Carlos Eduardo Velasco Ríos
Expediente 507/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Velasco Ríos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha tres de mayo del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez Décimo de Control y Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial y otra autoridad, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante proveído de veintiuno de abril del dos mil veintiuno, causó ejecutoria la resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que obren las copias certificadas que remitió la autoridad responsable Juez cuarto Mercantil del Primer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, como complemento a su informe con justificación, devuélvase las mismas a dicha potestad; sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez Décimo de Control y Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial y otra autoridad. Anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado y regístrese bajo el número de expediente 507/2022. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; lo que deriva de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" En el caso particular, el quejoso reclama lo siguiente: "De la licenciada ***, en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito (sic) a la Vicefiscalía de Procedimientos Penales de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción del Estado de Durango, encargado (sic) de integrar la Carpeta de Investigación número FECC/DGO/DGO/060/2020 le reclamo la solicitud de presentación del escrito de acusación por no apegarse a los términos que establece de los artículos 323, 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales Del licenciado ****en su calidad de Juez Décimo de Control y Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, encargado de la causa penal 567/2021 le reclamo el acuerdo de fecha cinco de abril de 2022 por medio del cual tiene por recibido la solicitud de presentación del escrito de acusación de la Licenciada ****en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía de Procedimientos Penales de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción del Estado de Durango en el que señala las 11 horas del día 3 de mayo de 2022 para que tenga verificativo la audiencia intermedia". De lo anterior queda en evidencia que el acto reclamado es el acuerdo en el que se tiene por formulada la acusación en la causa penal 567/2021. En esa tesitura, se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario) del ordenamiento referido, conforme las cuales el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, en sentido inverso, si lo controvertido no lesiona tal clase de prerrogativas, surge la improcedencia del juicio biinstancial. Sobre el tema, en la contradicción de tesis 167/2020, la Primera Sala retomó la doctrina del Pleno del Alto Tribunal respecto a los actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, considerados como aquellos que violan materialmente derechos sustantivos, y lo contextualizó en el proceso penal acusatorio y oral. Así, los actos con repercusiones en el proceso penal que violenten derechos meramente adjetivos, escapan de la calificativa de imposible reparación para la procedencia del amparo, dado que la afectación que produzcan no queda materializada en el momento de su emisión, sino hasta el dictado del fallo. Lo anterior atiende precisamente a la necesidad de dotar al proceso penal de esa eficacia que impida cortar el hilo procesal injustificadamente. Inclusive, la aludida Sala fue precisa en apuntar que el calificativo de "imposible reparación" para un acto no depende de que la cuestión planteada pueda o no ser retomada posteriormente en la siguiente etapa del proceso penal, pues esa calificativa estriba en que pueda afectar materialmente derechos sustantivos. Por eso, la procedencia del juicio de amparo indirecto queda reservada para aquellos actos que generen de manera inminente una afectación cuya trascendencia esté relacionada con un derecho sustantivo independiente del propio proceso, a grado de que aún con obtener sentencia favorable esa afectación no desaparezca. En tal sentido, debe realizarse un ejercicio hermenéutico a la luz de los principios, características e instituciones definitorias del proceso penal acusatorio para verificar la procedencia del juicio de amparo. Lo que atiende al equilibro entre la eficacia y el garantismo perseguido por el proceso penal, en el entendido de que inclinarse por el primero de ellos para proteger violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, iría en detrimento de los principios de eficacia del proceso. Lo anterior quedó reflejado en la contradicción de tesis en comento, al ser abordado por la Sala la procedencia del amparo en atención a ese equilibrio desde la óptica del camino procesal de las pruebas, cuya admisión resulta una cuestión meramente adjetiva, tal como puede advertirse del siguiente fragmento: "76. Efectivamente, un proceso penal acusatorio tiene como tarea definitoria guardar el equilibrio entre el binomio dialéctico entre eficacia y garantismo. Equilibrio que si se comprende mal, y se nivela hacia un lado, por ejemplo, al extremo garantista, se vuelve un sistema torpe, ineficaz y aletargado, pues la excesiva protección impide que el proceso funcione de manera adecuada (ágilmente). Por el contrario, un sistema que se incline al lado eficaz deja en estado de incertidumbre la fuerza y veracidad del resultado del proceso penal, y desprotege de sobremanera los derechos fundamentales de las personas [.] 78. Así, es posible comprender que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es la admisión de medios de prueba en el auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido. Por el contrario, este debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta. 79. Lo anterior no significa que los gobernados queden desprotegidos ante posibles violaciones al momento de que el Juez de Control admita medios de prueba, pues esas posibles violaciones apuntan únicamente a derechos adjetivos. Por tanto, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración (la eficacia del proceso)". Por tanto, impedir la procedencia del amparo indirecto contra actos cuyas violaciones no son materialmente demostrables en ese momento, abona a los principios de continuidad y concentración que llevan a la eficacia del proceso penal, dejando las posibles inferencias a casos donde la afectación sí puede trascender más allá de lo puramente procesal. Bajo ese contexto, el quejoso combate el acuerdo donde el Juez de Control tuvo por formulada acusación en su contra, y la afectación que aduce estriba del hecho de que la misma fue presentada de manera extemporánea, lo que implicaba la extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo previsto por el Código Nacional de Procedimientos Penales para formular acusación. Al respecto, este Juzgador considera que dicho acto no es de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, en tanto las afectaciones que pudiera llegar a resentir no se materializan en este momento, sino que en su caso lo sería hasta la emisión del auto de apertura a juicio. En efecto, tener por presentado el escrito de acusación da impulso a la secuela procesal, donde el acusado, de acuerdo al numeral 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez fenecido el plazo de diez días otorgado para la coadyuvancia de la víctima u ofendido, podrá señalar vicios formales en la acusación; asimismo, en términos del diverso numeral 344 del Código de mérito, durante el desarrollo de la audiencia intermedia, el acusado podrá promover cualquier incidencia que considere relevante, así como las excepciones que procedan conforme al referido Código. Cumplido lo anterior, el Juez de Control dictará auto de apertura a juicio. Por ende, las cuestiones planteadas relativas al posible sobreseimiento de la causa penal derivado de la presentación extemporánea del escrito de acusación, podrá ser planteado en audiencia intermedia, pues como quedó apuntado, el acusado tiene la posibilidad de plantear las excepciones correspondientes, o bien, plantear alguna incidencia; de modo que será hasta ese momento que, en su caso, podría materializarse alguna afectación por no haber fijado las consecuencias de haber presentado extemporáneamente la acusación. Es ilustrativa, la tesis XXIV.1o.5 P (11a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE DECRETARLO DE OFICIO, DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O QUE VIOLE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: En la etapa intermedia del proceso penal acusatorio el imputado solicitó al Juez de Control el sobreseimiento de oficio en la causa penal, en términos del artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el agente del Ministerio Público formuló su escrito de acusación fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 324 del propio código; sin embargo, dicho juzgador omitió decretarlo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el proceso penal acusatorio, la omisión del Juez de Control de decretar de oficio el sobreseimiento en la causa penal, derivado de la presentación extemporánea del escrito de acusación, no constituye un acto de imposible reparación o que viole derechos sustantivos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que su naturaleza es meramente adjetiva. Justificación: Conforme a los artículos 324 y 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público cuenta con un plazo de quince días para formular la acusación y, de no cumplir con dicha obligación, el Juez de Control pondrá el hecho en conocimiento del fiscal o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días al respecto. Ahora, si bien es cierto que en el último precepto también se establece que de no pronunciarse el superior jerárquico en el plazo aludido, el órgano jurisdiccional ordenará el sobreseimiento, no menos lo es que ello se actualiza sólo en ese supuesto, por lo cual, si el agente del Ministerio Público es quien presenta su acusación de manera extemporánea, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados por la parte quejosa todavía no son de imposible reparación, dado que no afectan derechos sustantivos de la persona vinculada a proceso, sino sólo adjetivos, cuya afectación, además, no es actual, ya que dependerá de que lleguen o no a trascender al desenlace de la fase intermedia en la cual se ubica el procedimiento, momento en el cual sus secuelas podrían consumarse de manera efectiva, en su caso, hasta el dictado del auto de apertura a juicio oral, momento en el cual puede hacer valer la acción constitucional de amparo". Por otro lado, el quejoso refiere que con la acusación se le priva de su derecho de defensa, en tanto la Agente del Ministerio Público se ha negado a acordar las pruebas que ha ofrecido. No obstante, esa afectación tampoco queda materializada en ese momento, dado que la secuela procesal al cierre de la investigación trae consigo derechos del imputado que abonan a la preparación de la defensa. En efecto, de conformidad con los artículos 323 y 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cierre de la investigación desencadena una serie de obligaciones para el Ministerio Público, en el entendido de que deberá decidir si ejerce o no la acción penal mediante el escrito de acusación. Luego, una eventual acusación tiene como consecuencia el inicio de la etapa intermedia, cuya fase escrita actualiza nuevamente las oportunidades de preparar la defensa, previo al desenlace del proceso en el juicio oral. Así, la acusación debe ser notificada al procesado, lo que marca el comienzo de esas posibilidades de defensa, pues en términos del artículo 340 del código procesal en cita, tendrá la oportunidad de señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante en caso de existir. Además, el acusado tiene la posibilidad de ofrecer pruebas. En suma, el derecho al "descubrimiento probatorio", el cual persiste aun cuando haya sido cerrada la investigación. Lo anterior permite al acusado conocer los medios de prueba con los que cuenta el Ministerio Público, de manera que aquel puede combatirlos en la fase oral -audiencia intermedia-, en caso de que sean ofrecidos, buscando que el juez de control los excluya o determine que no sean incorporados a la etapa de juicio oral. Con ello, es dable concluir que la normativa procesal estableció las condiciones necesarias para que el acusado esté en aptitud de preparar su defensa aun cuando la etapa de investigación haya concluido. Entonces, el acuerdo que recibe el escrito de acusación no trae consigo una afectación de imposible reparación para el impetrante del amparo que justifique la procedencia del juicio. Es así, pues aunque impida solicitar actos de investigación en sede ministerial, aun cuenta con la posibilidad de ofrecer pruebas en la etapa intermedia. Inclusive, la audiencia intermedia es el vehículo procesal para incorporar los medios de prueba al juicio oral, de modo que su presentación en diverso momento no puede lograr su inclusión en la etapa de juicio si no fueron ofrecidas y admitidas en dicha audiencia. Finalmente, el quejoso aduce que al recibirse el escrito de acusación, implicó el señalamiento de la audiencia intermedia para el día tres de mayo del año en curso; y, dicho acuerdo fue notificado el veintinueve de abril del mismo año, con lo que fue acortado el plazo para el descubrimiento probatorio, lo que causa una afectación a su derecho de defensa. No obstante lo anterior, esa afectación tampoco está materializada hasta este momento, pues de acuerdo con los artículos 337 y 341 del Código en cita, el acusado podrá solicitar le sea concedido un plazo razonable y justificado para el descubrimiento probatorio, o bien, solicitar el diferimiento de la audiencia intermedia. Por ende, sería hasta una eventual negativa de lo anterior, el momento en que podría estimarse que queda materializada una posible afectación. En esa tesitura, se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no afectan derechos sustantivos del quejoso, ya que no escapan de lo puramente procesal y no van más allá del proceso penal, aunado a que dichas afectaciones no quedan materializadas hasta este momento. III. Conclusión. Ante la actualización de las causas de improcedencia en estudio, lo conducente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. IV. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ****. Así mismo, téngasele proporcionado el correo electrónico ***y número de teléfono ***. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como del 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza la consulta vía electrónica, así como las notificaciones electrónicas del presente juicio, a quien tiene como nombres de usuario ***. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial adscrito practique las notificaciones personales que deriven del presente juicio de amparo y para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. Se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales" Notifíquese personalmente.
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