Carlos Eduardo Mendoza Cano
Expediente 1637/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 31 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1637/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Mendoza Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
La parte quejosa, por conducto de su autorizado, interpone recurso de queja contra el auto de dieciocho de mayo del presente año, por el que se desechó la ampliación de demanda. De conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; se provee: Tramítese el recurso de queja. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Agréguese una copia de los agravios a este expediente. Remítase copia certificada del auto impugnado en el presente juicio de amparo, en vía de informe justificado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en turno, para agilizar el trámite, la integración y la resolución de los recursos de queja y, con ello, garantizar a los justiciables el derecho de acceso a la impartición de justicia - acceso a una tutela judicial efectiva-, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías judiciales y la protección judicial establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suspensión del procedimiento. Ahora bien, se hace la precisión que respecto al recurso de queja interpuesto en contra del auto de trece de abril del presente año, en el que se desechó el escrito de ampliación de demanda, resulta pertinente suspender el procedimiento en el presente asunto. Lo anterior, en virtud de que si bien es cierto el recurso de mérito se funda en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, también lo es que la no admisión del escrito de ampliación permitiría la continuación del juicio sin permitir introducir nuevos elementos a éste para modificar o adicionar una litis en vías de integración; lo que inferirían directamente con el dictado de la sentencia. Por tanto, se dejan sin efectos la hora y fecha que se encontraban señaladas y se reserva fijar nueva fecha para que tenga verificativo, hasta en tanto el Tribunal Colegiado correspondiente resuelva el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa.
- Principal
...se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no es posible celebrarla, en virtud de que el plazo de cinco días para que la parte quejosa interponga recurso de queja en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés por medio del cual se desechó la ampliación de la demanda de amparo, aún no transcurre en su integridad, toda vez que se notificó electrónicamente el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés y dicho término transcurre del veinticinco al treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Hora y fecha. Se fijan para su celebración las nueve horas con treinta y siete minutos del diecinueve de julio de dos mil veintitrés.
- Principal
La parte quejosa desahoga la prevención ordenada mediante auto de dos de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el presente escrito de cuenta; provéase lo conducente respecto a la ampliación de la demanda de amparo y su ocurso aclaratorio. Desechamiento. Se desecha de plano la ampliación a la demanda de amparo, toda vez que respecto del acto reclamado consistente en el Decreto 340, publicados en la Gaceta del Poder Legislativo del Estado en fecha ocho de marzo del año en curso, en específico la reforma a los artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; este órgano de control constitucional advierte la existencia manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I -a contrario sensu- de la Ley de Amparo, en virtud de que el impetrante carece de interés jurídico y/o legítimo, por las razones que a continuación se explican. El artículo 113 de la ley de la materia establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de ampliación de demanda y, si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En congruencia con el precepto constitucional en cita, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5 de la ley. En ese caso, para que proceda el amparo y la protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Lo anterior es relevante porque de la interpretación armónica y sistemática entre la Constitución Federal y la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio y con ello se afecte la esfera jurídica de la quejosa. Se resalta como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Análisis de la causa de improcedencia. En el presente juicio, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que, por su naturaleza, los actos reclamados no son susceptibles de afectar la esfera de derechos de la parte quejosa y, por ende, no pueden afectar su interés jurídico ni legítimo [ausencia de interés]. Lo anterior, porque no es obligatorio que un Juez de Distrito admita todas las demandas de amparo en las que se alega un interés legítimo, sino que tiene facultades para analizar provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos. La anterior distinción cobra relevancia en la medida en que existen casos en los que del análisis de la demanda y del acto reclamado, se advierte sin lugar a dudas que la parte quejosa carece de un interés legítimo para la promoción del juicio de amparo; sin embargo, en otras ocasiones, de los elementos relatados en la demanda, pudiera desprenderse la titularidad de un interés jurídico o legítimo, en cuyo caso debe existir la posibilidad de demostrarlo durante la sustanciación del juicio de amparo. En este último caso, no es necesario que se acredite plenamente la titularidad del derecho o del interés legítimo desde la presentación de la demanda, ya que tal extremo se encuentra estrechamente vinculado con un aspecto que debe ser analizado y valorado en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo; por tanto, basta que al proveer sobre la demanda se advierta la posibilidad de que la parte quejosa sea titular de un interés legítimo para admitirla a trámite y darle oportunidad de demostrar esa situación; situación que no ocurre en el caso que se analiza. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia señalada, toda vez que de la lectura integral de la demanda se desprende que la quejosa indica, esencialmente, como actos reclamados destacados, el Decreto 340, publicados en la Gaceta del Poder Legislativo del Estado en fecha ocho de marzo del año en curso, en específico la reforma a los artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. En ese tenor, es dable establecer que la impetrante carece de interés jurídico y legítimo en función de su situación particular frente al orden jurídico cuya declaración de inconstitucionalidad pretende generar a través de este juicio de amparo, ya que la peticionaria de garantías comparece como aspirante a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León. Sin embargo, es posible concluir, desde este momento, que la promovente guarda una situación genérica, no especial frente al acto reclamado en cuestión, es decir, su situación es simplemente igual a la de todos los gobernados a nivel estatal y municipal, de manera que no existe un interés particularmente distinto o diferenciado entre el entorno personal de la quejosa y el resto de la población, en relación con la designación del Fiscal General de Justicia del estado de Nuevo León No obstante, como ya se ha explicado, resulta patente que el interés informado en la ampliación de la demanda, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el estado en que las autoridades actúen conforme al marco normativo aplicable. Tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio de la accionante, distinto al que pueda obtener cualquier gobernado; por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica de la promovente de amparo, sino que se extendería al resto de la población. En tal caso, a pesar de que a todos los habitantes de este estado les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de garantías, porque al ser global se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente en el estado, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, necesario para acudir al juicio de amparo. En conclusión, la parte quejosa no tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, de ahí la determinación de improcedencia de la demanda de amparo. Conclusión. Así las cosas, y en estricto acatamiento de los criterios emitidos, como se adelantó, debe establecerse de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda de amparo.
- Incidental
Único. Se niega la suspensión definitiva a..., en términos del considerando tercero y quinto de esta interlocutoria, por los motivos ahí especificados.
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