Carlos Eduardo Fuentes Barrón

Expediente 125/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
125/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Fuentes Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no recurrió en el plazo legal el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese este asunto como definitivamente concluido. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Ahora bien, en atención a que en el incidente de suspensión se concedió la provisional y la definitiva quedó sin materia, en consecuencia, solamente el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias que remitió como sustento de su informe la autoridad responsable; en consecuencia, devuélvase dichas constancias, en un tomo, solicitando atentamente acusar recibo de su recepción.

  2. Incidental

    De la certificación que antecede se advierte que la quejosa no recurrió en el plazo legal el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese este asunto como definitivamente concluido. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó en el juicio, además de que no se considera de relevancia documental; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Ahora bien, en atención a que en el incidente de suspensión se concedió la provisional y la definitiva quedó sin materia, en consecuencia, solamente el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias que remitió como sustento de su informe la autoridad responsable; en consecuencia, devuélvase dichas constancias, en un tomo, solicitando atentamente acusar recibo de su recepción.

  3. Principal

    SE TIENE POR RENDIDO INFORME JUSTIFICADO DE LA RESPONSABLE... SE TIENE POR ADMITIDA PRUEBA DOCUMENTAL Y DILIGENCIA ELECTRÓNICA... SE FORMA TOMO DEP RUEBA... SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA POR HABER SIDO MATERIA EL ACTO RECLAMADO DE DIVERSOS JUICIOS DE AMPARO... SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve que en resumen dice: "Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. De igual forma, se admite como prueba documental la constancia y diligencia electrónica en formato de video remitida por la autoridad oficiante, archivo que quedará a cargo del secretario encargado del trámite del expediente en cuaderno de pruebas por separado debidamente identificado. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable, fórmese un cuaderno de prueba por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. En el caso, se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados fueron materia de análisis un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Los elementos para que se actualice la cosa juzgada son los siguientes: I. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: a) Por el mismo quejoso o quejosos. b) Contra las mismas autoridades. c) Por el propio acto reclamado. II. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Este precepto protege dos principios elementales, el primero de ellos es el relativo a la cosa juzgada y el segundo, exclusivo del juicio de amparo, establece que lo resuelto en el mismo no puede sujetarse a un nuevo medio de control constitucional, naturalmente, esta última prohibición debe hacerse extensiva a los actos que hayan sido pronunciados en un distinto procedimiento constitucional, porque de lo contrario, aun sin afectar la autoridad de la cosa juzgada en estricto sentido (porque se trata de un acto que ya fue analizado en otro juicio de amparo), invariablemente se estaría calificando la constitucionalidad de cuestiones que ya fueron objeto de decisión en una diversa sentencia de amparo, que una vez ejecutoriada, no puede controvertirse y aún menos considerarse como directa o indirectamente violatoria de los derechos fundamentales del peticionario. Es decir, si el acto reclamado fue objeto de una decisión definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o si constituye su consecuencia lógica y jurídica inmediata, en virtud de que tales cuestiones ya fueron motivo de controversia y decisión, lo examinado y resuelto adquiere firmeza procesal y tiene como consecuencia la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, toda vez que contra ella no procede recurso que permita modificarla. Conviene destacar, como hecho notorio, la existencia de diversos expedientes que incide de manera directa en la procedencia de la demanda a estudio, a saber, el juicio de amparo 80/2018 del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad y 969/2018 del índice de éste órgano jurisdiccional, promovido por el mismo quejoso, contra la orden de aprehensión que aquí reclama. De la confrontación de datos se advierte que los tres procedimientos de amparo fueron promovidos por Carlos Eduardo Fuentes Barrón, y que el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, ya fue materia de diversos juicios de amparo. En el juicio de amparo 80/2018, del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, se negó el amparo contra dicho mandato de captura. En el juicio de amparo 969/2018 se dictó auto de sobreseimiento fuera de audiencia el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, la cual se agrega como hecho notorio a este cuaderno, en la que se sobreseyó al considerar que se verificaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, esto es, dicha orden de aprehensión fue materia de diverso juicio de amparo, promovido por el quejoso, a saber, el 80/2018 del índice del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. Por tanto, se afirma que lo resuelto en los diversos amparos 80/2018 y 969/2018, surte efectos de cosa juzgada respecto del acto que ahora controvierte la parte quejosa. Asumir una posición contraria, implicaría que la parte quejosa, pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, lo que sería en detrimento de la Justicia Federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar algo que fue resuelto por diverso órgano constitucional, lo que es contrario a la buena fe que persigue el juicio de amparo. De modo que, ya no es legalmente permitido que la parte quejosa acuda nuevamente a promover la presente demanda de amparo donde, igual que en el otro amparo, reclame la orden de aprehensión. Ese aspecto constituye cosa juzgada: desde el juicio de amparo 80/2018 del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, ya que se determinó que se consideraron satisfechos los requisitos para emitir la orden de aprehensión, por lo que ya no es válido que acuda a reclamar lo ya resuelto. Máxime que de la demanda de amparo se advierte que las circunstancias en que la presentó son las mismas que imperaban desde aquel que se resolvieron los juicios de amparo 80/2018 y 969/2018. Por tanto, al materializase la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee el juicio de amparo fuera de audiencia. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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