Carlos Eduardo Morales Nava
Expediente 554/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Morales Nava
Actuaciones
- Principal
HA QUEDADO FIRME, el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno para todos los efectos legales a que haya lugar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.
- Principal
En virtud de no haberse presentado el apoderado legal de la parte promovente a notificarse personalmente del acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice:CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a los autos la comparecencia de veinticuatro de los corrientes a cargo de ***********, apoderado legal de Araitze, Supervisión y ***********, mediante la cual ratifica el contenido y firma del escrito recibido el trece de mayo de esta anualidad, en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional; en consecuencia al respecto se provee. Visto el escrito aclaratorio de demanda signado por *****, apoderado legal de *******, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de cuatro de mayo del año en curso. DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, aclaratorio o de ampliación cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Expuesto lo anterior, cabe señalar que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, la determinación que desestima la excepción de incompetencia, improcedencia de la vía y falta de personalidad, debe reclamarse a través del juicio de amparo directo, dado que únicamente puede afectar derechos de naturaleza procesal, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, la aludida violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, porque la única consecuencia de ello sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y, la parte enjuiciada, en todo caso, tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse el juicio y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, como se dijo, podría reclamarse en la vía directa del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la Tesis II.1o.C.7 C(10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1716, Décima Época, Registro 2006704, de contenido: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN JUICIOS MERCANTILES. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LA DECLARA INFUNDADA, ES RECLAMABLE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN AMPARO DIRECTO. Si en un juicio mercantil se opone la excepción de incompetencia y se resuelve de manera definitiva como infundada y, por tanto, el Juez del conocimiento debe continuar conociendo del juicio y, en su oportunidad, dictar sentencia sobre la cuestión planteada, dicha determinación no afecta materialmente derechos sustantivos de las partes, sino únicamente formales o intraprocesales y, por ello, si el afectado obtiene sentencia favorable en cuanto al fondo, aquellas infracciones quedarían reparadas. Consecuentemente, esa decisión debe considerarse como una violación procesal reclamable mediante el amparo directo pues, al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, en términos del artículo 172, fracción X, de la Ley de Amparo, si se satisfacen los demás requisitos a que se refiere el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, cabe citar como apoyo el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 108/2005, consultable en el tomo XXII, octubre de 2005, página 294, Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que, aunque se emitió con anterioridad a que operara la vigencia de la Ley de Amparo aplicable en el presente asunto, sus razones avalan la falta de afectación a un derecho sustantivo dada la propia naturaleza del acto reclamado. Ese criterio es del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo". Hasta aquí, puede concluirse que si en el juicio de amparo indirecto se reclama un acto que tuvo por efecto desestimar la excepción de incompetencia, improcedencia de la vía y falta de personalidad, es viable considerar la actualización de la causa de improcedencia relativa a que no es un acto que afecte derechos sustantivos; pues, en todo caso únicamente impactaría en aspectos de naturaleza adjetiva, las cuales pueden combatirse a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando esa determinación trascienda al resultado del fallo y resulte adversa a los intereses de la quejosa. En el caso, reclama de manera destacada: La resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 62/2021-M, de la Sala de Circuito responsable, que confirmó la interlocutoria emitida el diecinueve de enero de esta anualidad emitida por el Juez Segundo Civil señalado como responsable en el juicio ejecutivo mercantil 364/2018, la cual declaró la caducidad del incidente de excepción de incompetencia por declinatoria, improcedencia de la vía y falta de personalidad, debido a la inactividad procesal de las partes. Lo cual, sólo constituye una determinación dentro del juicio, cuya ejecución no es de imposible reparación, pues se traduce en supuesta violación de carácter adjetivo que podría ser intrascendente si la parte promovente obtiene sentencia favorable. Por tanto, si en el particular la parte quejosa destaca como reclamo una determinación que impacta en derechos de tipo procesal, en efecto, actualiza la causa de improcedencia relativa a que no son actos de imposible reparación debido a que pueden ser reparados a través del amparo directo que en todo caso se promueva contra la sentencia definitiva. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido ambos de la Ley de la Materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. Como dato adicional se destaca, que en términos similares el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito resolvió los recursos de queja 187/2019, 237/2018 y 242/2018; así como el amparo en revisión 84/2019. Por otra parte, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo Abrogada, se invocan en términos del artículo Sexto transitorio de la vigente.
- Principal
En virtud de no haberse presentado el apoderado legal de la parte quejosa a notificarse personalmente del acuerdo de cuatro de mayo del año en curso, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fijó en los estrados del Juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el acuerdo de referencia, que en lo conducente dice:REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con lo siguiente: a) Aclare a qué Juez de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, pretende señalar como responsable ordenadora. Lo anterior, toda vez que en el capítulo de autoridades responsables del escrito inicial de demanda, señala, entre otra, al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, en su calidad de autoridad ordenadora. Asimismo, en el capítulo de acto reclamado, se advierte que reclama a dicho Juzgado Segundo le resolución interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 364/2018. Empero, en el punto dos del referido capítulo de actos reclamados, señala lo siguiente: "De la H. SALA DE CIRCUITO ZONA CENTRO, DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA, se le RECLAMA la Resolución de fecha 22 de Marzo de 2021, emitida en el Toca de Apelación Número 62/2021-M, en la que Confirma la Resolución Interlocutoria de fecha 19 de Enero de 2021, del H. Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad". De igual forma, del resto del contenido integral del escrito inicial de demanda, la parte promovente refiere como autoridad responsable al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil. De ahí que resulte necesario requerir a la parte promovente para que precise a qué Juez Civil señala como responsable en el presente juicio de amparo. b) Aclare la fecha en que habría tenido conocimiento de los actos reclamados. Lo anterior, atento que del capítulo respectivo, bajo protesta de decir verdad, se señala lo siguiente: "V.- FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que con fecha 06 de Abril del Año en curso, se tuvo conocimiento del acto reclamado". Sin embargo, del último párrafo del apartado de antecedentes del acto reclamado, se observa diversa fecha, pues adujo lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación, y de los cuales me entere el día 15 de Junio del presente año (.)". De ahí que se requiera a la parte promovente a fin de que aclare la fecha en que habría tenido conocimiento de los actos reclamados. c) Exhiba una copia más del escrito inicial de demanda de amparo, pues solamente exhibió cinco, tal y como se advierte de la certificación de cuenta, y son necesarias seis, para distribuirse de la siguiente manera: - dos para las autoridades responsables; - una para la parte tercero interesada; - dos para los cuadernos incidentales; y, - una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional. En la inteligencia que deberá cumplir con la prevención que se le hace, por escrito, dentro del plazo señalado para tal efecto; APERCIBIDA que de no cumplir con lo señalado en los incisos a) y b), de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 del citado ordenamiento legal, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, y de no cumplir con lo requerido en el inciso c), SE POSTERGARÁ LA APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acorde a lo dispuesto en último párrafo del referido numeral. En el entendido que deberá allegar SEIS copias del escrito aclaratorio.
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