Carlos Enrique Ramos Arteaga
Expediente 529/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Enrique Ramos Arteaga
- Junta Especial Numero dos de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO SOBRESEIMIENTO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo 529/2021-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual la actuaria adscrita, manifiesta la imposibilidad de llevar a cabo el emplazamiento de la tercero interesada Edith García Espinoza, en el domicilio señalado en autos por los motivos que expone; la cual se ordena agregar a los autos únicamente para que obre como corresponda toda vez que por auto de cuatro de junio actual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, rindiendo su informe justificado y al Actuario adscrito adhiriéndose al mismo, por tanto, con estos y con las constancias que uno de ellos anexa, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades: Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y Actuario adscrito. Asimismo, se advierte del escrito inicial de demanda, que la parte quejosa reclamó a las autoridades antes mencionadas, sustancialmente lo siguiente: La omisión de dictar acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas, dentro del juicio laboral de origen 01/86/19-II. En ese contexto, del informe rendido por la responsable, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veinte la Junta responsable, emitió un auto en el que proveyó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes, dentro del juicio laboral de origen 01/86/19-II, el cual fue notificado a la aquí quejosa el veintiséis de mayo del presente año. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2o. Cabe destacar, que la oficiante remite la constancia de notificación a la quejosa de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que no puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, a la fecha de presentación de la demanda, al no haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; puesto que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por ello, no obstante que a esa fecha ya se había emitido el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 01/86/19-II, por el cual, la autoridad responsable proveyó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes, la conducta omisiva deriva de que no había sido enterada la parte quejosa de dicho auto. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable ya había emitido el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 01/86/19-II, pero la parte quejosa no tenía conocimiento del mismo; por lo que debe considerarse que a la fecha de la presentación de este juicio de amparo la omisión atribuida a la autoridad responsable, sí existía. No obstante, se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haberse dictado auto en el que provee respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes, el diecinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 01/86/19-II y haberlo hecho del conocimiento de la quejosa el veintiséis de mayo del presente año, con posterioridad a la presentación del amparo, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que al reclamar un acto omisivo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, en el caso concreto se traduce en la omisión de dictar acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas, dentro del juicio laboral de origen 01/86/19-II; y por ende, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y, para ello, impondría a la responsable, en este caso, la obligación de proveer respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas ofertadas por las partes, comunicándole su determinación a las partes respectivas. Condiciones que en el particular se satisfacen con el presente auto, pues la autoridad responsable ya proveyó respecto de la admisión o desechamiento de las pruebas, dentro del juicio laboral de origen y con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento a la parte quejosa; restituyéndose así, la garantía constitucional que inicialmente fue violada y, por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior, conclusión la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, encuentra sustento la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal mediante oficio 1890/2021 de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no ha dado cumplimiento a lo requerido en auto de veintiséis de abril del año en curso, no obstante de estar debidamente notificada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de cinco días, siguientes al que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado la fecha en que reconoció el carácter de pensionada a la quejosa Martha Yolanda Salgado Salgado; asimismo, informe el cálculo del pago retroactivo a dicha pensión abarcando la fecha de inicio y fecha de alta en nómina; debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior. Cabe precisar que de la lectura del testimonio de la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada consideró lo siguiente: ".En ese tenor, es claro que la sentencia de amparo no ha sido cumplida a cabalidad, por lo que el presente recurso de inconformidad debe declararse fundado, y en consecuencia debe revocarse el auto recurrido y reanudarse el procedimiento de ejecución hasta que la quejosa Martha Yolanda Salgado Salgado adquiera la calidad de pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se demuestre que la quejosa ha recibido el pago correspondiente..." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en atención a ello, dígase al promovente que deberá estarse a lo ordenado en párrafos que anteceden, en los que se advierte se requirió a la responsable el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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