Carlos Enrique Ramírez Sosa
Expediente 2437/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2437/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán
- Carlos Enrique Ramírez Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Presienta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y anexo que acompaña, con el cual pretende dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de cuenta, a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son los siguientes: ".Para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, proceda de inmediato a dejar sin efecto la fecha señalada para el seis de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y en su lugar, señale una nueva fecha dentro del plazo legal de quince días establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para la celebración de la referida audiencia en el juicio laboral número 749/2021, que promovió el aquí quejoso Carlos Enrique Ramírez Sosa." En consecuencia, hecho lo anterior, la nombrada responsable, deberá remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que al rubro dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO-TERCERO INTERESADO LINA MARÍA SOLIS RIVERO. Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de resolución dictada en el toca 291/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Claudia Teresa Díaz Gutiérrez y Édgar Salomón Díaz Gutiérrez, en contra del auto de treinta de abril de dos mil veintiuno. Acúsese recibo. Del testimonio de cuenta se advierte que el Tribunal Colegiado en cita, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la citada parte quejosa y confirmó el auto recurrido de treinta de abril de dos mil veintiuno; por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para todos los efectos legales pertinentes. Por tanto, se levanta la suspensión del procedimiento decretada en autos y se ordena la reanudación del mismo, fijándose como nueva hora y fecha para la audiencia constitucional las doce horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que no han sido emplazados al presente juicio los terceros interesados Sistemas Integrales de Construcción del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de quien la represente, Robín Humberto Millán Heitz y Lina María Solís Rivero, siendo que de las constancias que la autoridad remitió adjuntó a su informe justificado, se aprecia un domicilio donde pueden ser emplazados a este Juicio de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), en relación con los artículos 5, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, constitúyase cualquiera de los fedatarios judiciales adscritos a este Juzgado, en el predio número doscientos noventa y uno de la calle veinticinco del fraccionamiento Montebello de esta Ciudad de Mérida, Yucatán; y previo cercioramiento de que dicho domicilio corresponde al domicilio de dicha parte tercera interesada, proceda a su emplazamiento, haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer en el presente juicio en defensa de sus derechos si así lo estimare pertinente, entregándole copia autorizada del presente acuerdo, de la demanda de amparo y del auto admisorio, previniéndolo para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo a los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de que medie posterior acuerdo, hasta en tanto subsane su omisión. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe. Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por José Domingo Palomo Collí, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de amparo, mediante el cual cumple la prevención que le hizo este juzgado en proveído de cinco del actual y exhibe nueve copias del escrito de demanda. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, destacándose que el presente juicio de amparo conocerá de los actos reclamados derivados del juicio 1052/2018, del registro del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Tramítese por duplicado el incidente de suspensión solicitado. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, pídase el informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; asimismo, en el término señalado, deberán acompañar la totalidad de las constancias que estimen pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirán cierto los actos reclamados y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano que la parte quejosa refirió en su demanda de amparo, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con apoyo en el numeral 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que informen a este Juzgado si tienen conocimiento que la parte quejosa ha promovido otra demanda de amparo contra los actos que reclama en este juicio. Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se previene a las partes de este juicio de amparo, a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se reserva acordar lo conducente respecto del señalado como tercero interesado, hasta en tanto se reciban los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones. Por otra parte, respecto de la solicitud de la parte quejosa, en el sentido que se ordene la anotación preventiva sobre la tramitación del presente juicio de amparo, al folio electrónico 649729 del índice del Registro Público de la Propiedad del Estado, correspondiente al predio ubicado en el tablaje catastral número 25483 de la localidad de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, de la parte quejosa, a fin de que no se sigan inscribiendo gravámenes sobre dicho predio; hágase del conocimiento de la parte quejosa que ha lugar a lo solicitado, previa garantía que deberá exhibir ante este juzgado por la cantidad de $156,000.00 (ciento cincuenta y seis mil pesos, sin centavos, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., (BANSEFI), o en cualquier otra forma prevista por la ley; la cual corresponde al veinte por ciento del valor del bien inmueble al que se refiere el acto reclamado en este juicio, que en términos de la copia certificada del testimonio de la escritura pública de compraventa número trescientos cuarenta y ocho, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del notario público ochenta y nueve del Estado, que exhibió con su demanda de amparo, tiene un valor de $780,000.00 (setecientos ochenta mil pesos, sin centavos, moneda nacional); la que se fija de manera discrecional, al no tener mayores datos para su cuantificación y para resarcir de los posibles daños o perjuicios que se ocasionaren a la parte tercero interesada con motivo de la anotación solicitada, ya que si bien ésta no limita la potestad del o los propietarios para enajenar o disponer del inmueble de mérito, lo cierto es que sí coloca al inmueble de referencia en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y el alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio que está en trámite, por lo que tal medida es susceptible de ocasionar daños y perjuicios al propietario registral. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia número 2ª./J.88/2015 (10ª), consultable en la página 730, del Tomo I, de julio de 2015, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU AUTO ADMISORIO. REQUIERE DE PREVIA GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR EL PERJUICIO QUE, EN SU CASO, SE CAUSE A TERCEROS. De acuerdo con la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 53/2006-SS (*), que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 67/2006 (**), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley de Amparo, así como 384 y 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se cause a terceros, previo a la anotación registral preventiva de la demanda de amparo indirecto y de su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en el que se encuentre el inmueble materia de la controversia, ya que tal medida, además de sus efectos publicitarios, en atención a los fines de la propia anotación preventiva, esto es, que se conozca que el inmueble materia de la controversia está sujeto a litigio, podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, en tanto tal conocimiento podría inhibir a los interesados de realizar alguna transacción respecto del inmueble de que se trata." También sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.67/2006, consultable en la página 278, del Tomo XXIII, de mayo de 2006, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional, lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo." En términos de lo dispuesto en el artículo 873 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, dígase a la parte quejosa que en caso de que decida exhibir la garantía fijada a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que haga constar que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Asimismo, como lo establece el numeral 883 del Acuerdo General del Pleno antes invocado, la parte quejosa deberá indicar a la institución crediticia, que incluya en el referido instrumento de depósito, la leyenda en el sentido de que el depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. Lo anterior, en el entendido de que además la parte quejosa deberá pagar ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, los derechos correspondientes para la realización de la referida anotación. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio 463/2022 suscrito por el Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con el que en relación al requerimiento realizado mediante acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, proporciona la información solicitada, lo anterior en virtud de que mediante acuerdo de catorce de febrero del año en curso, se ordenó emplazar a juico a Bertha Angélica Uh Cauich albacea de la sucesión intestada de Bertha María Cauich May, parte tercero interesada en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, quien autoriza y da fe.
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