presidenta del Consejo Directivo de la Fundación Comparte Vida Asociación Civil, al que previamente se hizo alusión, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en autos del once de julio de dos mil veintitrés y emite la documentación previamente peticionada por el INSABI. Lo que evidencia que las responsables se encuentran realizado diligencias tendientes a dar cumplimiento a la sentencia o para efecto de demostrar la imposibilidad que le asiste para ello. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal.
- Principal
Agréguese a los autos el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene por formulando alegatos, de lo cual se hará relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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