Carlos Emmanuel Manriquez Nieto

Expediente 98/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
98/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Carlos Emmanuel Manriquez Nieto

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio que suscribe la jueza Primera Menor Mixta, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita el estado procesal que guarda el procedimiento de amparo 98/2021. Al respecto, dígasele que *****, por conducto de su endosatario en procuración *****, presentó demanda de amparo en contra de actos atribuidos a la oficiante, dentro del juicio mercantil **** de su índice. Ante ello, este Tribunal Federal, en auto de once de marzo de dos mil veintiuno la desechó y, en diverso de siete de los corrientes decretó su firmeza. Lo anterior, en el entendido de que, debido al sentido del auto, no fue reconocida a la oficiante como autoridad responsable y, en consecuencia, no fue llamada.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto por el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos.

  3. Principal

    Registro de demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **, por conducto de su endosatario en procuración **, personalidad que le fue reconocida por la autoridad responsable, según consta en el instructivo que anexó al ocurso de cuenta, por lo que se le reconoce tal personalidad en este asunto, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra de actos del juez Primero Menor Civil de esta ciudad y otra autoridad, Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 98/2021-III. Desechamiento de demanda. En tal virtud, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En acatamiento a tal precepto legal, este juzgado determina que debe desecharse la demanda de cuenta, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda en el capítulo relativo al acto reclamado se desprende que el promovente se duele de la resolución del recurso de revocación de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ** del índice del Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad, en la que se confirmó el auto de cuatro de enero del mismo año, a través del cual la responsable tuvo rindiendo el dictamen pericial a la parte demandada. Lo anterior, se obtiene de los antecedentes que, enseguida, se exponen: En esa medida, se resalta que el acto reclamado no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente *** del índice del Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad, que confirmó el auto de cuatro de enero del mismo año, en el que se tuvo por rendido el dictamen del perito de la parte demandada, incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión meramente procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente, pues no se afectan materialmente esos derechos, ya que en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos del promovente, dado que antes bien, tales derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este, el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia que se dictara a favor de la agraviada podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la misma fuera en contra de la afectada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través de los medios ordinarios de defensa. Así se desprende, además, del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo que señala esa clase de actos como violaciones de índole procesal impugnables en amparo directo. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Ahora, dado que la parte quejosa no proporcionó dato alguno con el que se acredite que *** que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12, de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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