Carlos Enrique Chavez Gradilla

Expediente 53/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
53/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • Carlos Enrique Chavez Gradilla

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    EN ATENCION A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL CITATORIO DE 12 DE FEBRERO DE 2019 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 11 DE FEBRERO DE 2019 QUE DICE: Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintidós de enero de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo promovida por ********; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documento original. Dado que obra en autos documento original que fue anexado a la demanda de amparo; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir el original de la constancia que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el último párrafo del considerando vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  4. Principal

    EN ATENCION A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL CITATORIO DE 24 DE ENERO DE 2019 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE 22 DE ENERO DE 2019 QUE DICE: Mexicali, Baja California, a veintidós de enero de dos mil diecinueve. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali y Secretario Actuario Judicial de su adscripción. Fórmese el expediente relativo y regístrese con el 53/2019. Improcedencia. Una vez analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor; lo anterior por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente .....Expuesto el marco referencial que antecede, es importante establecer que la parte quejosa en el presente contradictorio federal reclama el auto en el que se ordenó al actuario se constituyera con el perito en el inmueble de que se trata para realizar el levantamiento de medidas, determinar las superficies de construcción, así como tomar nota de los elementos estructurales, auto que no afecta derechos sustantivos, ya que únicamente se ordena al perito que le levante medidas del inmueble en cuestión, así como que determine las superficies y elementos estructurales del inmueble, sin que se ordene al quejoso la entrega del mismo, o su escrituración, ni que se revise información confidencial del ahora gestor del amparo, como pudiera ser su contabilidad. Bajo esa tesitura, el auto que se reclama no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto, contra el mismo. ......"VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos. En tales condiciones, como se mencionó, al no ser acto que afecte derecho sustantivo ni constituir una afectación exorbitante, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis que contempla el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu. En congruencia con todo lo anterior, lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ni aun con el curso y trámite del juicio de amparo, se superarían las causales de improcedencia previamente analizadas.... Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tales efectos. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 16, 68, 71, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágasele ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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