Carlos Eduardo Menéndez Isaías
Expediente 23/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Menéndez Isaías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado por la*** Juez de Control y Juicio Oral de la Primera Sala de Control, con residencia en La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por el que acusa recibo del oficio en que se le comunica la sentencia dictada en los presentes autos quedó cumplida y acusa recibo de dos discos de audio y video. Cúmplase.
- Principal
NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el treinta de mayo de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a*** en los siguientes términos*** En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. En tal contexto, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por la Juez de Control responsable, se advierte que por auto de seis de octubre de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el cuaderno innominado 23/2020. Posteriormente, en audiencia de once de octubre del presente año, con la asistencia de las partes, requirió a la Fiscalía a fin de que acreditara si contó con la autorización de su "superior" para decretar el no ejercicio de la acción penal; lo que así confirmó dicha representante social. Hecho lo anterior, confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal de veintiuno de mayo de dos mil veinte, emitida en la carpeta de investigación*** por las razones ahí expuestas. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de videograbación remitidos por la autoridad responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada*** por lista de acuerdos a los restantes terceros interesados; y por oficio a la autoridad con el carácter de tercero interesado
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NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el treinta de mayo de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a*** en los siguientes términos*** En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. En tal contexto, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por la Juez de Control responsable, se advierte que por auto de seis de octubre de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el cuaderno innominado 23/2020. Posteriormente, en audiencia de once de octubre del presente año, con la asistencia de las partes, requirió a la Fiscalía a fin de que acreditara si contó con la autorización de su "superior" para decretar el no ejercicio de la acción penal; lo que así confirmó dicha representante social. Hecho lo anterior, confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal de veintiuno de mayo de dos mil veinte, emitida en la carpeta de investigación*** por las razones ahí expuestas. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de videograbación remitidos por la autoridad responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada*** por lista de acuerdos a los restantes terceros interesados; y por oficio a la autoridad con el carácter de tercero interesado
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Córdoba, Veracruz, a veintisiete de octubre de dos mil veintidós. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que en sentencia autorizada el treinta de mayo de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a*** en los siguientes términos*** En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. En tal contexto, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por la Juez de Control responsable, se advierte que por auto de seis de octubre de dos mil veintidós, en principio, dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el cuaderno innominado 23/2020. Posteriormente, en audiencia de once de octubre del presente año, con la asistencia de las partes, requirió a la Fiscalía a fin de que acreditara si contó con la autorización de su "superior" para decretar el no ejercicio de la acción penal; lo que así confirmó dicha representante social. Hecho lo anterior, confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal de veintiuno de mayo de dos mil veinte, emitida en la carpeta de investigación*** por las razones ahí expuestas. Cabe mencionar que el sentido de la nueva determinación, emitida por la autoridad responsable resulta ajeno a los lineamientos trazados en la ejecutoria que se analizó, pues en ésta sólo se le ordenó que emitiera una nueva resolución acatando las directrices precisadas en el fallo protector, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de videograbación remitidos por la autoridad responsable; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada*** por lista de acuerdos a los restantes terceros interesados; y por oficio a la autoridad con el carácter de tercero interesado
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