Carlos Eduardo Echave Jiménez

Expediente 879/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
879/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
27/01/2021

Partes del expediente

  • Carlos Eduardo Echave Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, primero de diciembre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta localidad, en el que señala son ciertos los actos reclamados. Dicha documental por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como actos reclamados: La omisión por parte de la autoridad responsable de acordar y notificar el acuerdo sobre el cual resuelva sobre las pruebas que admita o deseche en el expediente laboral 328/2018. La omisión de ajustarse a los términos de ley, para el desahogo de la audiencia de pruebas. Por su parte, la autoridad oficiante remitió copia certificada del acuerdo de nueve de noviembre de la presente anualidad, dictado en el juicio 328/2018, del cual se advierte la responsable proveyó sobre la admisibilidad de los medios de pruebas ofrecidos por las partes; así como la constancias de notificación de veintisiete del mes y año en comento. Por tanto, respecto del acto reclamado marcado con el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por cuanto hace al diverso acto reclamado marcado con el inciso b), también es improcedente el juicio de amparo de acuerdo a lo previsto en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la Junta que realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no a las etapas subsecuentes, por lo cual no sería posible obligar a la Junta, de forma genérica, que lleve a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural con el dictado del laudo respectivo. En ese contexto, existe imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo Vl, Diciembre de 1997, Registro 197245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 61, fracciones XXI y XIII, la última fracción en relación con el diverso 77, fracción II; todo lo anterior acorde a lo previsto en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de las causas de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de tres de noviembre del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con treinta minutos de veintiocho de diciembre de la presente anualidad. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, primero de diciembre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado y documentos anexos rendido por la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta localidad, en el que señala son ciertos los actos reclamados. Dicha documental por ser pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su numeral 2, merece eficacia demostrativa plena, según lo dispuesto por los ordinales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa señala como actos reclamados: La omisión por parte de la autoridad responsable de acordar y notificar el acuerdo sobre el cual resuelva sobre las pruebas que admita o deseche en el expediente laboral 328/2018. La omisión de ajustarse a los términos de ley, para el desahogo de la audiencia de pruebas. Por su parte, la autoridad oficiante remitió copia certificada del acuerdo de nueve de noviembre de la presente anualidad, dictado en el juicio 328/2018, del cual se advierte la responsable proveyó sobre la admisibilidad de los medios de pruebas ofrecidos por las partes; así como la constancias de notificación de veintisiete del mes y año en comento. Por tanto, respecto del acto reclamado marcado con el inciso a), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos del acto reclamado. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por cuanto hace al diverso acto reclamado marcado con el inciso b), también es improcedente el juicio de amparo de acuerdo a lo previsto en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la Junta que realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no a las etapas subsecuentes, por lo cual no sería posible obligar a la Junta, de forma genérica, que lleve a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural con el dictado del laudo respectivo. En ese contexto, existe imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo Vl, Diciembre de 1997, Registro 197245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en relación a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 61, fracciones XXI y XIII, la última fracción en relación con el diverso 77, fracción II; todo lo anterior acorde a lo previsto en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para decretar el sobreseimiento, el que sea fuera de la audiencia constitucional, pues es clara y evidente la actualización de las causas de improcedencia que conducen al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar ésta, la conclusión sería la misma, por lo que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos lo ordenado por proveído de tres de noviembre del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con treinta minutos de veintiocho de diciembre de la presente anualidad. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, tres de noviembre de dos mil veinte. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el que indica en su informe de cuenta. Igualmente, proporciona correo electrónico para entablar comunicación expedita; circunstancia de la que se toma el debido conocimiento para los efectos legales procedentes. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documentos de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional.

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