Carlos Eduardo Estrada Lucio

Expediente 113/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
113/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Estrada Lucio
  • Juez Segundo de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado. Matamoros, Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 113/2022-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión provisional) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del quince de abril de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia emitida el doce de septiembre de este año, en la que por una parte se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal a Carlos Eduardo Estrada Lucio, en el presente juicio; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa del precepto 2° de esta última legislación, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a la autoridad responsable que tienen su residencia fuera de la jurisdicción de este tribunal, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que le fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente juicio se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, el resto de las actuaciones se destruirán por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 113/2022-I, promovido por Carlos Eduardo Estrada Lucio, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, Carlos Eduardo Estrada Lucio, solicitó el amparo y protección de la justicia Federal, en el juicio de amparo directo, en contra de los actos reclamados de la autoridad que a continuación se menciona: ACTOS RECLAMADOS: "El proveído de fecha 14 de diciembre del 2021, emitido por la autoridad responsable cuya sentencia es incongruente con la verdad expuesta, notificado el 16 de diciembre del 2021. Como segundo acto reclamado el proveído de fecha 17 de enero del 2022 dejando a mi representada en TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN. Otorgamiento de las escrituras a nombre del C. J. Pascual Salazar Villaseñor y cuáles fueron los procedimientos para otorgarlas." AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: 1. Juez del Juzgado Segundo de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado. 2. Secretario del Juzgado Segundo de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Ambas con residencia en esta localidad. 3. Director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, con sede en Ciudad Victoria. EJECUTORAS: 4. Actuario de la Central de Actuarios que designe para ejecución el Juzgado Segundo de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado. 5. Inspector General en Matamoros de la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Ambas con residencia en esta localidad. SEGUNDO. Mediante proveído de veintiséis de enero de dos ml veintidós, se desechó la demanda de garantías promovida por el quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio; en su contra, se interpuso el recurso de queja correspondiente, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, quien por ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil veintidós, emitida dentro de la queja 34/2022, declaró fundado el medio de impugnación. TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, este Tribunal Federal realizó lo siguiente: admitió a trámite la demanda de garantías; la registró en el libro de gobierno que para juicios de amparos se lleva bajo el número 113/2022-I; solicitó los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y; fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor, del análisis integral de la demanda de amparo, se establecerá cuál es el acto objeto de la litis constitucional. Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de la Novena Época, número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, por las consideraciones que la informa la tesis aislada número P.VI/2004, visible en la página 255 del Tomo XIX, del mes de Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De la trascripción de los actos reclamados, como del contenido de los antecedentes de los mismos y los conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Los proveídos de catorce de diciembre de dos mil veintiuno y diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuatro Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, por medio de los cuales se le requirió el cumplimiento voluntario y la ejecución forzosa de la sentencia ejecutoriada dictada dentro del expediente 634/2018, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por el ahora tercero interesado J. Pascual Salazar Villaseñor, en contra del aquí quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio. TERCERO. El apoderado General para pleitos y cobranzas del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado esa negativa con prueba en contrario, por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo en relación con los actos de la autoridad señalada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo sumario, a la letra, dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. El Juez y el Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuatro Distrito Judicial del Estado; así como el Coordinador de la Central de Actuarios del Cuatro Distrito Judicial del Estado, todos con residencia en esta localidad, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados; además, las primeras, remitieron copias autorizadas expediente 634/2018, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por el ahora tercero interesado J. Pascual Salazar Villaseñor, en contra del aquí quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio, a las que se les otorga el carácter de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo en vigor; consecuentemente, para todos los efectos legales a que haya lugar, deben tenerse como ciertos los actos que de ellas se reclama. En la especie, es aplicable la jurisprudencia número 278, visible a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, la diversa jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. El Agente de la Policía Investigadora encargada del Distrito Matamoros, con residencia en esta localidad, al rendir su respectivo informe justificado negó los actos que se les atribuyen; sin embargo, como en el caso la autoridad responsable ordenadora Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuatro Distrito Judicial del Estado, de esta ciudad, admitió la existencia de los mismos, debe imperar similar criterio respecto de los actos que se reclamaron a la referida en primer término, no obstante que haya negado su existencia; pues, al presente expediente fue llamada en su carácter de autoridad ejecutora; por ende, en un momento dado, no podría dejar de cumplir con el mandato emitido por la autoridad ordenadora, que aceptó la existencia de los mismos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia Tesis: VI.1º.P. J/42, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la página 913 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, correspondiente al mes de abril de dos mil tres, Novena Época, por contener consideraciones aplicables al caso, la cual dice: "AMPARO DIRECTO. LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA EJECUTORA, DEPENDE DE QUE LA ORDENADORA LA ADMITA Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO DE AQUÉLLA O DE LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, PUES NO RESULTA APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora, es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o rindiéndolo, hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución, en vía de consecuencia lógica jurídica y no por vicios propios, tal como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.". Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que mientras en la vía directa los actos reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectiva y expresamente expuesto por la responsable; y en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta, los actos de ejecución impugnados no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica, y en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV, cuyo rubro es: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO."; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de la constitucionalidad del acto reclamado, invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiera reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto, debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde, lo que se resuelva respecto de uno, tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal". SEXTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, lo conducente es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al numeral 62 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; disposición que ha sido interpretada conforme al texto de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Pues bien, en lo que concierne al Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, este Tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." De los preceptos reseñados, interpretados en sentido contrario, se permite concluir que el juicio de amparo no es procedente contra actos provenientes de particulares, cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad. Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, en el juicio de amparo tendrán el carácter de autoridades responsables, aquéllas que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso del secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, se encuentra limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por el titular, esto es, sólo tiene la calidad de un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, por ende, es inconcuso que no le asiste el carácter de autoridad responsable. Cobra aplicación, la jurisprudencia III.2o.C.J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con registro electrónico 180248 y visible en la página 2292, del tomo XX, octubre de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." Por las razones anotadas, al actualizarse el motivo de improcedencia plasmado en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este juicio de garantías, únicamente por lo que hace a la autoridad especificada en este apartado, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la legislación de la materia. SÉPTIMO. En otro orden de ideas, respecto de las restantes autoridades responsables, de las cuales se acreditó la existencia de los actos aquí combatidos, toda vez que no existen causas de improcedencia hechas valer por las partes, ni este juzgado advierte la actualización de alguna de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es analizar los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. Para estar en condiciones de determinar lo conducente en relación a los conceptos de violación esgrimidos por la parte agraviada, será necesario relatar algunos de los antecedentes de los actos reclamados, derivados del expediente 634/2018, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por el ahora tercero interesado J. Pascual Salazar Villaseñor, en contra del aquí quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio. 1. Por escrito de doce de octubre de dos mil dieciocho, J. Pascual Salazar Villaseñor, demandó en la vía ordinaria civil, un juicio reivindicatorio en contra de Carlos Eduardo Estrada Lucio, en el que reclamó las prestaciones ahí precisadas. 2. El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, a quien por turno le correspondió conocer de la demanda, tuvo a la parte actora demandando en vía ordinaria civil, un juicio reivindicatorio en contra de Carlos Eduardo Estrada Lucio; por ende, le corrió traslado para que dentro del término de diez días contestara la misma. 3. El catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez responsable, tuvo por recibido el escrito signado por el aquí quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio, por medio del cual compareció al juicio de origen a producir su contestación a la demanda presentada por J. Pascual Salazar Villaseñor. 4. Previos los trámites legales correspondientes, el dos de mayo de dos mil diecinueve, se declaró procedente la acción reivindicatoria ejercida en la vía ordinaria civil por J. Pascual Salazar Villaseñor, en contra del aquí quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio, condenándose al demandado a la reivindicación del lote de terreno ahí descrito y, como consecuencia de ello, a la desocupación y entrega material del mismo. 5. Inconforme con la anterior determinación, el demandado aquí quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio, interpuso el recurso de apelación correspondiente, del cual conoció los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, ante la ausencia de Titular de la Octava Sala de ese órgano colegiado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quienes mediante ejecutoria de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 318/2019, confirmaron la sentencia definitiva impugnada. 6. El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió al demandado aquí quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio, el cumplimiento voluntario de la sentencia ejecutoriada anteriormente mencionada y se le apercibió que de no hacerlo así, se continuaría con el procedimiento de ejecución forzosa. 7. El diecisiete de enero de dos mil veintidós, al advertirse que el demandado ahora peticionario del amparo, no dio cabal cumplimiento con lo referido en el inciso anterior, se ordenó hacer entrega en forma material y jurídica a la parte actora J. Pascual Salazar Villaseñor, del bien inmueble cuya reivindicación, desocupación y entrega se ordenó en la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de origen; por ende, se ordenó el cateo y se autorizó el rompimiento de cerraduras y uso de la fuerza pública en caso necesario; asimismo, ordenó girar el oficio correspondiente al Inspector General en Matamoros, adscrito a la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, de esta ciudad, a efecto de que proporcionara elementos que considerara necesarios para que brindaran todas las garantías necesarias al funcionario respectivo. Los dos últimos acuerdos que anteriormente se invocaron, constituyen la causa de pedir en el juicio constitucional que nos ocupa. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa para combatir los proveídos de catorce de diciembre de dos mil veintiuno y diecisiete de enero de dos mil veintidós, emitidos por el Juez responsable, dentro del expediente 634/2018, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por el ahora tercero interesado J. Pascual Salazar Villaseñor, en contra del aquí quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio, en esencia se hicieron consistir, en: Que la autoridad responsable ordenadora viola en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque a través de los acuerdos que aquí se combaten pretenden desposeerlo del bien que ha tenido en posesión desde mil novecientos noventa y ocho, sin hacer una exhausta valoración de las pruebas ofrecidas durante la secuela del procedimiento. Que desde la contestación de la demanda, le hizo saber al Juez de origen, que estuvo procesado por un delito despojo en relación con el bien inmueble relacionado con el expediente en donde se emitieron los actos reclamados, pero que fue exonerado al demostrarse que el actor, aquí tercero interesado J. Pascual Salazar Villaseñor, no tenía la razón. Que el actor, ahora tercero interesado ofreció como prueba de su intención, una escritura público de fecha treinta de enero de dos mil trece, que hace suponer que el inmueble sujeto a litigio fue comprado ese mismo día al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), cuando la colonia Tecnológico fue fundada desde mil novecientos setenta y seis. Que en la propia escritura se advierte que su padre compró un "solar" que es adyacente al terreno objeto de litigio. Que dentro la secuela del procedimiento le demostró al Juez responsable que tenía la posesión del bien inmueble y que el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), no tenía registro de que el supuesto propietario fuera el aquí tercero interesado, tan es así que dentro de los registros que contaba la Presidencia Municipal para el pago de los derechos del predio, estaba a nombre de Micaela Molina de Elizondo, quien fue la persona que le dio permiso de cuidarle y pagarle los derechos que se fueran generando, como se lo demostró al Juez responsable a través de los documentos correspondientes; empero, dicha autoridad hizo caso omiso, dictando la sentencia que recurrimos y por la que ahora se le está requiriendo la entrega del bien a favor de J. Pascual Salazar Villaseñor, quien pretende adjudicárselo a base de mentiras. Que dentro del expediente de origen, obra una escritura apócrifa, ya que en la misma aparece que el valor comercial y catastral del inmueble en litigio es superior a los $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100, moneda nacional), los cuales supuestamente pagó al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) para regularizarlo en el año dos mil trece; que hoy en día los terrenos de ese fraccionamiento superan los $100,000.00 (cien mil pesos 00/100, moneda nacional), por lo que no puede ser que en solo ocho años, si fuera la compra al día de hoy, se haya pagado esa cantidad, pues en ese tiempo los terrenos estaban valorados en $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100, moneda nacional) como mínimo; de ahí que afirme que la escritura que aportaron dentro del juicio de origen presumiblemente es falsa y con ello, el hoy tercero interesado se esté beneficiando realizando un fraude procesal para adjudicarse un terreno al que no tiene derecho, ya que el mismo recae en Micaela Molina de Elizondo. Que si la escritura tuviera fundamento, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) tendría que explicar cómo es que otorgó las escrituras o cuál fue el mecanismo que utilizó para que tuviera las escrituras que son la fuente de acción del tercero interesado. Que como consecuencia de ello, la autoridad responsable ordenadora violenta su derecho, pues a través de los acuerdos aquí impugnados pretende, mediante el uso de la fuerza pública, desposeerlo del bien que ha tenido en posesión desde mil novecientos ochenta y uno, cuya posesión ha sido pública y pacífica, y ha pagado los derechos a las autoridades correspondientes y, no obstante de ello, lo condenan a pagar una renta por demás injusta que se contempla en el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Como puede verse, la parte quejosa, a través de los conceptos de violación que anteriormente quedaron precisados, pretende combatir los proveídos que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, emitió dentro del expediente 634/2018, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por el ahora tercero interesado J. Pascual Salazar Villaseñor, en contra del aquí quejoso Carlos Eduardo Estrada Lucio; empero, su fuente principal de agravio para ello lo hace consistir, en que dicha responsable no debió requerirle la entrega del bien inmueble sujeto a litigio, ya que no realizó una correcta interpretación de las pruebas que se ofrecieron durante el procedimiento, pues de haberlo realizado correctamente, no lo hubiera condenado en la sentencia que emitió. Esto es, el peticionario del amparo pretende que este Juzgador realice un estudio de todos y cada uno de los elementos de prueba que fueron ofrecidos dentro del expediente 634/2018, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por el ahora tercero interesado J. Pascual Salazar Villaseñor, para que determine si dentro del mismo se emitió una sentencia apegada a derecho y, como consecuencia de ello, se precise que en el caso, no se encuentran justificados los requerimientos que se le están realizando a través de los proveídos aquí combatidos. Empero, quien esto resuelve, establece que no es posible realizar el estudio que pretende la parte quejosa, ya que como se vio, dentro del expediente 634/2018, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio, promovido por el ahora tercero interesado J. Pascual Salazar Villaseñor, existe cosa juzgada, pues el dos de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, emitió la sentencia que puso fin al referido juicio, misma que fue confirmada por los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, ante la ausencia de Titular de la Octava Sala de ese órgano colegiado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante ejecutoria de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, emitida dentro del toca 318/2019. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 51/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 60, Materia Civil, Novena Época, con número de registro digital 174116, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación." De ahí que no exista la posibilidad que este Juzgador analice la constitucionalidad de la ejecutoria que confirmó la sentencia de primera instancia, puesto que, como se dijo, sobre ello existe cosa juzgada. Además porque este Tribunal Federal, no sería la autoridad competente para analizar esa ejecutoria, pues dicho conocimiento correspondería, en todo caso, al Tribunal Colegiado correspondiente, a través del juicio de amparo directo que hubiese hecho valer por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, si el quejoso consideraba que dentro del expediente de origen, no se analizaron correctamente las pruebas que se ofrecieron, estaba en aptitud de promover el juicio de amparo directo en contra de la ejecutoria que se emitió dentro del expediente 634/2018, ya que al no haber ejercido ese derecho, consintió expresamente la misma, permitiendo que existiera cosa juzgada en relación a lo que ahí se determinó y, como consecuencia de ello, que la autoridad responsable ordenadora, estuviera en condiciones de proceder en ejecución de sentencia. Así las cosas, al quedar evidenciado que los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, van encaminados a combatir cuestiones que a su consideración, no se analizaron correctamente en las resoluciones de primera y segunda instancia, emitidas dentro del expediente de origen, sobre lo cual existe cosa juzgada, declararse la inoperancia de esos motivos de disenso. Encuentra apoyo lo anterior, por contener consideraciones aplicables al caso, la jurisprudencia 58, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1919, Materia Común, con número de registro digital 170370, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." De igual forma, la jurisprudencia número I.6o.C.J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 621, Tomo: XII, Julio de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Por lo que atento a las consideraciones y razonamientos antes expuestos, es que se estiman inoperantes los conceptos de violación de la parte quejosa; en consecuencia, y toda vez que en la especie no se advirtió la existencia de alguna violación manifiesta de la ley que dejara indefenso al peticionario de garantías, que obligara a suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Carlos Eduardo Estrada Lucio. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados de la Central de Actuarios del Cuarto Distrito Judicial del Estado, y del Inspector General en Matamoros de la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, ambas con sede en esta localidad, por no reclamarse por vicios propios sino consecuencia de los actos atribuidos a la autoridad ordenadora. Sustenta esta determinación la jurisprudencia 105, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, visible a página 68, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Carlos Eduardo Estrada Lucio, en relación con los actos que se reclamaron del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como del Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, por los razonamientos vertidos en los considerandos tercero y sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Eduardo Estrada Lucio, respecto de los actos que se reclamaron del Juez Segundo de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del Estado; de la Central de Actuarios del referido Distrito Judicial; y, del Inspector General en Matamoros de la Comisaría General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, todas con sede en esta localidad, conforme a los razonamientos expuestos en el último de los considerandos de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día doce de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico al tercero interesado Pascual Salazar Villaseñor, el proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

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