Carlos Enrique Bueno Pérez
Expediente 353/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 64 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 64
- Última actuación
- 02/03/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Enrique Bueno Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 64.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 26/febrero/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: " Ciudad de México; veintiséis de febrero de dos mil veinte. Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veinte (fojas 600 a 605), se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo vigente, para inconformarse contra la citada determinación de veintitrés de enero de dos mil veinte, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de veintitrés de enero de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en el proveído de veintitrés de enero de dos mil veinte (folios 600 a 605), en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, remítase el presente expediente al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintitrés de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, el presente expediente si es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, del escrito de ampliación en su caso, de la sentencia y su ejecutoria, de la resolución ejecutoria en su caso, del auto en que se tuvo por cumplida y de este proveído, toda vez que este Juzgado de Distrito estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Ahora bien, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y se advierte la existencia de un documento original exhibido por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja el mismo, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido al ser depurado el expediente. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión del Secretario Josué Yoao García García, que autoriza y da fe.".
- Principal
* ...queda firme el citado auto de veintitrés de enero de dos mil veinte. Por lo anteriormente expuesto, remítase el presente expediente al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, se pone a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja el mismo, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido al ser depurado el expediente.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 23/enero/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; veintitrés de enero de dos mil veinte. Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de ocho de enero de dos mil veinte (foja 570), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación a las constancias con las que la autoridad vinculada adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los siguientes términos: ". En consecuencia, al existir jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que declara inconstitucional el punto 1, de la fracción II, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, por ser contrario al principio de equidad tributaria, al excluir del sistema de aminoración del impuesto predial a los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional que se ubican en los rangos del E al P de la tarifa respectiva, con fundamento en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente en relación con el acto de aplicación que se materializó mediante la autoliquidación que realizó la parte quejosa, al momento de pagar el impuesto predial a su cargo, relativo a los ejercicios fiscales de dos mil trece (bimestres 4, 5 y 6), dos mil quince (bimestres 4, 5 y 6), dos mil dieciséis (bimestres 3, 4 y 5), dos mil diecisiete (bimestres 1 a 6) y dos mil dieciocho (bimestre 1). "SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. "Por tanto, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que se deje insubsistente la autoliquidación realizada por la parte quejosa, por los ejercicios fiscales de dos mil trece (bimestres 4, 5 y 6), dos mil quince (bimestres 4, 5 y 6), dos mil dieciséis (bimestres 3, 4 y 5), dos mil diecisiete (bimestres 1 a 6) y dos mil dieciocho (bimestre 1), con sustento en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México de la cuenta predial ***, y se le devuelva la cantidad que enteró en exceso, considerando que para tal efecto se deberá aplicar a la mecánica del cálculo de la tarifa del impuesto predial la cuota fija preferente prevista en el rango D del punto 1, fracción II, del referido artículo, para cada uno de estos ejercicios fiscales, por ser éste el último previsto en la tabla de mérito. ." Cabe señalar que, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución de siete de junio de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión R.A. 312/2018, determinó lo siguiente: ". Sin embargo, se estima que los efectos del amparo deben quedar determinados en los términos en que lo hizo el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, a saber, sustituir el valor de la cuota fija del rango en que se ubique el inmueble de la parte quejosa por el importe de la cuota fija reducida prevista en el rango D de la fracción II del mismo precepto, sin afectar en lo demás la mecánica de cálculo del impuesto predial prevista en la fracción I mencionada. "Funda lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo. ." De la anterior trascripción, en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo y restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTEN EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REALICEN LO SIGUIENTE: ? Sustituir el valor de la cuota fija prevista en el rango en que su ubica el inmueble del quejoso identificado con la cuenta predial 04012501000-5, por el importe de la cuota fija reducida prevista en el rango D de la fracción II, punto 1, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; lo anterior, con relación a los ejercicios fiscales de dos mil trece (bimestres 4, 5 y 6), dos mil quince (bimestres 4, 5 y 6), dos mil dieciséis (bimestres 3, 4 y 5), dos mil diecisiete (bimestres 1 a 6) y dos mil dieciocho (bimestre 1). ? Ello, sin que se afecte en lo demás, la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del precepto legal indicado. ? En el entendido de que, de existir diferencia a favor de la parte quejosa, le deberá ser devuelta. En desahogo a lo anterior, mediante oficio registrado con el folio "20957" (fojas 334 a 336), la Administradora Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, precisó la cantidad a devolver a la quejosa con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (foja 337), este juzgado de amparo dio vista a la parte quejosa para que dentro del término legal manifestara lo que a su interés legal conviniera; sin que se pronunciara al respecto, en consecuencia, mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve (fojas 339 a 343), este órgano jurisdiccional tuvo por consentida la cantidad líquida de $***, por concepto de diferencias resultantes a favor de la parte quejosa, realizándose el requerimiento de cumplimiento correspondiente. En desahogo a lo anterior, mediante oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el nueve (foja 423) y catorce (foja 436) de octubre de dos mil diecinueve, el Subadministrador de Registro y Servicios al Contribuyente, en ausencia del Titular, ambos de la Administración Tributaria en San Antonio y el Director de Operación e Inversión de Fondos, por ausencia del Director General de Administración Financiera, todos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, remitieron, respectivamente, los siguientes documentos: 1.- Copia certificada del acuse de recibo de nueve de octubre de dos mil diecinueve del contrarecibo de cuenta por liquidar certificada *** (foja 424). 2.- Copia certificada de la credencial para votar expedida a favor del quejoso (foja 425). 3.- Copia certificada del acuse de recibo de nueve de octubre de dos mil diecinueve de la póliza de cheque número *** (foja 437). Documentales de las que se advierte que la autoridad vinculada, con relación al impuesto predial a cargo del quejoso respecto de los ejercicios fiscales de dos mil trece (bimestres 4, 5 y 6), dos mil quince (bimestres 4, 5 y 6), dos mil dieciséis (bimestres 3, 4 y 5), dos mil diecisiete (bimestres 1 a 6) y dos mil dieciocho (bimestre 1), sustituyó el monto de la cuota fija prevista en el rango en que su ubica su inmueble, por el importe de la cuota fija reducida prevista en el rango D de la fracción II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México y devolvió a la impetrante las diferencias resultante a su favor. Sin embargo, en auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 455 a 463), este Juzgado Federal, determinó la procedencia del pago de la actualización respecto de la cantidad de $***, devuelta por concepto de diferencias resultantes a su favor; por lo que, se requirió a las autoridades responsables a efecto de que se pronunciaran en relación con el pago a la parte quejosa por concepto de actualización e intereses de la suma que le fue devuelta con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio registrado con el folio "26617" (foja 470), la Administradora Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, determinó la cantidad a devolver por concepto de actualización, la cual asciende a $***; asimismo, indicó que respecto a los intereses no es dable acordar de conformidad en términos de la tesis que indica. Así, con dicha constancia en proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve (foja 471), este órgano jurisdiccional le dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del monto señalado por la aludida autoridad, cuestión que SI realizó; lo anterior, en términos del escrito registrado con el número de promoción "27396" (foja 474 y 475), en el que el quejoso manifestó su inconformidad con la cantidad propuesta por la autoridad vinculada, ya que adujo que no tomó en consideración los recargos efectivamente pagados. Sin embargo, mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 491 a 500), este Juzgado Federal consideró improcedente el pago de los recargos referidos por el impetrante y declaró firme la cantidad líquida de $***, determinada por la Administración Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por concepto de actualización de la suma que le fue devuelta con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, por lo que se realizó el requerimiento de cumplimiento correspondiente, a fin de que la referida autoridad acreditara el pago a la parte quejosa por dicho monto. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio presentado en la Oficialía de partes de este Juzgado Federal el siete de enero de dos mil veinte (foja 566), la Administradora Tributaria en San Antonio de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, remitió, entre otros, los siguientes documentos: 1.- Copia certificada del Aviso de Pago disponible para su cobro con número de referencia *** por la cantidad de $***, el cual obra en la foja 567. 2.- Copia certificada del acta de notificación y entrega de documentos de dos de enero del año que transcurre (foja 569). Documentales que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre el efecto de la ejecutoria de amparo pendiente por acreditar y las constancias remitidas en cumplimiento al mismo, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO: ? Pagar a la parte quejosa la cantidad líquida de $***, por concepto de actualización. Copia certificada del Aviso de Pago disponible para su cobro con número de referencia *** por la cantidad de $***, el cual obra en la foja 567, de la cual se advierte lo siguiente: Copia certificada del acta de notificación y entrega de documentos de dos de enero del año que transcurre (foja 569), de la cual se advierte lo siguiente: Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad responsable, acató el extremo de la concesión de la protección constitucional que aún no había sido acreditado, ya que le fue devuelta a la parte quejosa la cantidad de $***, por concepto de actualización de la suma que le fue devuelta con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. Así, con dichas documentales en proveído de ocho de enero de dos mil veinte (foja 570), este órgano jurisdiccional, dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad vinculada a la ejecutoria de amparo, sin que realizara pronunciamiento alguno al respecto. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad vinculada la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión del Secretario Josué Yoao García García, que autoriza y da fe. Doy fe.".
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* ...SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad vinculada la acató en sus términos. En tales condiciones, archívese el expediente como asunto concluido.
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