Carlos Eduardo Lopez Garcia

Expediente 1376/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
1376/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Lopez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el ocurso de ..., autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, carácter que se le reconoce por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA, contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el informe respectivo, los presentes autos, así como el escrito electrónico de expresión de agravios y copia de este, para la substanciación del mismo. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Con copia del ocurso de cuenta, córrase traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos legales correspondientes. Se ordena que, una vez que se tenga conocimiento de quién es el Tribunal que resolverá el medio de impugnación referido, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención decretada y al efecto se provee: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda y conforme a la información allegada mediante oficio con folio 22731, se advierte que el quejoso reclama la falta de llamamiento al juicio ordinario civil, nulidad e invalidez de testamento (antes radicado con el número de expediente ...), actualmente acumulado al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ..., ..., del índice del Juzgado Trigésimo Noveno de lo Familiar de esta ciudad. Es importante destacar que el peticionario pretende entablar una defensa únicamente como beneficiario de la herencia de la de cujus, y actualmente el albacea de dicha sucesión es .... La fijación del acto reclamado en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus aclaraciones para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." También se cita al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." III. El presente juicio es improcedente toda vez que el quejoso carece de legitimación para instar el juicio constitucional como coheredero de la sucesión que refiere, puesto que las acciones relativas a la defensa de la masa hereditaria corresponden al titular del albaceazgo y no a los herederos, al estar vinculado a la partición y adjudicación de los bienes que la integran -mientras no exista alguna determinación firme que ordene el cese de su cargo-; por lo tanto, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con los artículos 5 fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos transcritos, deriva que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción constitucional exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte al impetrante de amparo, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª.LXXX/2013 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el caso de la sucesión, el facultado para representar y defender en juicio sus intereses, cuando existe el nombramiento respectivo, es el albacea -siempre que no exista alguna resolución firme que determine el cese de su cargo-, por lo que cualquier acción ejercida por los herederos para defender los bienes del acervo hereditario será improcedente al carecer de la legitimación para ello; y es así, pues de conformidad con el artículo 1706, fracción VII del Código Civil para la Ciudad de México, una de las obligaciones inherentes al albaceazgo, es la siguiente: "Artículo 1,706. Son obligaciones del albacea general: [.] VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; [.]" Por analogía se invoca la tesis II.2o.C.395 C, de la novena época, con registro: 184859, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia(s): Civil, página: 1082, que dispone: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual." En efecto la calidad de heredero -por sí misma- no lo hace titular de un derecho subjetivo que constituya un interés jurídico para reclamar lo actuado, pues al tratarse de la defensa de los intereses de la masa hereditaria, a quien corresponde la instanciación judicial es al titular del albaceazgo. Al respecto se cita la tesis de la Séptima Época, con registro: 248429. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Sexta Parte, en materia(s): Civil, página: 87, que dispone: "HEREDEROS. CARECEN DE LEGITIMACION PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE ACTOS QUE AFECTEN EXCLUSIVAMENTE BIENES DE LA HERENCIA. El quejoso carece de legitimación procesal para intentar la acción constitucional, cuando la demanda de amparo la promueve en su carácter de heredero de una sucesión, si la sentencia que impugna afecta exclusivamente bienes de la herencia, pues conforme a los artículos 2478 y 2479, ambos del Código Civil del Estado de Yucatán, la defensa de los bienes de la sucesión corresponde únicamente al albacea y no a los herederos." En congruencia con ello, partiendo de la pretensión del quejoso, de entablar una defensa de derechos como beneficiario de la herencia, y que en el caso el reclamado implica una cuestión inherente a la defensa de la masa hereditaria, es de concluir que el presente juicio es improcedente, ya que los herederos, como tales, carecen de legitimación procesal para intentar la acción constitucional, cuando los actos impactan en la persona colectiva que representa la sucesión. Al respecto, se cita la Jurisprudencia VI.2o.C. J/241, de la Novena Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 1462, en materia Civil, que dice: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea." Incluso bajo el contexto aludido, es importante tener en cuenta que es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los herederos o legatarios tienen legitimación para defender derechos de la masa hereditaria, cuando previo requerimiento al interventor o albacea, éstos se rehúsan. Ello no ocurre en el caso, pues en la demanda y ocurso aclaratorio, no se advierten expresiones donde el accionante pretenda evidenciar que formuló algún requerimiento al albacea para entablar la defensa de la masa, para justificar la necesidad de intervenir individualmente. Al respecto se cita por analogía la jurisprudencia 1a./J. 73/2018 (10a.), de la Décima Época, en Materia Común, que dice: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Conforme al artículo 18 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, para que los herederos puedan ejercer las acciones que correspondan a la defensa de la masa hereditaria, se requiere que se dé alguna de las condiciones siguientes: I) que no se haya nombrado interventor o albacea de la sucesión, o II) que al haber sido nombrados, sean requeridos para que deduzcan esos actos, y se rehúsen a hacerlo. Así, por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo, por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el previo requerimiento mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Consecuentemente, en virtud de la falta de legitimación del quejoso, para defender los intereses de la sucesión, como exclusivamente corresponde a la albacea, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII en relación con los artículos 5 fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo; por consiguiente, procede DESECHAR LA DEMANDA, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve *****, contra actos del Juez Trigésimo Noveno Familiar de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Por recibido el oficio del Juez responsable, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento decretado en autos e informa lo solicitado, de lo que se toma conocimiento y se reserva proveer hasta que la parte quejosa acate la prevención formulada. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese el oficio de la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México; atento a su contenido, remítase copia certificada de las constancias que indica. NOTIFÍQUESE.

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