Carlos Eduardo Torres Sotelo y Otros.

Expediente 270/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 25 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
270/2016
Año
2016
Actuaciones
25
Última actuación
10/03/2017

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Torres Sotelo y Otros.
  • Carlos Eduardo Torres Sotelo
  • Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "1"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Advirtiéndose de la constancia secretarial que antecede, que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de uno de los corrientes, en el que se le dio vista para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio enviado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Baja California "1", con sede en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacer declaración alguna, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Por consiguiente, al haber transcurrido el término concedido, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." - Efectos del fallo protector - Al respecto, debe decirse que con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se dictó sentencia constitucional en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Sentencia que fue modificada por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en amparo en revisión 338/2016, en resolución de uno de diciembre de dos mil dieciséis, en cuyo tercer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Turbopower Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto de que: ? La impetrante sea reintegrada en su derecho afectado, que es la posesión de la impresora de serie CN4B417460 marca hp, color blanco, sin que de modo alguno deba declararse la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural para que la parte quejosa sea integrada a la controversia, al no tener carácter de parte. Por lo que el doce de diciembre de dos mil dieciséis, se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento a la misma. -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Baja California "1", con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de constancia para devolución de garantía y/o documentos, de quince de los mismos, de la que se advierte que devolvió a la apoderada legal de la parte quejosa, la impresora marca hp, serie CN4B4174GD, color blanco; documental que de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tienen pleno valor probatorio. En consecuencia, de la referida constancia se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente juicio, toda vez que devolvió a la parte quejosa el bien mueble objeto de la protección constitucional; con lo que se dio cumplimiento además, a lo que establece el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido. No se opone a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable haya regresado la impresora CN4B4174GD, y no la diversa CN4B417460, como se dijo en la ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de esta ciudad, ya que del acta de embargo que obra a foja 113, se advierte que el bien asegurado a la quejosa por parte de la autoridad fue la impresora CN4B4174GD. Hágase del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido de conformidad con el ordinal 196 de la Ley de Amparo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente. En acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; se hace la acotación de que es susceptible de depuración, a partir del once de marzo de dos mil veintidós, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. Así mismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Finalmente, como se advierte de la constancia secretarial que antecede, que en el presente juicio existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en consecuencia, hágase de su conocimiento, para que dentro del término de noventa días los recoja sin previo acuerdo o solicitud, previniéndosele que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa; lo anterior conforme lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo del acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Baja California "1", con sede en esta ciudad, al que anexó copia certificada de constancia para devolución de garantía y/o Documentos, de quince de los corrientes, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa con dichas constancias, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en relación con el cumplimiento de referencia, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro de dicho término este tribunal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base a los elementos que obren en el expediente y los demás aportados por la autoridad. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  3. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/091/2017, signado por Miguel Agustín Cossio Campos, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, recibido vía correo electrónico, se informó que en sesión de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, se determinó la adscripción de Francisco Javier García Contreras, a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; en tal virtud, hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales correspondientes, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Amparo. Por otra parte, vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que a partir del dieciséis de febrero del año en curso, fueron retirados los bloqueos a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria de esta capital. En consecuencia, requiérase nuevamente a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, se presente ante las autoridades responsables Subadministrador Desconcentrado de Notificación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "1", Subadministrador Desconcentrado "2" de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "1" y Administradora Desconcentrada de Recaudación de Baja California "1", todas con sede en esta ciudad, a recibir el bien mueble objeto de la protección constitucional y a su vez lo informe a este juzgado, apercibida que de no hacerlo así sin causa justa y comprobada, se estudiará el cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en el presente juicio y se tomará en consideración su falta de interés en el cumplimiento de mismo.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el escrito presentado por Elías David Martínez Contreras, autorizado legal de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que por el momento no le es posible dar cumplimiento al requerimiento que se le realizó mediante proveído de diecinueve de los corrientes, a fin de que se presente ante la autoridad responsable a recibir el bien mueble objeto de la protección constitucional, lo anterior, en virtud de que la oficinas del Servicio de Administración Tributaria están tomadas por la ciudadanía por las manifestaciones sociales. Ahora bien, vista la constancia secretarial que antecede, en la cual se asentó que en el juicio de amparo 173/2016 del índice de éste juzgado, al Actuario adscrito no le fue posible entregar diversa comunicación oficial al Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California "1", con sede en esta ciudad, por los bloqueos a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria de esta capital, en protesta de los incrementos a la gasolina entre otros. Por tal motivo, se requiere a la parte quejosa para que comparezca ante dicha autoridad para la devolución correspondiente, una vez que se levanten los referidos bloqueos, debiendo informarlo a este juzgado, apercibida que de no hacerlo así sin causa justa y comprobada, se estudiará el cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en el presente juicio y se tomará en consideración su falta de interés en el cumplimiento de mismo. Actuaciones del juicio de amparo 173/2016 IV del índice de este órgano jurisdiccional, que se invocan como hecho notorio, dado que se tienen a la vista al momento de emitir esta determinación, sin necesidad de que deban glosarse copias certificadas de dichas constancias, puesto que su conocimiento derivó de la actividad jurisdiccional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que permite válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las actuaciones que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico. Al respecto de lo anterior, cobra aplicación, por mayoría de razón y por no contravenir las disposiciones de la vigente Ley de Amparo, la jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se lee: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista."

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