Carlos Enrique Colli Mendicuti
Expediente 279/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Carlos Enrique Colli Mendicuti
- Juez Segundo Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe previo; ahora bien, no es necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que no fue señalada como responsable en este asunto, únicamente se le hizo de su conocimiento de la suspensión provisional que se le concedió a la parte quejosa en esta incidencia. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el que informa que el expediente ********************, relativo a los medios preparatorios que reclama la parte quejosa en este juicio de amparo, se encuentra en el Archivo Judicial del Estado, mismo que ya fue solicitado al Director del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que, una vez que lo haya recibido dicho expediente, rendirá los informes de ley; en consecuencia, este juzgado tiene conocimiento de esa determinación para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada por ese cuerpo colegiado el treinta de octubre de dos mil veintitrés, y el original del juicio de amparo 279/2023, en el recurso de queja 177/2023, del que se desprende que declaró FUNDADO el medio de impugnación interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, que desechó de plano por improcedente la demanda de amparo. Se tienen por recibidos los testimonios de referencia, se acusa de recibo, y se ordena hacer las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, se acata la ejecutoria dictada en toca 177/2023, por el Tribunal de Alzada, que ordena la admisión de la demanda; en consecuencia, téngase por presentado a Carlos Enrique Collí Mendicuti, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que atribuye al Juez Segundo Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, que en lo medular consiste en:************* "**********" Toda vez que este juzgado no advierte hasta este momento que se actualice algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los numerales 108, 110, 115 y 117 de la ley de la materia en vigor, SE ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo. Como lo pide la parte quejosa, de conformidad con los numerales 125 y 128 de la Ley de Amparo, se ordena dar trámite, por cuerda separada, al incidente de suspensión de los actos reclamados. Precisado lo anterior, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, córrase traslado con copia de la demanda a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. Ahora bien, no obstante que la quejosa señaló tercero interesado en el escrito de demanda que se provee, se reserva acordar lo conducente en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Por otra parte, con copia simple de la demanda de amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en términos de lo establecido en los artículos 115 y 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo rinda su informe con justificación dentro del plazo de quince días hábiles, siguientes al en que reciba la notificación relativa, por escrito o en medios magnéticos acompañando copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitir el acto que se le reclama, en caso de que éste sea cierto. Se apercibe a la autoridad que de no rendir su informe con justificación, o lo hace sin remitir las constancias respectivas en copias certificadas, se hará acreedora a multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil diecinueve, en relación con lo establecido por el artículo 260, fracción II de la ley de la materia. También, se requiere a la autoridad para que el aludido informe sea presentado con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional. Se apercibe a la autoridad responsable, que al rendir su informe justificado deben de conducirse con verdad, en la inteligencia que de no actuar con probidad, este órgano de la regularidad constitucional dará vista al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo estipulado en el numeral 262 de la Ley de amparo. "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; (.)" Con apoyo en lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes contendientes en el presente juicio constitucional, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado Federal, apercibidas que de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de medida y actualización cuantificables al momento de la infracción, de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, se requiere a las autoridades responsables que remitan al correo electrónico 1jdo31cto@correo.cjf.gob.mx, de este Juzgado Primero de Distrito, la información electrónica que tenga en relación con el acto reclamado. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, de sus abogados autorizados, que deberán verificar el sentido en que se conducen ante esta autoridad federal, ya que la infracción a ese deber o a la presentación de testigos o documentos falsos en el juicio de amparo, obligan a los órganos del Poder Judicial de la Federación, a dar noticia de dicha irregularidad al titular de la acción penal federal, ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 261, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Por otra parte, desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Se exhorta a todas las partes, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc). De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. En otro contexto, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como el portal de internet del Poder Judicial Federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de la Materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control jurisdiccional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, motivo por el cual, se ordena que las notificaciones que se generan con motivo de los diferimientos se notifiquen por lista a todas las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Notifíquese.
- Incidental
San Francisco de Campeche, Campeche, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con la copia simple de la demanda de amparo, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 279/2023-IV-B, promovido por ************, quien demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos que atribuye al Juez Segundo Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, que en lo medular consiste en:************* "****************." En la inteligencia de que la formación del cuaderno duplicado de carácter físico, podrá ser sustituido por una versión electrónica de dicho incidente, de conformidad con los artículos 264 y 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el mencionado artículo 138 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a pronunciarse sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa respecto de los actos reclamados y autoridades citadas con antelación. I. Procedencia y efectos de la suspensión provisional. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la nueva Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que la solicite el quejoso; c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Para el otorgamiento de la citada medida, debe partirse de la premisa de que los actos reclamados sean susceptibles de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, no existiría materia que suspender. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de la medida cautelar de mérito es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. Así, para establecer si los actos reclamados pueden o no ser suspendidos, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza de los actos. Si éstos tienen un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. En la especie, el acto que se reclama de la autoridad responsable consiste en: "********************." Al respecto, en cuanto a los efectos de dicho acto reclamado, por su naturaleza, es de carácter positivo, pues se presenta con la imposición de obligaciones al individuo que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades, esto es, implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por tanto, el acto reclamado es susceptible de suspenderse, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y efectividad que exige la medida cautelar. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se debe continuar con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. a) Que exista solicitud de quien tenga interés jurídico. Dicho precepto establece, en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el agraviado", lo que implica que exista petición de parte, pero también que esa solicitud la realice la persona que se vea afectado en su interés jurídico por el acto reclamado. Ello significa que la parte quejosa no sólo debe instar a la autoridad de amparo para que suspenda el acto reclamado, sino, además, demostrar que tiene un interés jurídico para que la medida cautelar que solicita le sea concedida. Es decir, debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo público (concebido como la facultad o potestad de exigencia), que tenga sustento en una norma sustantiva y, por lo mismo, deba ser protegido por el orden constitucional ante una violación directa a ese derecho. Por último, deben acreditar que el acto que reclama le perjudica o puede lesionar dicho interés. Cabe señalar, que el nivel probatorio para esta medida cautelar provisional es a nivel indiciario, mientras que para la suspensión provisional, debe existir plena convicción de la mencionada titularidad. En el caso existe petición de suspensión y, además, quien la solicita acredita presuntivamente su interés jurídico, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, es el demandado en el juicio de origen. b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Este requisito se estima cumplido, pues con la suspensión del acto reclamado no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Es así, dado que al tratarse de un asunto que versa sobre un procedimiento civil, con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se afecta a la colectividad, pues no se le priva de un beneficio que le otorgan la leyes ni se le causa un daño, tampoco permite la realización de alguno de los actos que el legislador enunció como ejemplos de lo que podría causar perjuicio al interés social y contravenciones al orden público. En ese sentido, en relación con los efectos del acto reclamado, de conformidad con lo previsto por los artículo 128, 129, 130, 138 y 150 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER la suspensión provisional al quejoso ***********, para el efecto de que, sin suspender el procedimiento, no se dicte la determinación que resuelva el expediente ********/22-2023/1C-I, relativo al juicio sumario civil de cumplimiento de contrato de compraventa, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. Consecuencias de la violación a la suspensión. Los artículos 262 fracción III de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal prevén y sancionan, respectivamente, el delito de violación a la suspensión. El primero de ellos dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;." En consecuencia, se apercibe a la autoridad responsable que para el caso de no acatar en sus términos la presente suspensión, se dará vista con esos hechos a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Como lo pide la parte quejosa, se tiene domicilio para oír y recibir notificaciones el descrito en su demanda de amparo, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luciano Pacheco Salazar, Francisca Guadalupe Vargas Novelo y ********************. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Asimismo, desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · 16,452 expedientes
- Carlos Enrique Benitez Canul373/2020
- Carlos Enrique Cahuich Canul83/2020
- Carlos Enrique Castillo Pech699/2022
- Carlos Enrique Catzin Briceño902/2015
- Carlos Enrique Catzin Briceño1781/2017
- Carlos Enrique Chi Pech1384/2017
- Carlos Enrique Diaz Magaña380/2014
- Carlos Enrique Díaz Magaña779/2014
- Carlos Enrique Díaz Magaña397/2014
- Carlos Enrique Díaz Magaña1624/2019
- Carlos Enrique Diaz Magaña1141/2012
- Carlos Enrique Dzul Cand154/2021