Carlos Enrique Rodríguez Cantú
Expediente 745/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Enrique Rodríguez Cantú
- Carlos Enrique Rodríguez Cantú y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de diez de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista al quejoso y al tercero interesado con el oficio 310, remitido por la autoridad responsable Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna de las partes se pronunciara al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el proveído en comento, por lo que con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, consideración que se estima congruente con la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Procedimiento de cumplimiento En efecto, el artículo 196 de la ley de la materia, establece que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; y que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Bajo esa premisa normativa, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, motivo por el cual interpuso recurso de revisión mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito por auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, remitiéndose el presente expediente al Tribunal de alzada para la substanciación del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa. En ese orden de ideas, en proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el testimonio autorizado de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el que revocaba la sentencia dictada en el presente expediente, concediendo el amparo y protección al quejoso Carlos Enrique Rodríguez Cantú, el cual tuvo como trascendencia jurídica que la autoridad responsable Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, -autoridad vinculada al cumplimiento-, realizara lo siguiente: Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio civil hipotecario 947/2011, del índice de dicho juzgado, a partir de la diligencia de emplazamiento y hasta su última actuación. Bajo los lineamientos de la ejecutoria mencionada, la autoridad responsable mediante oficio 287/2017, recibido en este órgano jurisdiccional el tres de marzo de dos mil diecisiete, solicitó copia certificada de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento al mismo, remitiéndosele mediante proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete. Así las cosas, la aludida responsable mediante oficio 310, remitió copias certificadas relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 301 a 306). De las copias certificadas a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable hizo lo siguiente: Emitió un auto en el que dejó sin efectos el emplazamiento así como la cita de espera practicada al quejoso Carlos Enrique Rodríguez Cantú, así como todo lo actuado de manera posterior a las citadas diligencias, incluyendo la sentencia dictada en autos del expediente de origen, remitiendo de nueva cuenta las actuaciones judiciales a la Central de Actuarios para realizar el emplazamiento del aludido quejoso. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin exceso ni defecto, restituyéndola en el goce de las garantías violadas. Retardo en el cumplimiento De acuerdo al artículo 192 de la ley de la materia, las sentencias concesoras del amparo deben quedar puntualmente cumplidas; mientras que conforme al diverso numeral 193 de la propia ley, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Al interpretar el dispositivo citado en último término del párrafo que antecede, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que habrá lugar a imponer las multas correspondientes, y a la vez dará inicio el procedimiento de inejecución, siempre y cuando se acredite que el retraso atendió a evasivas, o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Así, el Alto Tribunal señaló que el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; mientras que retraso del cumplimiento por medio de procedimientos ilegales, será cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Bajo esa premisa, en el presente asunto la autoridad vinculada al cumplimiento no incurrió en retraso al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, tomando en consideración que quedó notificada del auto de ejecutoria el uno de marzo de dos mil diecisiete (foja 295), solicitando copia certificada de la ejecutoria mediante oficio recibido e tres de marzo de dos mil diecisiete (foja 296), quedando notificada del auto por el que se le remitieron dichas copias certificadas el siete de marzo de dos mil diecisiete (foja 300), y dando cumplimiento el ocho de marzo del año en curso (fojas 304 a 306), lo cual informó a este Juzgado de Distrito mediante oficio 310, recepcionado en este órgano jurisdiccional el nueve de marzo de dos mil diecisiete (foja 301); por tanto, el suscrito juzgador estima que la autoridad responsable dio cumplimiento dentro del plazo concedido, de ahí que no se actualice alguno de los supuestos de responsabilidad para la imposición de la multa conminada. Archivo y destino del expediente judicial En esas condiciones, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el citado libro de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, para que el antedicho Centro proceda a la destrucción del mismo. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. En la inteligencia de que los cuadernos incidentales no deberán glosarse al expediente del juicio principal, en atención a que éste es depurable mientras que el incidente es destruible, lo anterior acorde a los lineamientos contenidos en la página 25 del "Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación" de diciembre de dos mil doce.
- Principal
REPUBLICACION....Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de diez de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista al quejoso y al tercero interesado con el oficio 310, remitido por la autoridad responsable Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó el cumplimiento dado al fallo protector, sin que ninguna de las partes se pronunciara al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el proveído en comento, por lo que con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, consideración que se estima congruente con la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Procedimiento de cumplimiento En efecto, el artículo 196 de la ley de la materia, establece que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; y que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Bajo esa premisa normativa, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, motivo por el cual interpuso recurso de revisión mediante escrito recibido en este Juzgado de Distrito por auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis, remitiéndose el presente expediente al Tribunal de alzada para la substanciación del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa. En ese orden de ideas, en proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el testimonio autorizado de la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el que revocaba la sentencia dictada en el presente expediente, concediendo el amparo y protección al quejoso Carlos Enrique Rodríguez Cantú, el cual tuvo como trascendencia jurídica que la autoridad responsable Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, -autoridad vinculada al cumplimiento-, realizara lo siguiente: Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio civil hipotecario 947/2011, del índice de dicho juzgado, a partir de la diligencia de emplazamiento y hasta su última actuación. Bajo los lineamientos de la ejecutoria mencionada, la autoridad responsable mediante oficio 287/2017, recibido en este órgano jurisdiccional el tres de marzo de dos mil diecisiete, solicitó copia certificada de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento al mismo, remitiéndosele mediante proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete. Así las cosas, la aludida responsable mediante oficio 310, remitió copias certificadas relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 301 a 306). De las copias certificadas a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable hizo lo siguiente: Emitió un auto en el que dejó sin efectos el emplazamiento así como la cita de espera practicada al quejoso Carlos Enrique Rodríguez Cantú, así como todo lo actuado de manera posterior a las citadas diligencias, incluyendo la sentencia dictada en autos del expediente de origen, remitiendo de nueva cuenta las actuaciones judiciales a la Central de Actuarios para realizar el emplazamiento del aludido quejoso. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin exceso ni defecto, restituyéndola en el goce de las garantías violadas. Retardo en el cumplimiento De acuerdo al artículo 192 de la ley de la materia, las sentencias concesoras del amparo deben quedar puntualmente cumplidas; mientras que conforme al diverso numeral 193 de la propia ley, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Al interpretar el dispositivo citado en último término del párrafo que antecede, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que habrá lugar a imponer las multas correspondientes, y a la vez dará inicio el procedimiento de inejecución, siempre y cuando se acredite que el retraso atendió a evasivas, o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Así, el Alto Tribunal señaló que el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; mientras que retraso del cumplimiento por medio de procedimientos ilegales, será cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Bajo esa premisa, en el presente asunto la autoridad vinculada al cumplimiento no incurrió en retraso al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, tomando en consideración que quedó notificada del auto de ejecutoria el uno de marzo de dos mil diecisiete (foja 295), solicitando copia certificada de la ejecutoria mediante oficio recibido e tres de marzo de dos mil diecisiete (foja 296), quedando notificada del auto por el que se le remitieron dichas copias certificadas el siete de marzo de dos mil diecisiete (foja 300), y dando cumplimiento el ocho de marzo del año en curso (fojas 304 a 306), lo cual informó a este Juzgado de Distrito mediante oficio 310, recepcionado en este órgano jurisdiccional el nueve de marzo de dos mil diecisiete (foja 301); por tanto, el suscrito juzgador estima que la autoridad responsable dio cumplimiento dentro del plazo concedido, de ahí que no se actualice alguno de los supuestos de responsabilidad para la imposición de la multa conminada. Archivo y destino del expediente judicial En esas condiciones, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el citado libro de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, acorde con al segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías, para que el antedicho Centro proceda a la destrucción del mismo. Por otro lado, en términos de la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. En la inteligencia de que los cuadernos incidentales no deberán glosarse al expediente del juicio principal, en atención a que éste es depurable mientras que el incidente es destruible, lo anterior acorde a los lineamientos contenidos en la página 25 del "Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación" de diciembre de dos mil doce.
- Principal
...Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio JC3/337, remitido por la autoridad responsable Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en alcance al diverso oficio 310 de ocho de marzo de dos mil diecisiete, remite la cédula de notificación realizada a la parte quejosa, a través de la cual se le notificó la radicación de la demanda dentro del juicio de origen; con lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y agréguese a los autos para que obre como corresponda.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 310, remitido por la autoridad responsable Jueza Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por consiguiente, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de la parte quejosa y tercera interesada las constancias remitidas por la autoridad de referencia, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, para que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este tribunal de amparo se pronunciará al respecto.
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