Carlos Enrique Cruz Núñez
Expediente 2109/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2109/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/03/2022
Partes del expediente
- Carlos Enrique Cruz Núñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el veintiséis de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, sin embargo no obra la constancia de notificación a las partes; por ello, se comisiona al Actuario de la Adscripción notifique dicha determinación o en su caso, integre el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que el veintiséis de enero de dos mil veintidós se dictó sentencia definitiva, sin embargo, no obra la constancia de notificación a las partes. Por ello, se comisiona al Actuario de la Adscripción para que notifique dicha determinación a las partes o, en su caso, integre el expediente electrónico a fin de continuar con el trámite del presente juicio.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por María Elisa Pérez de Silva Arreola representante especial del quejoso de iniciales P.R.M, atento a su contenido, téngasele revocando la designación de notificaciones electrónicas y señalando como domicilio procesal para recibir el local que ocupa la Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, que se localiza Anillo Periférico Poniente, Manuel Gómez Morín número 7727, Edificio XB, Planta Baja, Fraccionamiento Ciudad Judicial, en Zapopan, Jalisco. Autorizados. Así también, téngasele como autorizados en amplios términos a José Francisco Navarrete Horta, Sacramento Velázquez Ahumada, Sonia Patricia Trujillo Antolín, Jorge Reyes Rodriguez, así como a la Licenciada Silvia Ariadna Pérez Fraga, al igual que a los oficiales administrativos Licenciados Jesus Ayala García, Johan Javier Reynoso Ochoa, Xitlalli Haro De la Torre, Adriana Villa Vizcaíno, Claudia Leticia Sevilla Mendoza, Gloria Elvira García Velarde, toda vez que se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos a Irene Lizet Arreola Hernández, Juan Antonio Ramírez González, Yvette Elizabeth Piñón Flores, Héctor Benítez Gómez, Lucía Guadalupe Sanchez Juárez, Mónica de la Cruz Rangel Romero, Angélica Verónica Serrano Padilla, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2109/2021, promovido por Carlos Enrique Cruz Núñez, por propio derecho, contra actos de la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otra autoridad; y,RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Carlos Enrique Cruz Núñez, por propio derecho; solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno; se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 2109/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: De la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, reclama: - El proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno en el que se señalan las trece horas del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en del juicio laboral 124/2021/17-D. Del Actuario Notificador adscrito a la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, reclama: - La omisión de emplazar a la parte demanda dentro del juicio laboral 124/2021/17-D. (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Soto Frutas", ubicada en calle Mariposa número 1401, en la colonia Mercado de abastos, en Guadalajara, Jalisco, dedicada a la venta de frutas; A Salvador Soto, en el domicilio ubicado en calle Mariposa número 1401, en la colonia Mercado de abastos, en Guadalajara, Jalisco). TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Es cierto el acto reclamado a la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y su Actuario notificador adscrito, pues así lo confesaron al rendir su informe justificado. De ese modo, la confesión de la autoridad responsable surte prueba plena, como lo indica el arábigo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles34 aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, párrafo segundo, por tratarse de hechos propios de la parte que perjudica a quien la formula; por consiguiente, se tiene por acreditada su existencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro digital 394261, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Sobre el particular, respecto al acto atribuido de la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en la actuación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el que la responsable señaló las trece horas del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; es decir, la violación sustancial al excederse en señalar fecha para el desahogo de la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, en términos de ley, dentro del juicio laboral 124/2021/17-D; quien ahora resuelve, considera que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al diverso 77, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, esta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." El primer precepto citado prevé que el juicio de garantías es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Del segundo numeral, se obtiene que el juicio biinstancial constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Bajo esa óptica, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que se estima vulnerada. En efecto, se afirma que existe imposibilidad para concretar en su caso, los efectos de la protección constitucional toda vez que la parte quejosa reclama la omisión llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el término de ley; dentro del juicio laboral 124/2021/17-D, en razón de que la responsable, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, señaló las trece horas del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, en el juicio laboral 124/2021/17-D; lo que deviene relevante, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a su favor, el eventual efecto de tal concesión se traduciría en que la autoridad dejara sin efecto ese proveído y emitiera otro en el que señalara una nueva fecha para el verificativo de tal audiencia dentro de los plazos y términos respectivos. Sin embargo, es importante considerar los plazos que el propio procedimiento de amparo, prevé para que una sentencia adquiera firmeza, a fin de iniciar el procedimiento de ejecución de la resolución concesoria de amparo, al respecto los artículos 86, y del 192 al 198 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ello, por lo que atendiendo a dichos lapsos, éstos serían superiores a la fecha tardía que señaló la responsable para la audiencia de referencia. Es decir, la sentencia dictada el día de hoy, con una eventual concesión, se notificaría al día siguiente, y dejar transcurrir el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que cause ejecutoria la sentencia, y proceder a la ejecución de la misma. Dicho de otro modo, si la sentencia de protección de derechos fundamentales que se emite hoy (veintiséis de enero de dos mil veintidós), y considerando que la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, fijó como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 124/2021/17-D, las trece horas del veinticinco de febrero de dos mil veintidós; a nada práctico ni benéfico para la parte quejosa llevaría que se concediera el amparo en contra de la dilación procesal respecto de la fecha señalada para tal efecto. Ello, toda vez, que lejos de lograr acatar el imperativo constitucional de lograr la administración de justicia de manera pronta y expedita, se ocasionaría, un retraso en este aspecto, y una falta de concreción práctica en los efectos del amparo, lo que es del todo contrario a la naturaleza misma del juicio de amparo, pues, en el caso, sería perjudicial indicar que se deje sin efecto la fecha señalada por la autoridad responsable Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, si llegase a celebrarse en sus términos, con lo cual se colmaría la expeditez en la administración de la justicia, siendo que, además, al tener que dejar transcurrir diez días para que cause ejecutoria la resolución que concediera el amparo, para solicitar el cumplimiento a la ejecutoria, estaría muy próxima la fecha de las trece horas del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, señalada por la responsable. Lo anterior, al tomar en consideración, que la notificación de la presente resolución se haría al día siguiente de su dictado, esto es, el treinta del presente mes y año, surtiría efectos dicha notificación el treinta y uno siguiente, transcurriendo el plazo de diez días para ejecutarla si es que no se recurre, el catorce de enero del año siguiente próximo, descontándose sábados y domingos, entonces, existiría imposibilidad jurídica para señalar una fecha anterior a la ya señalada, haciéndose nugatoria la protección que se concediese, al quedarse presumiblemente sin materia el cumplimiento de la misma. Se explica. Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, se requeriría a la responsable para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los cuales pueden prorrogarse por una ocasión por el mismo plazo. En cumplimiento a dicha ejecutoria la autoridad responsable, debería dejar insubsistente el acto reclamado y señalar una nueva fecha para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro de los quince días siguientes, acorde con lo establecido en el artículo 873 de la ley laboral; por ende, tal circunstancias causaría mayores perjuicios a la parte quejosa por atender a los plazos legales del procedimiento; lapso que evidentemente superaría o estará muy próxima a la fecha señalada para la audiencia de las trece horas del veinticinco de febrero de dos mil veintidós. De ahí, que es claro que, de concederse el amparo, se causaría mayor perjuicio a la parte quejosa, pues como se ha visto se deben respetar los plazos que en etapa de ejecución precisa la Ley de Amparo, y transcurridos éstos la fecha de la audiencia programada en el juicio de origen, también ya habría quedado superada procesalmente. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, Página 9, Registro 197245, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al diverso 77, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de protección de derechos fundamentales. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Además, ante el sobreseimiento decretado es innecesario realizar pronunciamiento respecto de las manifestaciones de la responsable en cuanto a los motivos que llevaron a programar la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera de los plazos establecidos en la ley (quince días). Luego, al no existir diversa causal de improcedencia a la ya analizada, o que este resolutor advierta de oficio, procede ahora el análisis del fondo del acto reclamado al actuario notificador responsable. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación a través del cual se reprocha que la responsable Actuario Notificador adscrito a la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, de septiembre de dos mil uno, visible en la página cinco, registro 188804, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Dicho ello, respecto de la omisión reclamada al Actuario notificador adscrito a la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es fundado el concepto de violación, atendiendo al marco normativo que rige el procedimiento de donde se origina la omisión reclamada, en este caso se encuentra en los artículos 742, fracción I y 750 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; [.]". "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario.". La transcripción de los mencionados preceptos advierte la obligación de la responsable de emplazar a juicio a las partes, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se ordenó. En el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa contenidas en el escrito de demanda de amparo, así como de la propia autoridad, se desprende que en los autos del juicio laboral 124/2021/17-D, no se ha efectuado el emplazamiento a la parte demandada (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Soto Frutas", ubicada en calle Mariposa número 1401, en la colonia Mercado de abastos, en Guadalajara, Jalisco, dedicada a la venta de frutas; A Salvador Soto, en el domicilio ubicado en calle Mariposa número 1401, en la colonia Mercado de abastos, en Guadalajara, Jalisco); lo que evidencia la contravención de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. Así pues, tal y como lo denuncia la parte quejosa, es claro que el actuario adscrito a la Junta del conocimiento, ha sido omiso en emplazar a la demandada en mención, no obstante haberlo ordenado la junta de mérito desde el auto de avocamiento de dos de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio laboral de origen, según manifestaciones de protesta de decir verdad, del propio quejoso; y por lo menos con antelación al acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dado que en dicha actuación determinó que no era posible celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dado que no se encontraban los elementos necesario para su desahogo, en el caso, el emplazamiento de la demandada; violación que amerita el deber de reparar. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra las omisiones reclamadas, para los efectos que se indicaran en el siguiente considerando. Cabe mencionar, que en el caso concreto, no se desatienden las cargas de trabajo de la junta responsable, y que la mayoría de las veces impiden cumplir de manera estricta con los términos que establecen las leyes; sin embargo, se concluye que la dilación reclamada por la parte promovente del amparo vulnera el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable debe acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, no así retardarlo injustificadamente, tal como lo prevé el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la quejosa, es para el efecto de que el Actuario Notificador adscrito a la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice de manera inmediata el emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral 124/2021/17-D. (Quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Soto Frutas", ubicada en calle Mariposa número 1401, en la colonia Mercado de abastos, en Guadalajara, Jalisco, dedicada a la venta de frutas; A Salvador Soto, en el domicilio ubicado en calle Mariposa número 1401, en la colonia Mercado de abastos, en Guadalajara, Jalisco). O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tuvo. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Enrique Cruz Núñez, contra el acto reclamado a la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, precisado en el segundo considerando, por los motivos expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Enrique Cruz Núñez, contra la omisión que reclamó del Actuario Notificador adscrito a la Décima Séptima Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Nathali Cisneros Mendoza, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/NCM/*Op
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