Carlos Emiliano García Correa

Expediente 361/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
361/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Emiliano García Correa
  • Secretaría de Salud en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo que determinó sobreseer fuera de audiencia este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Cabe precisar que aun cuando no obran la totalidad de las constancias de notificación a las autoridades responsables del acuerdo que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo cierto es que el sobreseimiento decretado en este juicio únicamente afecta al quejoso y no a las demás partes. Para tal efecto, se invoca como sustento la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), que a continuación se cita para pronta referencia: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Sin perjuicio de lo anterior, se ordena remitir copia del acuerdo que determinó sobreseer fuera de audiencia este asunto a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de agosto de dos mil veintidós Agréguese a los autos el oficio enviado por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos; mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la suspensión de plano concedida en autos y, señala como fecha para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 al menor de iniciales C.E.G.C., las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la célula de vacunación de la Unidad de Medicina Familiar número veinte, ubicada en Boulevard Juárez número 18, colonia Centro de Cuernavaca, Morelos. Asimismo, refiere que para llevar a cabo la vacunación del menor, los padres o tutores de esta deberán firmar en consentimiento informado; asimismo, deberán presentar los diversos requisitos que refiere en el oficio de cuenta efectos legales procedentes y en atención a su contenido, instrúyase al personal de la actuaría de este Juzgado de Distrito para que, de manera inmediata, con copia del oficio de cuenta, notifiquen el contenido de este auto personalmente a la parte quejosa Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que para la resolución de los juicios de amparo indirecto el legislador previó la posibilidad que durante la sustanciación de los mismos pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto de su artículo 63, fracción V, que dice que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros casos, cuando durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo respectivo. Del precepto transcrito, se advierte que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso artículo 113 del ordenamiento legal en cita. En efecto, de conformidad con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito se encuentra en posibilidad de determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que sea posible decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte que en los presentes autos ha sobrevenido un motivo de improcedencia que reúne las características de notoriedad suficientes para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Precisado lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, debe sobreseerse fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia; debido a que han cesado los efectos de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Al efecto, es necesario recordar que en el presente asunto, la parte quejosa señala, como acto reclamado destacado, la omisión o abstención de incluir al grupo de edad al que pertenece el menor, en la "Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARSCoV2, para la prevención de la COVID-19 en México"; y en consecuencia, la abstención de incluirlo en las calendarizaciones respectivas a fin de aplicarle las dosis de la vacuna actualmente existente en contra el virus Sars-Cov-2 (Covid-19). En ese orden de ideas, se impone destacar que a nivel nacional se ha realizado la vacunación contra el referido virus por etapas, y si bien es verdad que al ser promovido este juicio, el grupo etario al que pertenece la parte quejosa no estaba incluida en dicho programa, a la fecha en que se emite el presente proveído, ello ha sido superado, puesto que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció que a partir del día dieciséis de junio del año en curso, se abrió el registro para vacunar contra Covid-19 a niños de cinco a doce años en adelante, sin comorbilidades (grupo etario en el que se ubica el menor quejoso); lo cual, se corrobora al consultar la página oficial de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, perteneciente al Gobierno Federal. Circunstancia que se corrobora, además, con el contenido del documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV2, para la Prevención de la COVID-19 en México", respectivamente elaborado, revisado y autorizado por las responsables en cita; y del que se desprende, a la fecha en la que fue presentada la demanda de amparo, la exclusión del grupo etario de menores como el caso del menor quejoso, tal como se aprecia del "OPERATIVO CORRECAMINOS", documento que cita como hecho notorio al haber sido publicado en el sitio web institucional www.coronavirus.gob.mx.; circunstancia ésta que, como es actualmente un hecho notorio, ha sido superada, al haber sido ya incluidos los menores de la misma edad que el quejoso, en la referida política nacional de vacunación. En efecto, en la especie, es un hecho notorio que el Subsecretario de Salud anunció el catorce de junio de dos mil veintidós, que a partir del dieciséis del citado mes y año se abrió el registro para la vacunación de niñas y niños de cinco años en adelante, incluyéndose así al registro para el grupo etario entre cinco y once años de edad abriéndose en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, -en el cual se advierte que se encuentra habilitado el rubro para este grupo etario-. Así, por lo expuesto, es que se advierte que en la especie ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas, porque dejó de subsistir la omisión inicialmente reclamada, al ya encontrarse contemplado en la última versión de dicha política el grupo al que pertenece el demandante. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, en relación con el 107, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, así como todas las providencias decretadas en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio suscrito por el Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, por el que da contestación al requerimiento que le fue realizado el diecinueve de julio del año en curso; téngase por cumplido el requerimiento que le fue formulado. Ahora bien, debido a que es un hecho notorio que la vacuna aplicada al menor necesita de una segunda dosis para alcanzar su mayor porcentaje de efectividad, se requiere al Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, para que informe, de manera oportuna a este órgano jurisdiccional, la fecha en que deberá aplicarse la segunda dosis de la mencionada vacuna. Apercibido que en caso de desacato a esta medida suspensional podrá hacerse acreedora a las sanciones que establece el 262 fracción III de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.". Por otra parte, en relación al estado de los autos, de los que se advierte que no obra el informe justificado requerido a una de las autoridades responsables, ni obra el acuse por el cual se le solicitó; en consecuencia, por única ocasión requiérase al Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que en el término de quince días remita su informe justificado, o bien en caso de que ya lo haya realizado, haga de conocimiento la fecha en que lo rindió, el sentido del mismo y el medio por el cual fue remitido, en el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en auto admisorio. Se reitera a la autoridad precisada en párrafos anteriores que para el envío de dicho informe justificado, se encuentra a su disposición la dirección de correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, para la remisión de los archivos correspondientes en formato .PDF o .JPG mismos que deberán contener la firma del funcionario jurídicamente autorizado para tal efecto, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad y número telefónico, lo anterior, a efecto de privilegiar la salud, y aplicar el protocolo de prevención para evitar el contagio del virus que dio origen a la pandemia que se vive, tal y como lo refiere el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso acuerdo general 9/2021, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Además, se pone a disposición de la responsable para efectos de confirmar la recepción del informe o coordinar el envío del mismo, al número de teléfono celular 7773890206. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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