Carlos Eduardo Fernandez Rivera

Expediente 1402/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1402/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Fernandez Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 23/09/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE

  2. Principal

    Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Carlos Eduardo Fernández Rivera, por propio derecho, a través del cual desahoga la prevención formulada en el auto de treinta de agosto de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que obre como corresponda y en atención a su contenido, se tiene por desahogada dicha prevención en los términos que el promovente precisa. Ahora bien, como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631) Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (No. Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32). De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso concreto, se reclama la omisión de cumplir la sentencia de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de nulidad 1402/19-17-08-4, del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como la omisión de requerir su cumplimiento. Adicionalmente, conviene destacar que del escrito de desahogo se advierte que el promovente manifestó que en contra de ese incumplimiento del cual se duele, no ha promovido queja por omisión en el cumplimiento. En este tenor, se advierte que en el caso cobra actualización la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Federal. Para demostrar la causa de improcedencia citada, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, a la letra señalan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé´ la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De las normas citadas, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario que se ejerce sobre los actos o leyes emanados del Poder Público, de tal suerte previo a la promoción de la acción constitucional por parte del gobernado, éste debe acudir a los medios o vías que en la jurisdicción ordinaria tenga a su alcance para controvertir los actos de las autoridades del orden común. Es decir que, el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales proceda un medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que para ello se prevea su suspensión, sin que los requisitos de ésta y el plazo para decretarla sean mayores a los que prevé la Ley de Amparo. El principio de definitividad en el juicio de amparo, conlleva al agraviado a agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevea contra el acto de autoridad y que produzcan su modificación, nulidad o revocación, previo a instar el juicio de amparo. La justificación del principio de definitividad radica en que el amparo es el único medio extraordinario de control constitucional de los actos de autoridad, erigiéndose como la instancia final contra la impugnación de cualquier acto. En este sentido, conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el principio de definitividad se actualiza en tanto concurran los siguientes supuestos: 6 1. Que el acto de autoridad sea revisado de oficio, o bien, proceda en su contra algún medio de defensa a instancia de la parte agraviada, que lo modifique, revoque o anule. 2. Que la norma que rige el acto de autoridad o el medio ordinario de defensa prevea la institución de la suspensión, cuyos requisitos de procedencia y plazo para decretarla no sean mayores a los previstos en la Ley de Amparo, independientemente de que el acto reclamado sea susceptible de paralización. 3. Que el acto impugnado esté fundado desde el punto de vista formal. 4. Que el acto reclamado no esté comprendido en alguna de las excepciones al principio de definitividad en el amparo indirecto en materia administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracciones XIV y XVIII de la Ley de Amparo, y cuyas hipótesis son las siguientes: Que no se trate de normas o disposiciones de carácter general (leyes, reglamentos, etcétera), que se reclamen por su sola vigencia (autoaplicativa) o con motivo de algún acto de aplicación (heteroaplicativa). Que se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Que no se trate de actos impliquen una violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. Que no se trate de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Que el recurso ordinario o medio de defensa legal que proceda esté previsto en un reglamento. Que se afecte a una persona extraña o una persona por equiparación a un extraño en un juicio o procedimiento. Luego, en el caso, se advierte que el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad previsto en la fracción XX del numeral 61, de la Ley de Amparo, pues considerando que el acto reclamado es la falta de cumplimiento de la sentencia de nulidad y al subsistir la falta de acatamiento de dicho fallo, en su contra procede el recurso de queja por omisión previsto en el artículo el artículo 36, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el 58, fracción II, inciso a), punto 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. A efecto de corroborar lo dicho, a continuación, se transcriben los citados artículos: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala;" Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 8 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. " Sobre tales premisas, se advierte que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece el recurso de queja, a instancia de parte cuyo objetivo es asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal de substanciación. En este punto, es importante destacar que para obtener el debido cumplimiento de una determinación, se pueden presentar diversas hipótesis, como son: a) El exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. b) Repetición de la resolución anulada, o bien, c) Omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. En el caso concreto, el recurso de queja al que alude el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debe interpretarse en el sentido de que puede interponerse cuando exista omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trata. En este tenor, el quejoso se encuentra constreñido a agotar los medios ordinarios de defensa correspondientes para lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, hasta sus últimas consecuencias; de ahí que si la promovente del amparo considera que existe omisión en el cumplimiento, es inconcuso que está constreñido a recurrir, previamente a la promoción del juicio de amparo, todas las instancias ordinarias aptas para revocar, modificar o nulificar los actos reclamados. De lo que resulta, que el recurso de queja referido es el medio de impugnación que el gobernado aquí agraviado, tiene a su alcance para impugnar la omisión del cumplimiento que aquí combate, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, y no ser promovido, el amparo es improcedente. Esto es, el recurso de queja mencionado, es el medio de impugnación que el gobernado tiene a su alcance para reclamar la omisión de la autoridad demandada en el juicio de origen en acatar la sentencia dictada por la Sala Regional Metropolitana correspondiente, por lo que al no haber agotado el mencionado recurso, el amparo es improcedente. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.) de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." (No. Registro: 2024468, Undécima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Libro 12, Abril de 2022, página: 1741). También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número II.2o.T.Aux.30 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo contenido es: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. El artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula el trámite del recurso de queja cuando la autoridad omite cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Consecuentemente, antes de acudir al amparo indirecto para lograr el cumplimiento de la mencionada resolución, debe agotarse el referido medio ordinario de defensa, pues de lo contrario el quejoso carecerá de interés jurídico para acudir a la vía constitucional. Así como la tesis LXXVIII/203 (10a): "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO (ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). El hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe, esto es, contra: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la citada Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del diverso 51 del indicado ordenamiento, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; 3. La omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; y, 4. El incumplimiento de la autoridad a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Es decir, la frase: "La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez", debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos." Lo anterior también tiene apoyo, por analogía, en el criterio jurisprudencial número 1a./J. 44/2012, de la primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo a anularlo." (Registro: 2001155, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 44/2012 (10a.), Página: 729 ) Así, el artículo 58 fracción II, inciso a), subinciso 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el actor puede acudir en queja cuando la autoridad haya omitido dar cumplimiento a la sentencia, y en ese supuesto, dispone dicho precepto, se interpondrá por escrito acompañado de la resolución motivo de la queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia; en dicho escrito expresará las razones por las que considere que hubo exceso o defecto en el incumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien se expresará la omisión en el cumplimiento de la resolución que se trate. En este orden de ideas, la demanda de mérito resulta improcedente porque, como ya se precisó, la promovente, previo a instar el juicio de amparo, debe indefectiblemente agotar el recurso de queja que prevé el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que es el medio de impugnación que el gobernado aquí agraviado, tiene a su alcance para combatir el incumplimiento a la sentencia definitiva por parte de la autoridad demanda en el juicio de origen, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, de no ser utilizado, el amparo es improcedente. Por otro lado, acorde con la hipótesis descrita en el inciso 2), el artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión que la que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: JUICIO DE AMPARO P- 1402/2022- VI "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE)." (Registro: 2001434, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Decima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 2, Página: 1933). Corrobora la jurisprudencia citada que los requisitos previstos en el juicio de nulidad no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo. No es óbice para arribar a la anterior conclusión que la jurisprudencia con número de registro 2001434 se refería a la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que subsisten las mismas hipótesis de la Ley actual. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, por cuanto hace a la hipótesis mencionada en el inciso 3), relativa a que el acto impugnado esté fundado, en el caso particular debe decirse que el acto reclamado se trata de la omisión de dar cumplimiento a la sentencia, por lo que en un momento dado el actuar de la autoridad debe ceñirse a la lineamientos de la aludida sentencia la cual se dictó atendiendo a las razones y preceptos en ella contenidos, de ahí que la quejosa está obligado a observar el principio de definitividad. Consecuentemente, desde esta perspectiva, la parte quejosa se obligaba a observar el principio de definitividad, o sea, debió interponer queja por incumplimiento de sentencia. En cuanto al supuesto descrito en el apartado cuarto, relativo a las excepciones al principio de definitividad, conviene mencionar que la queja por incumplimiento no está previsto en un reglamento sino en una ley como es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de manera que no se configura la excepción respectiva. Por otro lado, no se advierte que se genere una violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 16 en lo referente a la materia penal, 19 y 20 constitucionales, ni constituye un acto que importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. En otro aspecto, no se actualiza la excepción consistente en que el quejoso sea tercero extraño porque él es la parte actora en el juicio de anulación. En las condiciones apuntadas, se estima colmada la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías promovida por Carlos Eduardo Fernández Rivera, por propio derecho. De conformidad con los razonamientos esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de su demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Notifíquese personalmente al promovente en el domicilio ubicado en ***

  3. Principal

    ***** Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta recibido a través del sistema MINTERSCJN, por medio del cual se hace del conocimiento el contenido del auto de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del incidente de inejecución de sentencia 86/2022, de su índice, por el que ordena remitir diversas constancias exhibidas por las autoridades responsables con las cuales aducen haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y sus anexos, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierten las autoridades responsables de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibido que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese; y personalmente al quejoso Hilarión Guerrero Sánchez, en el domicilio ubicado en *****

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