Carlos Enrique Martínez Díaz

Expediente 1091/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1091/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Carlos Enrique Martínez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 98 de la legislación reglamentaria, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por el quejoso y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.

  2. Principal

    Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el promovente de amparo, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de cinco del mes en curso (fojas 8 a 10), pues manifiesta que lo que reclama es la violación al derecho de petición que refiere en la demanda de amparo. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 217, de la ley de la materia, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Ahora bien, con base en el desahogo de la prevención mencionada, este juzgado considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia anunciada. Lo anterior, porque el promovente del juicio fue enfático en precisar que el acto reclamado sólo lo constituye la violación al derecho de petición relacionada con su escrito presentado el cuatro de diciembre pasado ante la autoridad responsable. Luego, si tal derecho se hizo valer en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como lo es en la etapa de investigación -en una averiguación previa-, es indudable que no es susceptible de reclamarse de manera autónoma, como determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 1a./J.7/2015, consultable en la página 480, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, que dispone: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento". En tales condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Carlos Enrique Martínez Díaz, por conducto de su defensor, Rodrigo Marquez Perez -personalidad que se tiene por acreditada en virtud de la documental que adjuntó al diverso juicio de amparo 773/2017 (fojas 8 a 10), que se tiene a la vista por constituir un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, contra acto(s) del titular de la Unidad Tres Sin Detenido de la Agencia Tercera de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 1091/2018. Previo al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al quejoso para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane las deficiencias en que incurrió, esto es: Precise cuál es el acto que reclama, ya que en el apartado correspondiente señala que es la omisión de acordar el escrito presentado el "4 de diciembre del 2018", en tanto que en el capítulo de conceptos de violación indica que es la abstención de dar respuesta al impreso presentado el "21 (veintiuno) de febrero del año en curso"; y Indique si lo único que impugna es la violación al derecho de petición a que se refiere en la demanda, o existe algún otro acto reclamado. Así, es pertinente apuntar que para prevenir al justiciable, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que el(los) acto(s) que se analice(n) debe(n) precisarse con claridad, pues sin pretender obviar la causa de pedir, resulta en este momento legalmente imposible admitir a trámite la demanda planteada, medularmente por la forma en que se encuentra redactada. En efecto, la causa de pedir no puede llegar al extremo de tener como acto reclamado el que no fue propuesto por la parte quejosa; tampoco puede acusarse una denegación de justicia, pues no es que se esté rehusando a dar trámite a una demanda de amparo, sino que se está ante imprecisiones que no permiten establecer lo que el promovente quiere acusar; considerar lo contrario, podría llevar al extremo de conjeturar en relación con el señalamiento que se traduce en el acto reclamado. Circunstancias que se consideran indispensables que el quejoso aclare, a efecto de analizar la procedencia de la demanda de amparo y establecer correctamente la materia de la litis que en su caso será motivo de estudio; aunado al hecho de que la autoridad responsable se encuentre en oportunidad de conocer con precisión el o los actos que se le atribuyen y rendir debidamente su informe justificado. Lo expuesto, en virtud de que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el dispositivo 79, fracción III, inciso a), de la ley reglamentaria, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la parte quejosa señaló, como lo es la indicación de los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el promovente del juicio, no así los autorizados, pues si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere determinadas facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde al titular de la acción constitucional de amparo, que en este caso acude por conducto de su defensor. Con la precisión de que al desahogar tal requerimiento, deberá proporcionar las copias necesarias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes, así como para aperturar el incidente de suspensión que solicita, e igual número del escrito de demanda. Ilustra al respecto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibido que de no dar cumplimiento a esta prevención, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Realícese la notificación del presente proveído y las subsecuentes por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que no se señaló domicilio para tal efecto; asimismo, ténganse como autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de quienes pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Ahora, por lo que hace a la solicitud para imponerse de autos mediante el empleo de medios electrónicos, dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios referidos única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano