Carlos Eduardo Peon Borbón

Expediente 1097/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1097/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Peon Borbón

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de enero de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de noviembre de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En la especie, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias existentes en autos, el acto reclamado a la autoridad responsable lo constituye la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el asunto laboral 1247/2020. Al respecto, la autoridad responsable laboral, al rendir su informe niega los actos reclamados; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, con las propias manifestaciones contenidas en el informe justificado, dado que si bien, expone que el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, corrigió el procedimiento y señaló hora y fecha para la diligencia bifásica; de donde se obtiene que hasta la fecha de presentación de la demanda (veinte de septiembre del año en curso), fue existente el reclamo constitucional; de aquí que se desvirtúe la negativa y se tenga por cierto el reclamo constitucional. Sin embargo, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable, durante el trámite procedimental de este biinstancial, se restituyó a la parte quejosa en sus derechos conculcados, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente el estudio de lo reclamado en esta vía. Es así, pues como se evidencia la parte quejosa acudió a sede constitucional, reclamando de la responsable su conducta omisa en señalar recha para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo y, en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, regularizó el procedimiento y señaló las doce horas del catorce de diciembre de la presente anualidad para su verificativo; lo que evidencia que en relación con el acto omisivo reclamado de la autoridad responsable, por actuación de ésta misma, cesó en sus efectos. De esta forma, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se deja sin efectos audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito que firman los autorizados legales de la parte quejosa, por el que informan que la responsable ha sido omisa en expedir copias certificadas del juicio laboral de origen a efecto de exhibirlas en el presente amparo; por tanto, solicitan se requiera a la autoridad laboral por su remisión. Sobre el particular, dígase que no es posible calificar procedente su petición, toda vez que transcurre el plazo de quince días que otorga del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la responsable allegue constancias que soporten el acto reclamado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional (quince días). De la certificación que antecede se advierte que a la autoridad señalada como responsable, no le ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con treinta y siete minutos del once de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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