Carlos Enrique Orduña Trujillo
Expediente 454/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Enrique Orduña Trujillo
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de dieciocho de septiembre del dos mil veinte, se tuvo por consentida la cantidad líquida a devolver por concepto de diferencias de aguinaldo del año dos mil dieciocho al ejercicio fiscal dos mil veinte, por el importe de $56,275.46 (cincuenta y seis mil doscientos setenta y cinco pesos 46/100). Ahora bien, resulta oportuno destacar que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En consecuencia, el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, a dada la naturaleza de los actos a realizar, debe: ? Dejar de aplicar a la parte quejosa en el caso concreto y en lo futuro, los artículos Decimoquinto, Vigesimoquinto y Vigesimosexto de los "Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho", publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho; ? Realizar el cálculo del aguinaldo de dos mil dieciocho, que les corresponde a los aquí quejosos con base en la suma del "sueldo tabular" o "salario base", consignado en el tabulador aplicable y las compensaciones adicionales que se pagan, en su caso, mensualmente, en forma ordinaria a los quejosos, consignadas también en el tabulador aplicable. ? Pagar la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse." No obstante a lo anterior, y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En ese orden de ideas, y con el fin de agilizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha Ley, y tomando en consideración que el fallo judicial otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se REQUIERE al Director General de Recursos Humanos, así como a la Dirección de Operación y Control de Pago, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, (tomando en consideración los actos a realizar), contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deben demostrar: ? El pago realizado a la quejosa Aida Cecilia Fujigaki Cruz, por concepto de diferencias de aguinaldo del año de dos mil dieciocho al ejercicio fiscal dos mil veinte, por el importe de $56,275.46 (cincuenta y seis mil doscientos setenta y cinco pesos 46/100). En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE al Coordinador General de Administración, para que en su calidad de superior jerárquico del Director General de Recursos Humanos, así como a la Dirección de Operación y Control de Pago, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a las responsables vinculadas al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidos que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual solicita prórroga para desahogar el requerimiento de diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agregan a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido, debiéndose estar a lo acordado en líneas que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio en que el Subdirector de Pagos y Custodia de Valores en ausencia del Director de Operación e Inversión de Fondos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en atención al requerimiento de nueve de abril del año en curso, informa la imposibilidad jurídica que tienen para atender el fallo de amparo, pues en términos del artículo 46, apartado A, inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, la naturaleza jurídico-política de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es de un organismo autónomo, que cuenta con plena autonomía y capacidad para decidir sobre el ejercicio presupuestario; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito tomando conocimiento de su contenido. En atención a su contenido, estese a lo acordado en proveído de once del mes y año en curso, en que se realizaron las precisiones conducentes y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a algunas autoridades dependientes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, diez de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio electrónico de cuenta, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con evidencia criptográfica del Actuario Judicial adscrito al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por medio del cual, acusa recibo del oficio 24833/2020 BIS del índice de este Juzgado, e informa que admite a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual quedó registrado con el número de expediente recurso de revisión 75/2021 de su índice. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vistas las promociones electrónicas de cuenta, recibidas en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, firmadas electrónicamente por el quejoso, por medio de las cuales, solicita que el expediente relativo a éste sumario se tenga en el local que ocupa este Juzgado toda vez que pretende realizar una consulta del mismo, designa autorizados, solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico por conducto del usuario que proporciona, y señala medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como correspondan, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. En principio, hágase del conocimiento del ocursante que el expediente relativo a este sumario se encuentra su disposición para su consulta en el local que ocupa de éste Juzgado, para lo cual, deberá de realizarlo conforme al modelo de atención presencial basado en citas, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19". Por otra parte, se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quienes tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona. Finalmente, en relación con el resto de sus solicitudes, deberá de estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en que se acordó favorablemente la consulta del expediente electrónico por conducto del usuario que proporciona, y se tomó conocimiento de los medios de contacto que proporciona para entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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