Carlos Eduardo Soto Treviño
Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2023
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Soto Treviño
- A. M. M. S. T.
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. I. Testimonio. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del presente juicio y remite testimonio de la resolución dictada en el tribunal de alzada, de cuyo contenido se advierte el siguiente resolutivo: "ÚNICO. Se desecha el recurso interpuesto por la Secretaria de Finanzas del Municipio de Querétaro, por conducto de su Coordinador de Normativa Fiscal, por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo" En consecuencia, acúsese recibo correspondiente, agréguese el cuaderno de antecedentes relativo y procédase hacer las anotaciones en el libro de registro. II.Requiere cumplimiento. Por tanto, conforme a lo resulto por el Tribunal de Alzada y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad precisada en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. IV. Responsabilidad de las autoridades vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de marzo de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ..., por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ... II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 281/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Fijación de los actos Del análisis integral de la demanda de amparo y anexos se desprende que en el caso concreto la parte quejosa reclama esencialmente los siguientes actos: Autoridad responsable Acto reclamado Juez Decimoprimero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro a) Auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ...de su índice. b) Auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ... de su índice. III. Cuestión Previa Previo a proveer lo que en derecho corresponda, debe precisarse que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar de forma integral el escrito de demanda y, si advirtiera que se actualiza alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Al respecto, cabe puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, indicó que por "manifiesta" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. En tal sentido, se tiene que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, debe precisarse que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé una regla de clausura respecto de las causas de improcedencia que se pueden actualizar en los juicios de amparo, en el sentido de que dichas causales no se restringen a aquellas descritas de manera taxativa en las demás fracciones del ordinal en cita, sino que la improcedencia también puede acaecer cuando se contraría el conjunto de reglas y principios que imperan en los sumarios constitucionales. V. Desechamiento de plano Sentado lo anterior, es posible señalar que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia derivada de la interpretación a contrario de la regla prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en razón de las consideraciones siguientes: De conformidad con el precepto en cita, el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así pues, de la interpretación sistemática y a contrario sensu de dicho precepto, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, por afectar únicamente derechos de naturaleza adjetiva. En efecto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos humanos y fundamentales; así como los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Esto es, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara en favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales y humanos. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla de la fracción III inciso a) del artículo 107 Constitucional. En apoyo, por identidad de razones jurídicas, se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ahora bien, a fin de determinar la naturaleza de las violaciones aducidas por la parte quejosa, se impone necesario traer a colación lo que, a decir del quejoso, fue acordado por la autoridad responsable en cada uno de los actos reclamados, tal como se observa a continuación: Por lo que hace al auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, se advierte lo siguiente: [.] en relación a la primera de sus peticiones para que deje sin efectos el acuerdo de 15 de noviembre del 2022, y se dicte uno nuevo para emplazar a la demandada en el domicilio de las personas contratadas por ello, no ha lugar a acordad de conformidad con lo solicitado, lo anterior en virtud de que la primera notificación de la demandada debe ser de manera personal en su domicilio y si bien señala que el emplazamiento de ... se realice a [sic] con las personas contratadas por la demandada Licenciados [sic] ... en el domicilio que refiere, el mismo se puede realizar siempre y cuando los citados sean apoderados legales con facultades para pleitos y cobranzas, por lo tanto se le previene para que acredite y agreguen copia certificada de dicho poder, hecho lo cual, se acordará lo que a derecho proceda, de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley Adjetiva Civil vigente. Y referente a sus demás manifestaciones, se le tienen por hechas, sin embargo al señalar de manera sustancias que la demandada ha tenido diversos domicilios y a fin de lograr su emplazamiento, se le previene para que proporcione en domicilio exacto donde pueda localizar a la demandada ... a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el auto de radicación de conformidad con el numeral 70 y 82 de la ley adjetiva civil vigente." Ahora, por lo que hace al auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se advierte lo siguiente: "[.] como consecuencia de lo antes proveído, y previo a ordenar nuevamente que el actuario emplace a ..., se le previene para que aclare donde se encuentra la demandada, ello, en virtud de que de las manifestaciones que vierte en su escrito, se deduce que se encuentra en la ciudad de Barcelona, España." (Resaltado añadido) "[.] se le tiene al promovente realizando una serie de manifestaciones y ofertando como prueba superveniente, la demanda presentada por la demandada ante el juzgado quinto familiar de la Ciudad de México, previa la admisión de la misma, se le requiere para que en el plazo de 03 días hábiles, exhiba en copia certificada los documentos que alude en virtud de que los que alude, resultan ser copias simples, mismos que carecen de valor probatorio, de conformidad con el artículo 424 de la ley adjetiva civil vigente, apercibido de que en caso omiso, se tendrán por no exhibidos de conformidad con los numerales 130, 134, fracción IV y 361 de la Ley Adjetiva Civil vigente." (Resaltado añadido) "Finalmente, por cuanto hace a su petición de girar exhorto a fin de solicitar copias certificadas del expediente ... del juzgado quinto familiar de la Ciudad de México, no ha lugar a acordar de conformidad su petición en virtud de que se encuentra en aptitud de comparecer ante dicho juzgado a instruirse en su integridad de las constancias que integran dicha causa y solicitar directamente copias certificadas de las constancias que a su parte interesan, pues hasta este momento, no acredita que dicho órgano jurisdiccional las hubiera negado, lo anterior, de conformidad con el numeral 75 de la ley adjetiva civil vigente." (Resaltado añadido) De las transcripciones que anteceden se evidencia que los actos reclamados de forma coincidente versan sobre cuestiones procesales y, que no implican violaciones de imposible reparación, ya que se trata de prevenciones formuladas al quejoso para que previo a ordenar el emplazamiento de la demandada en el lugar y por conducto de las personas que refiere, es necesario que cumpla con lo impuesto por la autoridad responsable, requerimientos que incluso no constituyen determinaciones de carácter definitivo. Efectivamente, de ningún modo afectan derechos fundamentales, pues tal cuestión no necesariamente trascenderá al resultado de la sentencia definitiva que se dicte al resolver el juicio génesis de donde derivan los actos reclamados, ya que una vez atendidas las diversas prevenciones podrá estar en aptitud de obtener resoluciones respecto a sus peticiones de trámite, la autoridad actuará en consecuencia. En efecto, una vez que el Juzgado Quinto Familiar De La Ciudad De México acuerde lo que en derecho corresponda respecto a su solicitud de copias certificadas, el quejoso se encontrará en aptitud de entregarlas a la autoridad responsable; o en caso de que no le sean concedidas las copias aludidas, podrá acreditar la imposibilidad jurídica para exhibirlas. De ahí que por el momento no se hace patente que el acto reclamado genere una situación de irreparabilidad en agravio de la parte quejosa. Al respecto resulta aplicable, por igualdad de razón, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de título, subtítulo y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razóna las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Consideraciones similares fueron adoptadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 8/2023, interpuesto en el juicio de amparo indirecto 1386/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se resolvió un tema similar al planteado en el ocurso de demanda que aquí se atiende, esto es, la negativa de emplazar a la parte demandada por conducto de quien a decir de la parte actora, es apoderado de la demandada en el juicio de origen; lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador. Corolario de lo expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 del citado ordenamiento, se DESECHA LA DEMANDA. VI. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VII. Domicilio. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en .... En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VIII. Autorizados Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a ..., por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de dicho ordenamiento, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos al resto de personas que menciona en su ocurso. IX. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. X. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XI. Captura de proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. XIII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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