Carlos Eduardo Garcia Aviles
Expediente 219/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Garcia Aviles
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y en atención a lo ordenado en el proveído de esta fecha, dictado en el juicio de amparo 839/2017-IV-B, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, párrafo segundo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión definitiva; y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Toda vez que el presente se formó por duplicado; procédase a su destrucción, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda.
- Principal
MESA VI CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo promovida por María Avilés Hernández, en representación de Carlos Eduardo García Avilés, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco y elementos a su mando, con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 219/2019-VI-A. SUSPENSIÓN DE PLANO Considerando la naturaleza y estrecha relación que guardan los actos reclamados, con fundamento en el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 22, de la Constitución General de la República, se concede la suspensión de plano para el efecto que la autoridad responsable brinde la atención médica que requiera al directo agraviado Carlos Eduardo García Avilés, acorde a los padecimientos que diagnostique el personal calificado con que cuenta el área respectiva del centro donde se encuentra interno y conforme a ello, de ser necesario, se realicen las gestiones para la práctica de los estudios clínicos indispensables. Efecto que implica que la autoridad responsable no solamente brinde la atención médica adecuada del diagnóstico de los padecimientos, sino en caso de requerir un estudio especializado se le practique, asimismo, brindar los artículos de higiene adecuados y suministrando al quejoso el medicamento necesario para velar por su salud física, en tanto su diagnóstico lo permita y cualquier otra medida de carácter urgente que se estime necesaria para lograr tal propósito. En el entendido que no cesa la obligación con el hecho de haber sido atendido el quejoso por una sola vez, después de la presentación de la demanda de amparo; ello encuentra sustento en los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptados por las Naciones Unidas. Ordenamientos internacionales que imponen la obligación a las autoridades penitenciarias de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, quienes deben velar por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico, cada vez que sea necesario, derecho humano que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo cuarto. Es aplicable la tesis I.4o.A. J/90, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 1919, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL AFECTADO EN SUS DERECHOS". Asimismo, resulta aplicable la tesis XXVII.Io. (VIII Región) 8p (10a), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional página: 1857, de rubro: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QUE TENGA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA". Por otra parte, dada la naturaleza de los diversos actos reclamados, consistentes en actos de incomunicación, segregación y aislamiento, de los cuales la promovente refiere que es objeto el directo quejoso, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que no se ejecuten en perjuicio del directo quejoso algún acto de incomunicación y/o actos que puedan poner en peligro la vida y/o su integridad física, tales como tortura, golpes, marcas, y demás prohibidos por el artículo 22, constitucional, puntualizándole a la autoridad responsable que deberá efectuarse bajo su más estricta responsabilidad. De igual forma, respecto de los actos consistentes en la omisión de proporcionarle artículos de limpieza, ropa y calzado, así como encontrarse aislado en una celda de castigo, si bien no encuadran exactamente en el artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, pues dichas circunstancias pueden constituir tormento por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro hómine. Por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que se suspenda la restricción de derechos y estímulos, así como para que se reinstale al quejoso Carlos Eduardo García Áviles en el dormitorio que originalmente le fue asignado en el Centro de reclusión en el que se encuentra interno. Resulta aplicable la tesis 1ª./J. 35/2018 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, Tomo I, página 964, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE, ES PROCEDENTE CONCEDERLA DE PLANO Y DE OFICIO TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE PROVEER A LOS INTERNOS ROPA Y ZAPATOS EN BUEN ESTADO". Asimismo, apoya lo anterior la tesis Aislada I.10o.P.1 P (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Tomo IV, foja 2725, publicada en Agosto de 2016, Materia Común, Décima Época. de rubro siguiente: "REUBICACIÓN DE UN INTERNO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A UNA CELDA DE CASTIGO COMO MEDIDA DISCIPLINARIA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CON EL EFECTO RESTAURATIVO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 147, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA." En el concepto que esta medida deberá ser observada y respetada por la autoridad señalada como responsable e inclusive por sus auxiliares, quedando a cargo del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, con sede en Villa Aldama, Veracruz, que es el lugar en el que refiere la promovente se encuentra recluido el directo quejoso, notificándole vía fax, y ordenando a dicha autoridad que deberá comunicar a este Juzgado dentro del término de veinticuatro horas legalmente computado, el debido cumplimiento de esta medida suspensional. Lo anterior con el apercibimiento que de no rendir tal informe, se dará vista al Representante Social Federal, por la responsabilidad en que incurra, pues la violación a este mandato equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que de llegarse a consumar, de inmediato será consignado para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. De igual forma, hágase saber a la autoridad responsable que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos legales a que haya lugar. INCOMPETENCIA. Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías que nos ocupa, por las razones siguientes: En principio, es necesario precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De las hipótesis normativas que el último precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: 1) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: 1.- El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: A) el acto aún no ha sido ejecutado y B) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de garantías, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. 2.- El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3.- El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: A).- Actos de Tracto Sucesivo.- que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. B) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo.- que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 4.- En donde se ejecute, es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Así también, para delimitar la competencia del órgano jurisdiccional que deba conocer de ella, debe considerarse como legalmente competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción, en este caso, en donde tuvo y tendrá ejecución el acto tildado de inconstitucional. Ahora bien, de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte, en principio, que la parte promovente manifestó que el agraviado directo Carlos Eduardo García Avilés, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, con sede en Villa Aldama, Veracruz, señalando como actos reclamados la falta u omisión de asistencia médica al directo agraviado, y la incomunicación y segregación de que éste ha sido objeto; actos que atribuyó al Director del indicado Centro de Readaptación Social. Por lo que, es evidente que la citada autoridad tienen su domicilio fuera de la jurisdicción de este órgano judicial, como también lo es que dichos actos reclamados tienen su ejecución en Villa Aldama, Veracruz, por ser el lugar donde se encuentra recluido el directo quejoso, y no así en esta ciudad; de tal suerte que corresponde conocer de la demanda de amparo que nos ocupa al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en la ciudad donde se ejecuta el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.2o.P.16 K (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, julio de dos mil dieciséis, Tomo III, página: 2093, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Asimismo, es aplicable al caso la tesis aislada de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228 Séptima Parte, página 88, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En virtud de lo expuesto, este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, por lo tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y una vez que se encuentre debidamente notificada del presente proveído la parte promovente, remítase los autos originales junto con los traslados correspondientes al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en turno, toda vez que en su jurisdicción se ubica el domicilio del Centro de Ejecución, en que está interno el peticionario de amparo. Por tanto, remítase el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; a quien se le solicita que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, por lo que realícense las notificaciones por lista de acuerdos a la parte quejosa, por así haberlo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XXII.1o.22 K, sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, con número de registro 195064cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. SOLICITUD DE COPIAS Como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de este proveído por duplicado, y entréguese a esta, previa constancia que por su recibo se deje en autos.
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