Carlos Enrique Rendon Valdez

Expediente 297/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
297/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos Enrique Rendon Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México; a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción. Agréguese el oficio remitido por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, mediante el cual, remite un tomo de pruebas. Acúsese recibo. Estado de autos. Vista la primera certificación de cuenta y del estado de autos, se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se solicitó al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, el tomo de pruebas a efecto de tener el presente juicio de amparo debidamente integrado, lo que a la fecha ya aconteció. Por lo que al respecto se provee: Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto. Archívense por separado los cuadernos incidentales. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo antes mencionado el cuaderno original en que se concedió la suspensión definitiva es CONSERVABLE. Y conforme al ordinal 19, fracción II, inciso a) del mismo Acuerdo el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el plazo de seis meses. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Devolución de documentos. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días naturales, se presente a recogerlos, en el entendido que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente.. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México; a seis de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Enrique Rendón Váldez por propio derecho. Fórmese expediente y regístrese con el número 297/2023. Incompetencia. Este Juzgado Federal carece de competencia legal para tramitar y resolver en este juicio. Para justificar esa determinación, debe precisarse que la competencia constituye una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal y, por ende, es una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente a cualquier otra relacionada con la materia del juicio constitucional, dado que representa la suma de facultades otorgadas por ley a un juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De ese modo, la competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los órganos jurisdiccionales al resolver un asunto -sin tener competencia para ello- se traduce en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, al afectárseles directamente sus derechos sustantivos vinculados con la debida impartición de justicia, al ser inválido lo resuelto por el juez incompetente. De manera particular, debe señalarse que este Juzgado de Distrito, por su naturaleza jurídica, cuenta con una competencia mixta, la cual es especial, dado que esta le es asignada por los órganos competentes del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente para resolver asuntos de determinada materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de concentrar el conocimiento de asuntos de relevancia en el entorno jurídico mexicano. Ciertamente, la concentración de asuntos para su trámite y resolución tiene como finalidad evitar el dictado de sentencias contradictorias o, inclusive, que los efectos de las ejecutorias que, en su caso, se dicten y que tengan impacto respecto de un mismo acto reclamado, brinden certeza jurídica a las partes. En ese sentido, cabe destacar que a los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, les fue asignada la competencia para el conocimiento de los asuntos descritos en la circular SECNO/4/2023 de cuatro de abril de dos mil veintitrés, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó esto: "Por oficio SEPLE./CNO./001/1340/2023, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 29 de marzo de 2023, aprobó la concentración SECNO/CE/JA/24/2022 y su acumulada SECNO/CE/JA/28/2022, solicitada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En los juicios de amparo indirecto materia de las concentraciones se impugnó, de manera destacada, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022. Con fundamento en los artículo 13, segundo párrafo de la Ley de Amparo, y 1, 3, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 24 y Primero Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta el trámite para la concentración de asuntos en los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el Pleno determinó que es procedente la solicitud de concentración; que los Juzgados Primero y Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para su trámite y resolución y, que los recursos que se interpongan en aquéllos deben concentrarse en los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Asimismo, el Pleno adoptó las siguientes providencias para la concentración: "En suma, como medidas necesarias para la presente concentración se determina lo siguiente: a) Se incluyen en la orden de concentración tanto los juicios de amparo referidos en esta determinación como los pendientes de resolución; para ello se notificará a los órganos jurisdiccionales correspondientes, quienes tendrán la obligación de enviar inmediatamente y revisar algún reingreso para su envío respectivo. b) Todos aquellos asuntos de la misma temática que se encuentren en trámite o pendientes de resolución pueden ser concentrados, inclusive aquellos que fueron egresados, pero con posterioridad reingresen y, por ende, deban ser tramitados y resueltos de nueva cuenta. Estos deben remitirse a los juzgados en que se concentrarán los juicios de amparo. De igual manera, corresponde a esos órganos jurisdiccionales conocer del cumplimento, ejecución y/o archivo de los asuntos de la temática ya determinada. c) Las mismas razones resultan aplicables a los recursos derivados de los asuntos que se concentren, por lo que se estima que también debe ordenarse el envío de todos los recursos que se encuentren pendientes de resolución, así como aquellos que se llegaran a interponer, a los tribunales colegiados designados. d) La Dirección General de Gestión Judicial deberá realizar los ajustes necesarios a efecto de que la Oficina de Correspondencia Común, que les presta servicio a los órganos jurisdiccionales designados, reparta los asuntos de manera que los Juzgados a los que se remite la concentración tengan la misma cantidad de juicios por tramitar y resolver. e) Los juicios nuevos que llegasen a presentarse sobre ese mismo tópico habrán de remitirse al juzgado aquí determinado. Esta obligación recae en las Oficinas de Correspondencia Común que corresponda, las que además se encuentran obligadas a realizar la compensación respectiva." Luego, en esa circular se determinó claramente que los juicios de amparo materia de la concentración y, por ende, competencia de este órgano jurisdiccional, serían aquellos en los que se impugnó, de manera destacada, este acto: El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. Ello se corrobora con lo analizado en la solicitud de CONCENTRACIÓN DE EXPEDIENTES: SECNO/CE/JA/24/2022 Y SU ACUMULADA SECNO/CE/28/2022. Ciertamente, en ese documento, se acotó lo siguiente: "(.) Consecuentemente, es procedente la concentración de los juicios amparos en los que se reclame cualquier acto u omisión relacionada con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022, en específico lo relacionado con la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que deberán enviarse a los Juzgados Primero y Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; asimismo los recursos que se interpongan o se hayan interpuesto en los citados asuntos, deben remitirse inmediatamente a los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México (.)" De ese modo, la competencia otorgada a este Juzgado de Distrito se delimitó a cualquier acto u omisión que derive del citado decreto de reformas, y además, que el reclamo esté relacionado con la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa afirmación tiene sentido, dado que en el contexto de la solicitud de concentración, se analizaron 588 juicios de amparo indirecto, radicados en los órganos del Poder Judicial de la Federación de todo el país, en los cuales se combatieron diversos temas relacionados con la Guardia Nacional; pero, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver sobre qué asuntos serían materia de la concentración, precisó lo siguiente: "(.) En primer lugar, no serán materia de análisis los amparos 1613/2022, 971/2022, 1644/2022, 1740/2022, 1060/2022, 1552/2022, 615/2022, 73/2022, 1281/2022, 1283/2022 , 257/2022 , 2255/2022, 1191/2022, 1331/2022, 1648/2022, 1709/2022, 1857/2022, 1597/2022, 1616/2022, 1626/2022, 1773/2022, 1204/2022, 2695/2022, 1609/2022, 1189/2022, 1628/2022, 1706/2022, 1585/2022, 1372/2022, 402/2022 y 908/2022. Ello, debido a que, como se puede observar de la tabla 1, el acto reclamado no coincide con el señalado por los solicitantes de la concentración. Es decir, el acto no consiste en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022. (.)" De esa transcripción se advierte, con claridad, que no fueron materia de análisis -y susceptibles de concentrar- aquellos juicios de amparos cuyo acto reclamado no coincidiera con el tema analizado en la solicitud, es decir, que derivara del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. En ese sentido, resulta evidente cuál es la temática respecto de la cual se asignó competencia cualitativa a los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región. Con base en lo antes expuesto, este juzgado federal estima que el presente asunto difiere de la competencia especial que le fue otorgada en la circular SECNO/4/2023. Caso particular. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: Es claro que los actos reclamados en la demanda carecen de vinculación con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, entre otras, diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de septiembre de dos mil veintidós. En efecto, de su contenido se aprecia que la parte quejosa se duele, en esencia, del oficio GN/UOEC/DGSCI/8331/2023 emitido el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se le informa y se le notifica el cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada Dirección General de Servicios Especiales, ubicada en la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, dado que, a la fecha de la demanda, se encontraba laborando en Navojoa, Sonora; y considera que dicho acto -y todos los que identificó en la demanda- deriva de la aplicación del artículo 26, fracción VIII, de la Ley de la Guardia Nacional y de los artículos 13 y 35, fracción IX, del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, contenidos, respectivamente, en los Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo y veintinueve de junio, ambos, de dos mil diecinueve. Ello implica que, los actos reclamados en la demanda, al margen de no estar vinculados con el Decreto de reformas ya señalado, tampoco están relacionados con la temática relativa a la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ello, la simple vinculación de los actos reclamados con la aplicación de diversos preceptos de la Ley de la Guardia Nacional, así como de su reglamento, en relación con el ejercicio de las facultades de esa institución para ordenar el cambio de adscripción de sus integrantes, resulta insuficiente para actualizar la competencia que fue asignada a este Juzgado de Distrito, si a su vez, dichos actos carecen de relación con la temática derivada del aludido decreto de reformas. Decisión. Por esa razón, dada la competencia especifica que le fue asignada a este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 17, 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 48 de la Ley de Amparo; así como la Circular SECNO/4/2023, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer y resolver el presente juicio de amparo. En esas condiciones, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que sea turnado al juzgado correspondiente, lo anterior, con fundamento en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Suspensión del acto reclamado. No se provee sobre la suspensión del acto reclamado, al no ubicarse este asunto en ninguno de los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Consulta del Expediente Electrónico y autorizados. Con fundamento en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 38 a 41 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y toda vez que se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registro del usuario "licmilton", se le autoriza, de manera cautelar, la consulta del expediente electrónico, así como para que se reciban notificaciones por dicho medio electrónico. Asimismo, se tienen por autorizados para la recepción de notificaciones a las personas descritas en la demanda, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo -al no precisarse el número de cédula profesional de cada uno de ellos-. Se solicita el acuse de recibo. Háganse las anotaciones en el libro electrónico de gobierno que se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En el entendido de que en este Juzgado Federal deberá conservarse cuaderno de antecedentes que, aunado a este proveído, contendrá la papeleta de turno y copia de la demanda. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte promovente el presente proveído, en atención a la jurisprudencia P/J.12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Primera Parte, Sección Primera, página 55, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Notifíquese y cúmplase.

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