Carlos Enrique Valdovinos Espinoza
Expediente 1623/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1623/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/12/2022
Partes del expediente
- Carlos Enrique Valdovinos Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio por el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, acusa recibo de la misiva 41539/2022, por la cual le fue devuelto el anexo original que remitió al presente juicio de amparo; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado de autos se advierte que en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente sumario. DEVOLUCIÓN DE ANEXOS En consecuencia, devuélvase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, el anexo que remitió al presente juicio y solicitando el acuse de recibo, al tratarse de constancias originales.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese la razón suscrita por la actuaria judicial de la adscripción, por medio de la cual señala la imposibilidad para notificar a la parte quejosa, el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, notifíquese a la citada parte, dicha determinación y las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, en acatamiento a lo acordado en proveído de veintisiete de octubre pasado. EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE ESTA FECHA, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO AUTO DE 19 DE OCTUBRE DE 2022 POR MEDIO DE LISTA: Toluca, Estado de México, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS Por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, remite lo siguiente: 1. Oficio 9846/2022. 2. Juicio de amparo directo 1484/2022. 3. Expediente J.3/632/2016, en un tomo. El juicio promovido por ***, lo anterior, en virtud que por auto de trece de octubre anterior, ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo del expediente y anexos referidos. ACEPTA COMPETENCIA En términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada; por tanto, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1623/2022-III-A. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis de la demanda, se precisa que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables los actos consistes en: - El acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral J.3/632/2016, por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por medio del cual se acordó desfavorable su petición de actualización del incidente de liquidación, y se ordenó el archivo del mismo por carecer de materia, esto, dentro de la etapa de ejecución de laudo. DESECHAMIENTO. En ese orden, éste órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte promovente de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."." Los artículos citados establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Ahora, del estudio integral del escrito de demanda de amparo, y de la totalidad de constancias que integran el presente sumario constitucional se aprecia que la parte quejosa se duele sustancialmente de: Luego, de lo expuesto por la quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, también se aprecia: Sin embargo, de la certificación asentada por la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós y de las constancias que obran en el original del expediente J.3/632/2016, se advierte que el aquí quejoso fue notificado del acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el quince de julio del año en curso, por lo que el plazo para promover la demanda transcurrió del dos al veintidós de agosto de dos mil veintidós. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional en el presente juicio no se ubica en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita; por lo que si fue notificado el quince de julio de dos mil veintidós, dicha notificación surtió efectos el uno de agosto siguiente; entonces, el plazo para promover la demanda transcurrió del dos al veintidós de agosto de dos mil veintidós; sin contar los días comprendidos del dieciséis al treinta y uno de julio del año en curso, por ser aquellos en que la responsable, gozó de su primer periodo vacacional; además de los sábados y domingos que mediaron en ese periodo. En esas condiciones, si la demanda que diera origen al presente juicio de amparo de cuenta fue presentada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado que se analiza transcurrió en exceso, sin contar los días inhábiles que ocurrieran en dicha dilación temporal. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 112 y 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Sin soslayar, las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de conocer el acto tildado de inconstitucional desde el cuatro de agosto de dos mil veintidós, fecha en que aduce acudió ante la responsable y le informaron el sentido del acuerdo reclamado, pues de la literalidad de las constancias que integran el original del expediente J.3/632/2016, se evidencia la fecha exacta en la cual el quejoso fue notificado del acto reclamado, aunado a que es parte en dicho asunto, y es de su saber la tramitación que lleva, tanto es que se ubica en etapa de ejecución del laudo correspondiente y es su obligación imponerse de las actuaciones; máxime que el acuerdo reclamado fue por el impulso procesal que el aquí accionante del amparo generó, razón por la que se resuelve en los términos precisados. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, esto es, el domicilio que refiere. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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