Carlos Enrique Gutiérrez Martínez
Expediente 90/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/02/2019
Partes del expediente
- Carlos Enrique Gutiérrez Martínez
Actuaciones
- Principal
Juez Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, informa que el doce de diciembre de dos mil dieciocho, recibió oficio.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO. POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE LOS CORRIENTES, QUE A LA LETRA DICE: Por recibidos el oficio y anexos que remite el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual informa que ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Enrique Gutiérrez Martínez, por derecho propio, contra el acto que reclama al Juez Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales. En términos de lo dispuesto por los artículos 37, 45, 107 de la Ley de Amparo, y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto dada la competencia declinada; acúsese el recibo de estilo a la superioridad y con apoyo en el numeral 112 de la Ley de Amparo, se procede a proveer sobre la demanda de amparo en mención. II. Formación del expediente. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 90/2019. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se expondrá a continuación. El acto reclamado en el presente juicio constitucional se hace consistir en la orden de desalojo decretada en el juicio ordinario civil 232/2017, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, con residencia en Zapopan, Jalisco, respecto del bien inmueble ubicado en la calle Huejotes, número 15 (quince), colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan, Jalisco, el cual tiene en posesión a título de arrendatario. Así, en el particular se estima que el juicio de amparo es improcedente en razón a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, este último, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales en su literalidad disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que el amparo indirecto es procedente en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente contra aquéllos que constituyen la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; lo anterior, con la finalidad de evitar que se abuse del juicio de amparo y que por cada acto se instaure una nueva litis constitucional, provocando que se viole el derecho a la plena ejecución de las sentencias. En ese sentido, el amparo se pedirá una vez que se haya dictado la última resolución dentro del procedimiento de ejecución. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta, Tomo VII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que a la letra dice: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que excepcionalmente durante la etapa de ejecución de sentencia, procede el juicio de amparo en la vía indirecta cuando exista una afectación a los derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página doscientos treinta, Tomo XXXIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Es oportuno mencionar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia trascrita, se delimitó la procedencia del juicio de amparo aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo contenido, en lo que interesa, es similar al de la legislación en vigor), ya que se estableció que no sería procedente impugnar violaciones procesales aunque fueran relevantes, pues al efecto el Máximo Tribunal dijo lo siguiente: "Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes". Así entonces, acorde a las consideraciones de la ejecutoria respectiva y al contenido de la Ley de Amparo, se obtiene que los supuestos de procedencia de la fracción IV del artículo 107 de dicha legislación, deben entenderse en correlación con la fracción V del mismo numeral, ya que ésta establece un supuesto de procedencia más amplio, de modo que es la que da pauta para la interpretación de la fracción anterior y no a la inversa. Luego entonces, el supuesto normativo establecido en la fracción V citada, en el que se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe entenderse que ello también puede darse en los supuestos normativos regulados por la fracción IV, es decir, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, ante la regla general consistente en que tratándose de actos dentro de la fase de ejecución de sentencia sólo procede el amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en esa etapa, cabe excepcionalmente la procedencia del mencionado juicio de garantías establecida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, si es que dichos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Lo anterior, siempre y cuando el acto reclamado cuya emisión se suscitó durante el trámite del procedimiento de ejecución de sentencia, afecte de manera inmediata derechos sustantivos, los cuales, indispensablemente tienen que ser ajenos a lo resuelto en el fallo que se ejecuta; y en el caso, el aquí quejoso es parte demandada dentro del juicio de origen, el cual fue oído y vencido en el mismo. En atención a lo antes expuesto, se colige que el acto ahora reclamado no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo cuando se trata de actos emitidos en la etapa de ejecución, puesto que la parte quejosa se duele, en síntesis, de la orden de desalojo emitida en el juicio ordinario civil 232/2017 de su índice, que en específico se encuentra contenida en la proposición cuarta de la sentencia pronunciada el dos de enero de dos mil dieciocho en dicho procedimiento, la cual causó estado en acuerdo de treinta de octubre de ese mismo año, en que se concedió el término de cinco días a la parte demandada, para efecto de que cumpla de manera voluntaria con dicha resolución, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa de la misma. En efecto, se advierte que el acto reclamado no consiste en la resolución con la cual se concluye el periodo de ejecución, por lo que los efectos y consecuencias son que se continúe con dicho procedimiento, hasta que se dicte la aquélla donde se apruebe o reconozca el cumplimiento de lo sentenciado, declare la imposibilidad para darle cumplimiento o se ordene el archivo definitivo del expediente, y de ello deviene la improcedencia de su demanda de amparo. Además, la determinación reclamada no se ubica en los supuestos de excepción antes reseñados, pues no es un acto autónomo o desvinculado de lo sentenciado, ni tiene la trascendencia que jurídicamente obligue a analizar esa determinación de forma inmediata en el amparo indirecto, toda vez que el cumplimiento voluntario a la sentencia dictada en autos, constituye una consecuencia directa de lo resuelto en el procedimiento de origen, tal como se aprecia de los autos originales del mismo que remitió la superioridad como anexos a la demanda; documentales que hacen prueba plena en contra de su oferente. Consecuentemente, como se adelantó, resulta improcedente la acción constitucional intentada, dado que el acto reclamado no encuadra en la hipótesis prevista por el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues en el caso concreto, la última resolución será, como ya se dijo, aquélla en la que se tenga por cumplida la sentencia, en la que se manifieste la imposibilidad para cumplimentarla, o se ordene el archivo definitivo, pero no la que constituye el acto reclamado. Cobra aplicación al caso concreto, la jurisprudencia de la Novena Época, de registro 178405, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXI, mayo de 2005, tesis VI.2o.C. J/253, localizable a página 1331, la cual es del rubro y texto siguientes: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo". Por tanto, lo que procede es desechar la demanda, por ser notoriamente improcedente, de conformidad a lo establecido por el numeral 113, de la propia ley de la materia. IV. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Flores Hernández, pues tal como se advierte de la certificación de cuenta, sí se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y en los mismos términos a la diversa persona que señala por así haberlo solicitado expresamente. V. Se ordena resguardo. Tomando en consideración que al oficio de cuenta se anexa el juicio ordinario civil 232/2017 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en un tomo; es por lo cual, de momento, se ordena su guarda en la secretaría de este juzgado de Distrito, hasta en tanto cause estado el presente proveído. VI. Glosa. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 13 y 14, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce; se ordena la glosa al presente expediente de las constancias que obran por separado al cuaderno principal, cuyo estudio y análisis fue necesario para el dictado del presente desechamiento, siendo las siguientes: 1. Sentencia definitiva de primera instancia dictada el dos de enero de dos mil dieciocho (folios 47 a 59 del juicio de origen). 2. Auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho (folio 114 ídem). En tal virtud, se ordena obtener copia fotostática certificada de las referidas constancias para que, previa digitalización, sean glosadas al presente expediente, así como anexadas al archivo que del presente fallo se ingrese al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que ambos expedientes -impreso y digital- sean coincidentes en su integración. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente.
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