Carlos Enrique Garzón Noriega y Otros.

Expediente 409/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
409/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Carlos Enrique Garzón Noriega y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 409/2020, se generó el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte; sin embargo, dicho auto corresponde al juicio de amparo 403/2020.---En consecuencia...se regulariza el procedimiento en el presente juicio de amparo y se ordena dejar sin efectos el auto de diez de los actuales, generado en el expediente electrónico, así como la síntesis automática generada.---En la inteligencia que dicha resolución no obra en autos del expediente físico del juicio de amparo en que se actúa.---Notifíquese.

  2. Principal

    ...se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión, contra la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo solicitado; por tanto,...se declara ejecutoriada la misma para todos los efectos de ley.---Ahora bien, en el fallo protector se determinó que el tribunal laboral responsable, deberá realizar los actos siguientes:...Ahora, en el caso no procede requerir a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria, ya que de autos se advierte que en proveído de siete de diciembre del año en curso, se reservó proveer lo conducente con relación al oficio signado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al que anexó copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral ******, de su índice, con lo que informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo.---En consecuencia, ...córrase traslado a las partes quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.---Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a dieciséis de octubre de dos mil veinte, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, para conocimiento de la parte quejosa Carlos Enrique Garzón Noriega y otro; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil veinte. I. Recepción de la demanda y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Enrique Garzón Noriega y Julieta Arellano Bernal; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 409/2020 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen, así como del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.". (Octava Época. Registro 221353.Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, noviembre de 1991, materia común, página 198). En el caso, del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: En el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el cual no admite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de tres de agosto del año en curso, por el que admite el incidente de liquidación de sentencia definitiva, en el expediente 371/2015, del índice del citado Juzgado. Al respecto, este juzgador advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que previo a instar el juicio constitucional, el promovente debió impugnar los actos reclamados a través del recurso de queja previsto en el artículo 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. El artículo 61 fracción XVIII establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." El texto del artículo transcrito consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, el cual establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le afecta, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por su parte, el artículo 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, dispone lo siguiente: "Articulo 714. El recurso de queja procederá contra la resolución que niega admitir una apelación. .." De la interpretación armónica de tal dispositivo, se aprecia que el acto que por esta vía se reclama es impugnable mediante el recurso de queja, tal como lo dispone el artículo 714 del Código de Procedimientos Civiles el Estado de Sinaloa, toda vez que procede dicho recurso en contra de la resolución que niegue admitir el recurso de apelación. Bajo esa tesitura, el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el cual no admite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de tres de agosto del año en curso, por el que admite el incidente de liquidación de sentencia definitiva, en el expediente 371/2015, del índice del citado Juzgado, debe combatirlo a través del medio ordinario de impugnación previsto en el artículo 714 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. En tales términos, la parte quejosa se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, agotando el recurso de queja previsto en Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.. En ese tenor, la falta de promoción del recurso de queja de manera previa al de amparo, consuma la improcedencia de este último, habida cuenta que a través de ese medio ordinario de defensa, la parte quejosa está en aptitud de lograr que se modifique, anule o revoque el acto reclamado. Cabe añadir, que en el caso, no se observa que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, pues los actos reclamados no se advierten carentes de fundamentación; no se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación; además, la parte quejosa no hace valer únicamente violaciones directas a la Constitución, sino que también se advierten cuestiones de legalidad y el medio de defensa en mención no se encuentra previsto en un reglamento, sino que la ley correspondiente contempla su existencia (Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.). Por las razones expuestas, resulta operante de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. No pasa desapercibido que los quejosos hacen valer que se encuentran dentro del grupo de vulnerabilidad dado que son personas de avanzada edad y desempleadas; por lo que solicitan la suplencia de la queja. Al margen de que afirman tal circunstancia para efecto de solicitar suplencia de la queja, tales hechos, con ciertas particularidades, podrían llegar a constituir una excepción al principio de definitividad. Sobre ello, por analogía y en lo conducente, se cita la tesis de contenido: "ADULTO MAYOR. ESA CATEGORÍA NO ES UN CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA EL ESTUDIO DE VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO DIRECTO. El artículo 171 de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Sin embargo, dicho precepto establece como excepciones al principio de definitividad para el estudio de las violaciones procesales en el amparo directo las siguientes: a) Que se afecten derechos de menores o incapaces; b) Al estado civil, o al orden o estabilidad de familia; c) Ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal; d) Quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio; e) Que el amparo sea promovido por el inculpado; y, f) Que se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contraria a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Dentro de esos supuestos no está contemplada la categoría de adulto mayor. Sobre los adultos mayores, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4398/2013 de dos de abril de dos mil catorce, estableció que los niños como los adultos se encuentran en una situación de debilidad respecto al resto de la población. Asimismo, destacó que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas gozan de los derechos que ésta establece, independientemente de la edad que tengan. Pero la categoría de adulto mayor, es decir, si se tienen más de sesenta años, no es un caso de excepción del principio de definitividad, sino que tiene que quedar comprendido en alguno de los otros supuestos determinados claramente en la norma especial que rige al juicio de amparo. Por tanto, el ser un adulto mayor no es una cualidad que por sí misma surta a la vez el supuesto de condiciones de pobreza o marginación, ya que es necesario que el adulto mayor se halle comprendido en un grupo social de marginación y desventaja que se genera con una condición multifactorial económica y social. Época: Décima Época, Registro: 2009500 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III Materia(s): Común, Tesis: I.3o.C.91 K (10a.) Página: 1945 Como se reconoce en el citado criterio ser un adulto mayor no es una cualidad que por sí misma surta a la vez el supuesto de condiciones de pobreza o marginación, ya que es necesario que el adulto mayor se halle comprendido en un grupo social de marginación y desventaja que se genera con una condición multifactorial económica y social. Lo anterior, al tener en cuenta lo decidido por la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 4398/2013, en el cual determinó que tanto los niños como los adultos se encuentran en una situación de debilidad respecto al resto de la población; sin embargo, sostuvo la Sala, la categoría de adulto mayor, es decir, si se tienen más de sesenta años, no es un caso de excepción del principio de definitividad, sino que tiene que quedar comprendido en alguno de los otros supuestos determinados claramente en la norma especial que rige al juicio de amparo. Por tanto, como en el caso los quejosos se limitaron a expresar que son adultos mayores y que por su edad no pueden encontrar trabajo, que la edad conlleva complicaciones de salud, esto no constituyen elementos que permitan llevar a considerar que se encuentran dentro de un grupo vulnerable, porque se desconoce su edad, condición social, si no tienen algún tipo de ingresos, o bien, si a pesar de no laborar sí los tiene por ser jubilados, tampoco exponen si existen deudores alimentarios que se hagan cargo de ellos, entre otras cuestiones. De manera que con la información que proporcionan, no es factible analizar si se actualiza una excepción a la definitividad. III. Domicilio y Autorizados. Téngase como su domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Iván Ibarra García, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos de dicho numeral, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Francisco Javier Cea Arámbula, en razón de que, como se advierte de la certificación de cuenta, no se encuentra registrada su cédula en dicho Sistema. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. V. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes que, en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VI. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. En el entendido que la parte quejosa indica que su correo electrónico es notificacióninternet@gmail.com.mx. VIII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. IX. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en la actuaria judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal.

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