Carlos Enrique Canché Yeh
Expediente 841/2012 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2013.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2012
- Año
- 2012
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/01/2013
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Enrique Canché Yeh
Actuaciones
- Principal
II. Se difiere la audiencia constitucional fijándose para su desahogo, las diez horas con cuarenta y cinco minutos del seis de marzo del año en curso. Se tiene por recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con el que devuelve el exhorto 703/2012-II-D, con el cual se le solicitó notificar a los peritos designados por parte de este Juzgado, del que se advierte que remite el escrito signado por el ingeniero José Martín Chacón Cauich, en el que manifestó que no le es posible aceptar dicho cargo, para el cual se le propuso; y por otra parte, el diverso ocurso del ingeniero Francisco Mendoza D´Argence, en el que manifestó su aceptación al cargo para el cual se le propone, y precisó el presupuesto correspondiente; acúsese el recibo de estilo. Por consiguiente, a fin de continuar con la preparación de la prueba pericial en materia de topografía, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 20 del Acuerdo General 37/2001, modificado en el diverso 34/2004, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el que dispone las formalidades a las que se debe sujetar el trámite para la designación de peritos de Órganos Jurisdiccionales, mediante oficio que al efecto se gire, remítase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Patrimonio Inmobiliario y Asuntos Periciales del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en México, Distrito Federal, copia certificada del escrito de dieciocho de enero de dos mil trece, suscrito por el ingeniero Francisco Mendoza D´Argence, el presupuesto emitido por éste, así como el escrito del ingeniero José Martín Chacón Cauich, y los oficios PGJE/SPZS/DSP/3025/12-2012, e IPAE/DG/CJ/DCT/539/2012, de las autoridades Procurador General de Justicia del Estado y Director General del Instituto del Patrimonio Estatal de Quintana Roo (IPAE), residentes en esta ciudad, a través de los cuales dichas instituciones manifestaron su imposibilidad de designar peritos en la materia requerida los cuestionarios y el escrito de repreguntas; y los cuestionarios ofrecidos por las partes, relativos a la prueba en materia de topografía admitida en autos, así como el de repreguntas. Atendiendo lo anterior a que previamente se solicitó el auxilio a dos dependencias gubernamentales para obtener la colaboración gratuita de un perito en materia de topografía, sin que se tuviera respuesta favorable, y toda vez que en la Lista de Personas que pueden fungir como Peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación correspondiente a dos mil doce, no existen expertos en la materia en cita inscritos en el Circuito al que pertenece este Juzgado Federal, previa consulta, el licenciado Miguel Francisco González Canudas, Director General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, puso a consideración el nombre de dos ingenieros civiles cuyo domicilio se encuentra en Mérida, Yucatán, y que han dictaminado en la materia de topografía ante órganos jurisdiccionales del Circuito Décimo Cuarto, que son precisamente los peritos José Martín Chacón Cauich y Francisco Mendoza D´Argence; es por ello que, como ya se dijo, se remite la documentación relativa a fin de obtener la autorización respectiva de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en caso de que exista disponibilidad presupuestaria. Por tanto, este Juzgado se reserva a acordar lo conducente sobre la designación del perito que fungirá por parte de este órgano jurisdiccional, así como de su comparecencia de protesta y aceptación del cargo conferido, hasta en tanto se obtenga respuesta en relación con la autorización de los peritos propuestos. Finalmente, tomando en consideración que a la presente fecha resulta voluminoso el presente juicio de amparo; en consecuencia, para un mejor manejo y cuidado del mismo, se dispone cerrarlo como tomo UNO y procédase a abrir el tomo subsecuente.
- Principal
III. Se tiene por recibido el oficio del Juez Penal de Primera Instancia con sede en Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, con el que devuelve sin diligenciar el despacho 68/2012-III-B. Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que del despacho de referencia se desprende que no fue posible notificar al quejoso CARLOS ENRIQUE CANCHE YEH, el acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil doce, por los motivos expuestos en la razón actuarial levantada la respecto; en consecuencia, se ordena notificarle este auto, el de siete de diciembre del año próximo pasado y los subsecuentes que surjan en este asunto, aún los de carácter personal por medio de lista de estrados. Acuerdo que en lo conducente dice: Se tiene por recibido el telegrama de cuenta, en el que figura el nombre de CARLOS ENRIQUE CANCHE YEH, por el que solicita la protección de la justicia federal contra actos del Juez Penal de Primera Instancia del Partido Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo y otros, con sede en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; al respecto, se ACUERDA: Del examen que se realiza a dicha comunicación, el suscrito resolutor federal advierte que por vía telegráfica el quejoso solicita la protección constitucional, contra actos de diversas autoridades judiciales y administrativas de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que hace consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución; sin embargo, el agraviado no manifiesta su imposibilidad para promover el amparo de manera directa y por escrito ante este órgano jurisdiccional, como tampoco refiere que exista algún inconveniente para ocurrir a pedir amparo ante la justicia local, en los términos previstos por el artículo 38 de la Ley de Amparo, que establece la competencia auxiliar para los lugares en los que no resida un Juez de Distrito, en cuyo caso, los Jueces de Primera Instancia, dentro de la jurisdicción que radique la autoridad ejecutora, tendrán facultad para recibir la demanda de amparo. Asimismo, se destaca que en la promoción telegráfica que se atiende, no se reclaman actos que conforme a los artículos 23 y 39 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establecen como susceptibles de providencias urgentes, pues no se encuentran dentro del catálogo de actos prohibitivos, tales como la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno otro de los establecidos en el ordinal 22 de nuestra Carta Fundamental; por tanto, al no reunir los requisitos previstos por el numeral 118 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, se equipara a un simple documento que carece de firma del promovente y toda vez que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4° de la Ley de Amparo, lo que obliga al particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, a firmarla debidamente, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampar su huella digital, siendo que la presente demanda carece de la firma autógrafa del promovente, cuyo nombre aparece en el telegrama de referencia sin que exista indicio alguno de que hubiese sido firmada; por tanto, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarla, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada ... Así los criterios antes citados resultan suficientes para establecer la improcedencia de este juicio de amparo en cuanto al acto reclamado en esta vía. Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4º del mismo ordenamiento, el juicio de garantías reclamado por esta vía resulta improcedente y por tanto, en esas condiciones, al haberse actualizado los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.
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