Carlos Enrique Valiente Alfonso y Otros.

Expediente 477/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 40 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
477/2019
Año
2019
Actuaciones
40
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Delkis María Sánchez Díaz
  • Carlos Enrique Valiente Alfonso
  • Carlos Enrique Valiente Alfonso y Otros.
  • Comisionado Nacional Del Instituto Nacional De Migración, ciudad de México
  • Richard Suárez Alfonso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos las copias de las comunicaciones de la Administradora Desconcentrada de recaudación Chiapas "1", con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informa que remitió el diverso oficio 17249, de veintidós de julio del año en curso, a la circunscripción territorial correcta. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, en la que se negó y se declaró sin materia la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, en la que se negó y se declaró sin materia la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Administración Postal Número Dos "Palmas", con domicilio en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de dieciséis de julio de dos mil diecinueve (fojas 199-200); e informa que en la fechas del trece de mayo al cinco junio del año en curso, desempeñaba el cargo de Administrador del Servicio Postal Mexicano, *********** con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) *********** con domicilio particular en ********** dando así cumplimiento a lo requerido en proveído de dieciséis del actual. En consecuencia, hágase del conocimiento de la Administradora Desconcentrada de Recaudación Chiapas "1", con residencia en esta ciudad, para que haga efectiva la multa impuesta al citado Administrador del Servicio Postal Mexicano, por el importe de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), la cual se encuentra controlada en esa dependencia, para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. En la inteligencia que subsiste el término de diez días hábiles concedido en proveído de cinco de junio del año que transcurre (foja 150-151), para que informe a este Juzgado Federal el resultado de su intervención, con la recomendación que una vez que haga efectiva dicha sanción, se sirva remitir las constancias que así lo acrediten. En tal virtud, envíese el oficio correspondiente el primer día hábil en que la citada autoridad reanude sus labores. Lo anterior, toda vez que mediante oficio SH/PF/0642/2019, de nueve de julio de dos mil diecinueve, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, residente en esta ciudad, informó a este Juzgado que se autorizó el primer periodo vacacional al citado tribunal, comprendido del quince al veintiséis de julio de dos mil diecinueve y, que reanudará sus labores el veintinueve siguiente. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 16/94, sustentada por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 1994, página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo". Notifíquese; y por oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación Chiapas 1, residente en esta ciudad.

Quedan 36 actuaciones en este expediente

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