Carlos Enrique Haro Villareal

Expediente 256/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
256/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Encargado de la Policía Federal Ministerial y elementos a su cargo, con residencia en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza
  • Carlos Enrique Haro Villareal

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio se advierte que mediante auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se proveyó respecto del archivo del presente juicio de amparo, sin embargo, lo fue con el diverso acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente hasta el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, fracción I, inciso j), de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado dicho acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En diverso orden, se precisa que el término para la destrucción del presente expediente no reiniciará con motivo de la presente determinación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de Lourdes Rivero Zamora, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, primero de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo Coahuila, en lo sustancial informa que ese Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del conflicto competencial planteado por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, para conocer del juicio de amparo 95/2021; circunstancias de las que se toma conocimiento. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por Disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido vía interconexión el oficio de cuenta a través del cual, el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, refiere no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo 95/2021 de su índice, por los motivos que expone, asimismo, informa que remitió los autos de dicho juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a efecto de que resuelva el conflicto competencial que plantea; circunstancias de las que se toma conocimiento.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido oficio de cuenta, con anexos, a través del cuales, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, informa el contenido del acuerdo de treinta de marzo de la presente anualidad, dictado en los autos del juicio de amparo 95/2021 de su índice, del que se advierte la recepción del juicio de amparo 350/2020 de la estadística del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, así como de la demanda de amparo promovida por Valeria Elizabeth Haro García, en favor de Carlos Enrique Haro Villarreal y otro, contra actos del encargado de la Policía Federal Ministerial y elementos a su cargo y otra autoridad, mismos que le fueron remitidos por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, respecto de la cual, la autoridad oficiante se declara incompetente para conocer, por los motivos que expone. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 256/2021-V. Ahora bien, de la misiva del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, se aprecia que, en esencia, se declara incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Valeria Elizabeth Haro García, en favor de ********, contra la orden de traslado del lugar en el que actualmente se encuentra el citado quejoso a otro Cefereso del país, en razón a que el acto reclamado aduce se ejecutará en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, y por tanto, debe conocer el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se encuentra recluido el quejoso. Determinación que sustenta con la tesis aislada II.1o.55 P (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII Julio de 2008, foja 225, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de Traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, no se acepta el conocimiento del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que para conocer de la demanda de garantías será competente el juez de distrito: I. Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. II. El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material. III. Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. Como se observa, de los supuestos precisados y en atención a las reglas que para la fijación de la competencia prevé el artículo citado, se advierte que es la ejecución material del acto reclamado la originadora de la competencia jurisdiccional en el amparo, por tanto si en el caso a estudio se trata de un acto que tiene ejecución material en distintos distritos, pues si bien es cierto, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal y de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, como lo refiere la autoridad declinante, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala únicamente como autoridades responsables al: Encargado de la Policía Ministerial y elementos a su cargo; y Elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Subprocuraduría Especializada Contra la Delincuencia Organizada. Y que en la misma demanda, precisa de manera expresa entre otros actos reclamados la cumplimentación de la orden de traslado con respecto de sus padres Enrique Haro Villarreal y Edith Alicia García Valdés, la cual pretende ejecutar de manera inminente la autoridad señalada como responsable ejecutora para el efecto de trasladarlo a un diverso Centro Federal de Readaptación Social al ubicado en los Estados de Coahuila o Durango, ya que como lo ha señalado con antelación no se satisfacen los requisitos constitucionales que la ley establece para tales efectos dejándolo en completo estado de indefensión, asimismo al ser trasladado a otro centro federal distinto al que existe en los Estados de Coahuila, sería juzgado por otro órgano distinto a los juzgados cuarto y quinto los cuales existen en la ciudad de Monclova Coahuila y que por razón de territorio y competencia les toca conocer en el presente procedimiento. Es decir, como se aprecia del contenido de la demanda, lo que reclama la promovente del amparo a favor del directo quejoso, no es que sea trasladado del centro de reclusión en que actualmente se encuentra, sino el traslado de que fue objeto de la ciudad de Monclova, Coahuila, a la cualquier otra de la República, pues su preocupación radica en que se le separe de su lugar de residencia para continuar con un proceso penal; lo anterior se obtiene incluso de la solicitud de suspensión contenida en el escrito inicial, de la que se aprecia que refiere textualmente ".le solicito se me conceda la suspensión Provisional así mismo la definitiva del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y el suscrito no sea trasladado a un diverso centro de readaptación social al ubicado en esta ciudad de Monclova Coahuila."; asimismo, en los antecedentes del acto reclamado, la promovente indicó ".mis padres fueron detenidos por elementos de la policía federal ministerial e internados en las oficinas que ocupa la fiscalía general de la república en la ciudad de Monclova Coahuila, señalando uno de los agentes el cual no se quiso identificar que se encontraban detenidos por una orden de aprehensión girada por un juez de distrito y al pedir el número de causa me señala que es la 04/2020 mas sin embargo no se encuentra en la ciudad de Monclova, Coahuila ya que el juez cuarto de distrito declinó la competencia a un juez de distrito de Toluca.", en ese sentido, es evidente que como ya se dijo, el acto reclamado por la solicitante del amparo no es un probable traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en que se encuentra el quejoso, a diverso, sino el traslado que sufrió el directo quejoso de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la ciudad de Monclova, Coahuila, a la ciudad de Toluca, Estado de México, que posteriormente se obtuvo que se materializó en el centro de reclusión Federal previamente citado. En razón de lo anterior, tiene jurisdicción el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova. En efecto, partiendo de esa premisa, la orden de traslado reclamada, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona, por lo cual sus efectos no se agotan con su sola emisión, si no que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado, sigue actuando constantemente hasta su ejecución, la que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario; por tanto, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del presente sumario constitucional se surte a favor del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, toda vez que tiene jurisdicción sobre el lugar en que se inició la ejecución del acto reclamado y por ser el que previno; por tanto, es dicho órgano de control constitucional quien debe continuar con el conocimiento del asunto hasta su conclusión. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 63/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, foja 933, registro 2020829 de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia." No se soslaya que, la autoridad declinante sostenga su postura basada en el lugar de internamiento del referido quejoso y con lo mencionado dentro el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, este Juzgador no comparte su determinación, en atención a que de la propia demanda de amparo y de lo señalado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, se aprecia de manera expresa que los actos reclamados se hacen consistir en la privación de la libertad, incomunicación, falta de atención médica y de medidas de sanidad, así como la orden de traslado o de internamiento de los agraviados en un centro federal de reclusión que se ubique fuera de Coahuila o Durango, este último, como ya se dijo respecto del traslado que sufrió de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Monclova, Coahuila, hasta su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", los cuales se advierte que son reclamados contra autoridades y en la jurisdicción que ejerce el Juez signante. Además, se advierte que el acto reclamado por el que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila, Zaragoza, declina la competencia a este órgano jurisdiccional, esto es la orden de traslado del quejoso de un Centro Federal de Readaptación Social fuera del Estado de Coahuila de Zaragoza o Durango y su cumplimiento, no derivó de una orden dada per se, si no, fue en consecuencia al cumplimiento dado a una orden de aprehensión en su contra, máxime que se aprecia que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila, Zaragoza, concedió la medida cautelar oficiosa para que dichos actos privativos de la libertad del quejoso, así como la atención médica y de medidas de sanidad, cesaran de inmediato. En virtud de lo considerado, con fundamento en los artículos 37, segundo párrafo y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia que se plantea para conocer de la demanda promovida por Valeria Elizabeth Haro García, en favor de Carlos Enrique Haro Villarreal, contra actos del encargado de la Policía Federal Ministerial y elementos a su cargo y otra autoridad. Por tal motivo, devuélvase al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova, las constancias que remitió, a efecto que de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, manifieste si insiste o no en declinar su competencia. En atención a lo anterior, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual.

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