Carlos Enrique Arjona Rivero

Expediente 1263/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1263/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
27/12/2018

Partes del expediente

  • Carlos Enrique Arjona Rivero
  • Carlos Enrique Arjona Rivero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Se agrega a estos autos sin mayores efectos el alegato ministerial 779/2018 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; en virtud de que el día veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Con independencia de lo anterior, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídasele copia certificada de la determinación que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se agrega el escrito signado por Jonathan González Mora, autorizado en términos amplios por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, proceda la secretaría a expedir a costa del ocursante las copias certificadas que cita en el escrito y entréguense las mismas a la parte quejosa, o a cualquiera de los autorizados del escrito de cuenta, previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO...QUEJOSA Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Apoderado General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por el cual rinde su informe justificado y remite diversas copias certificadas relativas al acto aquí reclamado. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tiene domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados los que refiere la autoridad responsable en el oficio de cuenta. En relación a la devolución del documento, mediante el cual acredita su carácter de apoderado de la autoridad responsable, devuélvase el mismo a quienes autoriza para ese efecto previa identificación y recibo que otorguen en autos, debiendo presentar copia simple del referido documento, a fin de dejar en autos copia certificada del mismo. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la falta de respuesta a los escritos de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, recibido ante las Oficialía de Partes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, los días tres de octubre y veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, respectivamente. Sin embargo, de las copias certificadas de la Secretaría de Administración y Finanzas, recibidas el día veinte de noviembre de dos mil dieciocho, así como de las copias certificadas de cuenta del Apoderado General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, remitidas en apoyo a sus informes justificados, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, le dio contestación al escrito del quejoso presentado el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número (fojas 25 y 26); así como se advierte del informe de cuenta que el Apoderado General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, por oficio ISS/SPGF/JP/0168/2018, de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dio contestación al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, lo cual le fue notificado a la parte quejosa, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Todo esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, motivo por el cual cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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