Carlos Enrique Blanco Iturralde
Expediente 503/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Enrique Blanco Iturralde
Actuaciones
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintinueve de abril del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se tuvo por no interpuesta la presente demanda de garantías, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, además de que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II. Agréguese a los presentes autos el escrito de Carlos Enrique Blanco Iturralde, quejoso en el presente juicio de amparo mediante el cual cumple con la prevención de veintidós de los corrientes Ahora bien, del análisis de los actos reclamados esto es los acuerdos de ocho de enero y quince de marzo de dos mil diecinueve en el que se ordenó el desalojo del predio de su propiedad y el diverso en el que se fijó fecha y hora para el desalojo así como que el estado procesal del juicio aún no se ha dictado sentencia En consecuencia, se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia Al respecto se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente que establece Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada y d) Que por virtud de dicho medio la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada revocada o nulificada. En el caso concreto, la parte promovente de amparo reclama, primeramente, los acuerdos de ocho de enero de dos mil diecinueve y quince de marzo del año en curso, dictadas por la autoridad responsable, Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente relativo al procedimiento especial de divorcio incausado 53/2018 Establecido lo anterior, tenemos que el artículo 428 fracción I del Código de Procedimientos Familiares del Estado, aplicable en el trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria de las que deriva el acto reclamado, establece: Artículo 428. La apelación procede en contra de I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas De lo anterior se concluye que, en la especie, el amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de apelación en contra del acto reclamado, porque precisamente es parte de las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen y existe la certeza de tal medio de impugnación, según quedó demostrado del numeral transcrito, del que se desprende que es procedente en contra de la resolución reclamada, precisamente el citado recurso de apelación. Por tanto, si el inconforme reclama los acuerdos de ocho de enero de dos mil diecinueve y quince de marzo del año en curso, dictadas por la autoridad responsable, Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente relativo al procedimiento especial de divorcio incausado 53/2018; es inconcuso que contra el mismo, procedía el recurso citado, y el quejoso estuvo en aptitud de agotarlo. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis registrada con el número 2007606, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL OPOSITOR QUE COMPARECE AL PROCEDIMIENTO NO PUEDE CONSIDERARSE PERSONA EXTRAÑA PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) Conforme a los artículos 834, 837 y 839 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, en el procedimiento de jurisdicción voluntaria sólo es parte material el promovente, de ésta, pero puede comparecer cualquier otra persona que se estime afectada para oponerse a la realización de las diligencias de que se trate quien, además, tiene derecho a interponer el recurso de apelación contra las providencias de jurisdicción voluntaria dictadas, concretamente contra el desechamiento de la oposición planteada. De esta manera, se denota que en el citado ordenamiento procesal se establece un procedimiento regulado por disposiciones jurídicas expresas para llevar a cabo actos concatenados bajo la dirección del Juez de origen, dentro del cual, se contempla a los opositores como partes advenidas al mismo. En este tenor, si el quejoso compareció voluntariamente en calidad de opositor, aun cuando su oposición sea desechada, pierde la calidad de tercero extraño, porque está en aptitud de intervenir e interponer recursos, es decir, ser oído en derecho por el juzgador, por lo que su situación para efectos del juicio de amparo indirecto no se rige por el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 744, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y sumario rezan "URISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad En esa tesitura, los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia y que no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. De ahí que lo procedente sea desechar de plano la demanda de amparo instada por CARLOS ENRIQUE BLANCO ITURRALDE
- Principal
IV. Agréguese a los presentes autos el escrito de Sergio Jesús Jiménez Guerrero, en su carácter de apoderado legal de la sociedad quejosa "Inmobiliaria y Urbanizadora de la Península", Sociedad Anónima de Capital Variable, con el cual solicita la devolución del billete N-809266, que exhibió en autos del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional que se le concedió, la cual quedo afecta al dictarse la suspensión definitiva; atento a lo anterior, al no existir impedimento alguno, accédase a la devolución del citado billete debidamente endosado a favor de la parte quejosa, debiendo acudir a este Juzgado en horas y días hábiles para su entrega, con identificación oficial, previa razón de recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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