Carlos Emmanuel Gorocica Aguilar
Expediente 466/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Emmanuel Gorocica Aguilar
- Fiscal General del Estado de Yucatán
- Director de la Policía Estatal de Investigación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA V. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****************, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a este expediente el escrito signado por *********************, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de abril del año en curso, manifiesta que amplía la demanda de amparo señalando como nueva autoridad responsable al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, así como nuevo acto reclamado la sanción administrativa consistente en el arresto administrativo por treinta y seis horas. En virtud de lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar a tener por cumplida la prevención realizada en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en razón de que el requerimiento realizado en dicho acuerdo va dirigido a la parte quejosa, quien es la que sufrió el agravio personal y directo, esto es, por ser la titular de la acción, por ende se pone en evidencia que el cumplimiento de la prevención debe ser realizado directamente por la parte quejosa y no puede ser sustituida por aquéllos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. En efecto, la satisfacción del cumplimiento de la prevención realizada en autos, es un requisito formal que debe realizarse por quien promueve directamente la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado, las autoridades responsables y le constan los hechos ocurridos y narrados en su demanda de amparo. Por tanto, dígase a la parte quejosa que subsiste el requerimiento y apercibimiento decretado en el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo por analogía, lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." También es aplicable por analogía lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V. Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******************, la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 466/2021-V, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, que dice: Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a este expediente el escrito signado por *********************, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en proveído de veintitrés de abril del año en curso, manifiesta que amplía la demanda de amparo señalando como nueva autoridad responsable al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, así como nuevo acto reclamado la sanción administrativa consistente en el arresto administrativo por treinta y seis horas. En virtud de lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar a tener por cumplida la prevención realizada en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en razón de que el requerimiento realizado en dicho acuerdo va dirigido a la parte quejosa, quien es la que sufrió el agravio personal y directo, esto es, por ser la titular de la acción, por ende se pone en evidencia que el cumplimiento de la prevención debe ser realizado directamente por la parte quejosa y no puede ser sustituida por aquéllos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo. En efecto, la satisfacción del cumplimiento de la prevención realizada en autos, es un requisito formal que debe realizarse por quien promueve directamente la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado, las autoridades responsables y le constan los hechos ocurridos y narrados en su demanda de amparo. Por tanto, dígase a la parte quejosa que subsiste el requerimiento y apercibimiento decretado en el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo por analogía, lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." También es aplicable por analogía lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que está transcurriendo el término que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo se les concedió a las partes mediante proveído de veintidós de abril del año en curso, respecto del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por otra parte, del informe justificado de cuenta se advierte que la detención reclamada por el directo quejoso, concluyó con una sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veinte de marzo de dos mil veintiuno, por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término legal establecido en el artículo 17 de la ley de amparo, manifieste por escrito si señala como acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto de treinta y seis horas, que le fue impuesto el veinte de marzo del año en curso, por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto dentro del término concedido para ello, el presente asunto se resolverá únicamente por lo que respecta a los actos reclamados y autoridades señaladas inicialmente en su demanda. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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