Carlos Eduardo Pérez Hernández
Expediente 650/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Pérez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintidós. Vistos los autos del presente juicio de amparo indirecto 650/2021-V, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: (...) Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. (.)
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Se agrega a estos autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad responsable en los presentes autos, con el que informa el trámite que ha dado respecto al cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada por este Juzgado Federal; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase el oficio de cuenta y anexo, a la vista de las partes por el término de tres días para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral. Por otra parte, hágase del conocimiento del Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, que deberá entregar a la parte quejosa copia autorizada de las documentales anexadas al referido oficio con el que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, debiendo asentar en la razón actuarial que se entrega la referida documentación completa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, nueve de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaria en la razón que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de junio del año en curso, en la que en su primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Ahora bien, toda vez que en el resolutivo primero de la sentencia de mérito, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, de conformidad con en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que el efecto concedido en el presente juicio de amparo fue el siguiente: EFECTOS DEL AMPARO. En tales condiciones, tomando en cuenta que la violación al derecho de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al dilatar el juicio de origen, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, proceda a realizar todas las gestiones a fin de desahogar las pruebas que se encuentran pendientes en el juicio de origen y una vez hecho lo anterior, conceda a las partes el término para formular sus alegatos. En consecuencia, hecho lo anterior, deberá remitir a este Juzgado Federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se les impondrá una multa de cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. NOTIFÍQUESE. (...)
- Principal
MESA V. En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las once horas con diez minutos del quince de junio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 650/2021-V procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con el informe justificado y oficio 617/2021 rendidos por la autoridad responsable y con las demás constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, la secretaría da cuenta con la documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano que ofreció la pare quejosa en su demanda de amparo; así como las constancias que remitió con su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y que adjuntó a su oficio 617/2021. En relación con lo anterior, el Juez acuerda que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo aplicable, se admiten la referidas probanzas las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su propia naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, la secretaría informa que la parte quejosa no hizo uso de su derecho y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no formuló alegato alguno, por lo que se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos para resolver el juicio de amparo 650/2021-V, promovido por Mario Antonio Puerto Euán, en su carácter de apoderado de Carlos Eduardo Pérez Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y remitido en esa fecha a este Juzgado por razón de turno, compareció Mario Antonio Puerto Euán, en su carácter de apoderado de Carlos Eduardo Pérez Hernández, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mismos que hizo consistir esencialmente en la paralización del juicio laboral 79/2019 a partir del quince de septiembre de dos mil veinte, en virtud de que no se ha desahogado todas las pruebas ofrecidas en dichos autos y por consiguiente no se ha dictado el laudo respectivo. SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 650/2021-V, por auto de veintiuno de abril del año en curso, se admitió a trámite dicha demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se llamó a juicio a la parte tercero interesada, y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional que se inició en términos del acta que antecede, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues el acto que reclama es la omisión de una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el quejoso. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que el quejoso reclama: La paralización del juicio laboral 79/2019 a partir del quince de septiembre de dos mil veinte, en virtud de que no se han desahogado todas las pruebas ofrecidas en dichos autos y por consiguiente no se ha dictado el laudo respectivo. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, negó el acto que se le reclama; sin embargo, de las constancias anexas a su informe justificado y a su oficio 617/2021, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la existencia del mismo; por tanto, se desvirtúa dicha negativa de la responsable y lo que procede es tener por cierto el acto reclamado a la autoridad en cita. CUARTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir causa que haga improcedente el presente juicio de amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo. Es esencialmente fundado el concepto de violación expuesto por la quejosa, suplido en su deficiencia por tratarse de la parte trabajadora quien acude a solicitar el amparo, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que consiste básicamente en la violación por parte de la responsable del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la Junta responsable no ha tramitado el juicio laboral 79/2019, en los términos y condiciones que marca la Ley, ya que de las constancias del juicio de origen se puede advertir la dilación con la que ha emitido sus determinaciones: El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el aquí directo quejoso Carlos Eduardo Pérez Hernández, presentó demanda laboral en contra de María del Carmen Ávila Guadarrama y José Luis Casahonda Deveze, ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. En auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite dicha demanda, se ordenó correr traslado a la demandada y se citó a las partes el once de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. El once de abril de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de ley en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, señalando el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve para la audiencia ofrecimiento y admisión de pruebas. El veintidós de febrero de dos mil veinte, se acordó respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, siendo que de las constancias se advierte que las mismas no se han desahogado en su totalidad. En efecto, la autoridad responsable no ha dado cumplimiento con lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTICULO 17.- "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". Por otra parte, los diversos artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, disponen que: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor.." De lo anteriormente narrado salta a la vista la omisión de la Junta responsable de ajustar su actuación para tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, por lo que indefectiblemente ha tenido como consecuencia que dentro del juicio laboral de origen no se respeten los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, si se toma en cuenta que las actuaciones que lo rigen son de tracto sucesivo y, con la omisión de la responsable de llevar a cabo el procedimiento respetando los plazos señalados por la ley, se produce una continuidad en el incumplimiento del derecho cuya violación se duele la parte quejosa, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias, porque, a la postre, retarda la expeditez que debe regir en los procedimientos laborales, impidiendo su culminación mediante el oportuno pronunciamiento del laudo respectivo. Bajo esta perspectiva, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, ha dilatado el procedimiento de origen, ello toda vez que al admitir la demanda del trabajador ahora quejoso, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, fijó la celebración de la audiencia trifásica para el once de abril de dos mil diecinueve, esto es, fuera del término de quince días que tenía para ello, por lo que no se ajustó a los términos establecidos en el artículo 873 de la ley que rige sus actos, aunado a que el veintidós de febrero de dos mil veinte, acordó respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes y hasta la presente fecha no se han desahogado en su totalidad, no obstante que ha pasado más de un año desde su admisión. De ahí, es evidente que la autoridad laboral ha tramitado el juicio laboral de origen fuera de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Por ello debe estimarse que existe contra la parte quejosa, violación al derecho de impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque la autoridad responsable no lleva a cabo el procedimiento dentro de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Se afirma lo anterior, tomando en cuenta que si bien, el artículo 17, interpretado sistemáticamente con el 1º, ambos de la Constitución Federal, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, el cual a su vez es integrado por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007; también cierto es que el derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado por diversas especies de subgarantías o mecanismos para hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional que consiste en los derechos judiciales y de protección efectiva previstos en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. Así, estos subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y detallan sus alcances al establecer lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. El orden jurídico nacional surgido en virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que tienden a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, con el propósito de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia, atento al principio pro homine o pro personae. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia VI.1o.A. J/2 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Sexto Circuito, consultable en la página 1096 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de dos mil doce, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.". Al advertirse la violación al artículo 17 de la Constitución Federal es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: QUINTO. EFECTOS DEL AMPARO. En tales condiciones, tomando en cuenta que la violación al derecho de la parte quejosa se manifestó con el actuar de la Junta responsable al dilatar el juicio de origen, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, proceda a realizar todas las gestiones a fin de desahogar las pruebas que se encuentran pendientes en el juicio de origen y una vez hecho lo anterior, conceda a las partes el término para formular sus alegatos. Sin que constituya un obstáculo a la anterior determinación el hecho de que el suscrito juzgador, en aplicación de la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 y rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES", en resoluciones emitidas con anterioridad a la presente fecha, en juicios de amparo en que se reclamaban actos u omisiones de los tribunales laborales en el Estado, aun cuando los efectos de las omisiones reclamadas hubieren cesado durante la tramitación del juicio de amparo, este tribunal, en estricto apego a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transcrita en líneas que anteceden, cuando se acreditaban violaciones al derecho de una administración de justicia pronta y expedita, concedía el amparo y protección de la Justicia Federal contra las posibles dilaciones futuras que se cometieran en el juicio laboral correspondiente, esto es, contra los "actos subsecuentes". Sin embargo, los Ministros integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonaron el criterio contenido en la jurisprudencia 2ª/J.45/2007, al considerar que los alcances por los que en su caso se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, considerando la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral correspondiente, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo la nueva Jurisprudencia 2a. CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Al pronunciarse sentencia en contrario, la jurisprudencia 2ª/J.45/2007 de la Segunda Sala del más alto tribunal del país, ha dejado de tener carácter obligatorio de conformidad con el artículo 228 de la Ley de Amparo. SEXTO PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 76 de la Ley de Amparo aplicable, SE R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Carlos Eduardo Pérez Hernández por conducto de su apoderado Mario Antonio Puerto Euán, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por los razonamientos y para los efectos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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