Carlos Eduardo Figueroa Vadillo

Expediente 105/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
105/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Figueroa Vadillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    MESA I. Visto el estado procesal que guardan estos autos y toda vez que mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo de este expediente como asunto concluido, y toda vez que se tramitó el incidente de suspensión relativo, sin que se realizara pronunciamiento alguno en relación a los autos incidentales derivados del presente juicio; en consecuencia, dando cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la diversa hipótesis a que se refiere la fracción III del punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo y acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Finalmente en cuanto al valor jurídico del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se hace el señalamiento de que no lo tiene. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA I.Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, debe ser DESTRUIBLE, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  3. Principal

    MESA I. ... toda vez que se actualiza la causa de improcedencia precisada en la numeral 61, fracción XXI, se impone sobreseer el presente juicio respecto al acto reclamado con antelación, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a su escrito de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en el auto de doce de enero de dos mil dieciocho, en el que se requirió al quejoso, garantizar por un año la pensión alimenticia de su hija menor, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa, se estima que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y por ende debe sobreseerse este juicio, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Conforme a los numerales previamente reproducidos, se tiene que en el caso en que se promueva un juicio de amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia, éste procederá contra la última resolución dictada en ese procedimiento, en cuyo caso los quejosos podrán reclamar en su demanda las diversas violaciones cometidas durante el mismo, que los hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Así, la regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Además, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización permitiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones, es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que: Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de tal resolución definitiva. Declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente ó, Tratándose de los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el entendido de que cualquiera que sea el caso en que se ubique el accionante de amparo, éste podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. En otras palabras, la Ley de Amparo no permite que se promueva el amparo respecto de todos y cada uno de los actos que durante la etapa de ejecución se lleguen a dictar, sino que limita su promoción a la última resolución en dicho procedimiento, cuyas hipótesis han sido acotadas. Así las cosas, se afirma que en el caso concreto el quejoso no se encuentran en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en el auto de doce de enero de dos mil dieciocho, en el que se requirió al quejoso, garantizar por un año la pensión alimenticia de su hija menor, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa. De lo anterior, es dable advertir, que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad manifestó en su demanda, del informe justificado y de las constancias que adjuntó la responsable, que el auto reclamado está vinculado con la ejecución del juicio de guarda y custodia número 7701/2012, pues de las citadas constancias se desprende lo siguiente: 1.- Mediante resolución de diez de diciembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el juicio ordinario civil de guarda y custodia número 3731/2012, promovido por Rosa Elena Lavalle Lorenzana contra actos de Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, ante el Juzgado Segundo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el que se condenó entre otras cuestiones, a este último a pagar en concepto de pensión alimenticia a su menor hija la cantidad de $2.000.00. 2.- El ocho de junio de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en autos del toca 152/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto por las partes del aludido juicio en contra de la sentencia de primera instancia, en la cual, la sala modificó la aludida resolución y condenó en concepto de pensión alimenticia la cantidad de $8,000.00. 3.- El doce de enero de dos mil dieciocho, en el expediente de ejecución número 7701/2012, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, la juez responsable, comisionó al actuario adscrito a dicho juzgado, a fin de que requerir al aquí quejoso, para que en el término de tres días, señale la manera en que garantizara la pensión alimenticia en ese procedimiento por el término de un año, con apercibimiento de multa. De lo anterior, es dable advertir que el proveído reclamado fue dictado en la etapa de ejecución del juicio de guarda y custodia número 7701/2012. En esa medida, al no tratarse de la última resolución en esa etapa de ejecución del juicio de guarda y custodia de origen, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es inconcuso que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado con antelación, con base en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracciones XXI y XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA I. ... toda vez que se actualiza la causa de improcedencia precisada en la numeral 61, fracción XXI, se impone sobreseer el presente juicio respecto al acto reclamado con antelación, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación a su escrito de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado consistente en el auto de doce de enero de dos mil dieciocho, en el que se requirió al quejoso, garantizar por un año la pensión alimenticia de su hija menor, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa, se estima que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y por ende debe sobreseerse este juicio, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Conforme a los numerales previamente reproducidos, se tiene que en el caso en que se promueva un juicio de amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia, éste procederá contra la última resolución dictada en ese procedimiento, en cuyo caso los quejosos podrán reclamar en su demanda las diversas violaciones cometidas durante el mismo, que los hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Así, la regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Además, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización permitiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones, es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que: Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de tal resolución definitiva. Declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente ó, Tratándose de los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el entendido de que cualquiera que sea el caso en que se ubique el accionante de amparo, éste podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. En otras palabras, la Ley de Amparo no permite que se promueva el amparo respecto de todos y cada uno de los actos que durante la etapa de ejecución se lleguen a dictar, sino que limita su promoción a la última resolución en dicho procedimiento, cuyas hipótesis han sido acotadas. Así las cosas, se afirma que en el caso concreto el quejoso no se encuentran en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en el auto de doce de enero de dos mil dieciocho, en el que se requirió al quejoso, garantizar por un año la pensión alimenticia de su hija menor, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa. De lo anterior, es dable advertir, que de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad manifestó en su demanda, del informe justificado y de las constancias que adjuntó la responsable, que el auto reclamado está vinculado con la ejecución del juicio de guarda y custodia número 7701/2012, pues de las citadas constancias se desprende lo siguiente: 1.- Mediante resolución de diez de diciembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el juicio ordinario civil de guarda y custodia número 3731/2012, promovido por Rosa Elena Lavalle Lorenzana contra actos de Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, ante el Juzgado Segundo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el que se condenó entre otras cuestiones, a este último a pagar en concepto de pensión alimenticia a su menor hija la cantidad de $2.000.00. 2.- El ocho de junio de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en autos del toca 152/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto por las partes del aludido juicio en contra de la sentencia de primera instancia, en la cual, la sala modificó la aludida resolución y condenó en concepto de pensión alimenticia la cantidad de $8,000.00. 3.- El doce de enero de dos mil dieciocho, en el expediente de ejecución número 7701/2012, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, la juez responsable, comisionó al actuario adscrito a dicho juzgado, a fin de que requerir al aquí quejoso, para que en el término de tres días, señale la manera en que garantizara la pensión alimenticia en ese procedimiento por el término de un año, con apercibimiento de multa. De lo anterior, es dable advertir que el proveído reclamado fue dictado en la etapa de ejecución del juicio de guarda y custodia número 7701/2012. En esa medida, al no tratarse de la última resolución en esa etapa de ejecución del juicio de guarda y custodia de origen, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es inconcuso que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, respecto al acto reclamado con antelación, con base en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracciones XXI y XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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