Carlos Eduardo Hernández Mendez
Expediente 840/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Hernández Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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...Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el mismo. Segundo. Publíquese la sentencia en términos del penúltimo considerando. Tercero. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe....
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Boca del Río, Veracruz, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha; sin embargo, quien suscribe Maribel Rodríguez Rojas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, se encuentra como Encargada del Despacho en términos de los artículos 44, 144, 145 y 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los artículos 175 y 183, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial, con motivo de que el titular de este órgano constitucional se encuentra de licencia médica; esto es, para practicar diligencias y dictar providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente; en consecuencia, al no encontrarse en alguno de los supuestos antes transcritos este asunto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las TRECE HORAS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, lo anterior, atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional de acuerdo con la agenda de audiencias. Notifíquese.
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Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como correspondan el escrito signado electrónicamente por ******************** autorizado con facultades amplias de la parte quejosa; atento a su contenido, téngasele ofreciendo como prueba la instrumental de actuaciones, misma que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia. Por otra parte, respecto a los diversos medios de prueba consistentes en la documental relativa a la impresión digital de la lista de control de asistencia de la Comandancia de la Policía Municipal de la ciudad de Veracruz, Veracruz, correspondientes a los días veintiuno y veintidós de agosto del año en curso, inspección ocular y testimonial que refiere el promovente, lo precedente es desechar dichas probanzas, toda vez que las mismas son inconducentes, en virtud de que las mismas no son tendentes a acreditar la existencia de los actos reclamados, ni la inconstitucionalidad de los mismos, pues con dichos medios de convicción pretende controvertir lo manifestado por las responsables en su informe justificado, respecto a la aclaración que se hace en los mismos, relativo al dictado de la resolución administrativa de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, notificada y ejecutada en la misma fecha, en la que se determinó su remoción como elemento de la Policía Municipal, dadas sus faltas injustificadas durante los días veintiuno, veintidós y veintitrés de agosto pasado, lo cual no constituye el acto reclamado en esta vía constitucional; en mérito de lo anterior, resulta pertinente establecer que el acto reclamado que en esta vía constitucional se combate se ciñe medularmente a la emisión y ejecución verbal del acto de autoridad consistente en la orden y/o resolución administrativa de suspensión y/o baja de su trabajo derivado de una supuesta queja en su contra ocurrida el veintiuno de agosto pasado. En principio, es de señalarse que el sistema normativo que rige al juicio de amparo indirecto, permite la acreditación de hechos relacionados con las pretensiones de las partes a través de cualquier medio probatorio, salvo el de la confesión lograda a través de posiciones. Además, faculta al Juez para rechazar aquellos medios probatorios que no guarden relación con los hechos que se pretende probar y aquellos que resulten contrarios al derecho o a la moral; lo anterior se encuentra contemplado en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, cuyo contenido permite considerar, entre otras cosas, lo siguiente: En el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional. - Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida en ese acto. - En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección judicial, para su debida preparación, deben ofrecerse cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última. - La audiencia constitucional y la recepción de pruebas son públicas. - Una vez abierta la audiencia constitucional se procede a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito, dictándose a continuación el fallo respectivo Por otra parte, los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo conforme al artículo 2o. de la ley de la materia, disponen: "Art. 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquiera persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos..." "Art. 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones." "Art. 85. Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son renunciables." "Art. 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho." Lo anterior pone de manifiesto que en el juicio de amparo la admisión y desahogo de las pruebas que se ofrezcan, excepto la confesional por posiciones -al estar prohibida-, tienen una regulación especial; además, deben ser pertinentes para evidenciar o desvirtuar los hechos controvertidos; idóneas o adecuadas para probar lo que se pretende; y oportunas, esto es, ofrecerse dentro del plazo establecido en la ley. Luego, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que las partes pueden ofrecerlas y le serán admitidas, siempre que se cumplan los requisitos necesarios, entre ellos que se ajusten a los principios de pertinencia, idoneidad y oportunidad. El principio de pertinencia, impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que se allegue de manera oficiosa, que tengan relación inmediata con los hechos cuya demostración se pretende, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. La idoneidad de la prueba, es un principio que se rige a su vez, por los de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal; consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedida impartición de justicia. En cuanto al principio de oportunidad de las pruebas, implica tomar en consideración las reglas relativas a la temporalidad con que deben anunciarse, ofrecerse y desahogarse, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia P./J. 41/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 157, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189894, que establece: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." En ese tenor, el ofrecimiento de las pruebas ofertadas por el autorizado de la parte quejosa, no se encuentran encaminadas a acreditar la existencia del acto reclamado que dio origen al presente juicio de amparo, ni la inconstitucionalidad del mismo, toda vez que como se indicó, con dichos medios de convicción pretende controvertir lo manifestado por las responsables en su informe justificado, respecto a la aclaración que se hace en los mismos, relativo al dictado de la resolución administrativa de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, relacionada con su remoción como elementos de la Policía Municipal de Veracruz, lo cual no es el acto reclamado en esta instancia constitucional; pues incluso pretende acreditar hechos posteriores a los narrados como antecedentes del acto reclamado, generadores del mismo, que en esta vía se pretende combatir. Por lo anteriormente expuesto, se desechan las pruebas consistentes en la documental, inspección ocular y testimonial que refiere el autorizado de la parte quejosa. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda lo de cuenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos respectivamente por el Coordinador de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Veracruz y por el Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, ambos con residencia en la ciudad del mismo nombre; con los cuales se da vista a las partes para los efectos legales correspondientes. De igual manera, se les tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su respectivo informe y como delegados para tales efectos a las personas que ahí mencionan, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. Asimismo, téngase como pruebas de las responsables las documentales que adjuntaron al informe de cuenta, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, las que se ordenan glosar al expediente en que se actúa. Ahora bien, vista la certificación de cuenta se advierte que para esta fecha se encuentra programada la audiencia constitucional; sin embargo, en esta misma data se tiene por rendido el informe justificado del Coordinador de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Veracruz y del Comandante de la Policía Municipal de Veracruz, ambos con residencia en la ciudad del mismo nombre; por lo que, una vez que surta efectos la notificación que se practique del presente acuerdo, empezará a transcurrir el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, toda vez que el presente expediente no se encuentra totalmente integrado y a fin de no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de protección de derechos fundamentales, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señala como nueva data para su verificativo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este órgano de control constitucional, en relación con la agenda de audiencias de este juzgado, que así lo permite. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Pedro Alberto Reyes Ochoa, secretario con quien actúa y da fe. PARO/tmaa*
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