Carlos Eduardo Amaya Díaz
Expediente 521/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Amaya Díaz
Actuaciones
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COLEGIADO INFORMA ADMISION DE RECURSO. Glósese el oficio enviado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, residente en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual notifica el proveído que admite conflicto competencial suscitado entre este juzgado y el homólogo Noveno de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua relativo a la demanda de amparo promovida por Carlos Eduardo Amaya Díaz.
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ARCHIVO
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TRIBUNAL UNITARIO ENVÍA INFORMACIÓN. Glósese el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Unitario del Decimoséptimo Circuito, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, mediante el cual notifica el proveído dictado el diecinueve de julio de este año, en el que se declara incompetente para conocer del conflicto competencial 5/2021, suscitado entre este juzgado y el homólogo Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con motivo de la demanda de amparo promovida por Carlos Eduardo Amaya Díaz y ordena remitir el asunto al Tribunal Colegiado en turno de aquél circuito.
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SE RECIBE INCOMPETENCIA. Se tiene recibido el oficio 15059, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, mediante el cual remite el expediente 411/2021, formado con motivo de la demanda promovida por César Aguirre Olivar, defensor Público Federal de Carlos Eduardo Amaya Díaz, contra actos del Juez de Distrito en Funciones de Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, ello en virtud de que mediante proveído dictado el veintidós de junio de este año, dicho tribunal se declaró incompetente para conocer de ese asunto, declinándola en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con sede en esta ciudad, que por tal motivo correspondió conocer a este tribunal, al respecto se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 521/2021-V y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. RECHAZO DE LA COMPETENCIA DECLINADA. De la determinación de incompetencia contenida en el oficio descrito con anterioridad el tribunal oficiante declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con sede en esta ciudad, considerando para ello que el acto reclamado consistente en la orden de privación de libertad oficiosa por más de dos años, ordenado dentro de la causa penal 432/2019, tiene ejecución material, en el lugar en que se encuentra recluido el peticionario, esto es, el Centro Federal de Reinserción Social número 12 "CPS-Guanajuato", en el que refirió, este juzgado ejerce jurisdicción, y por ello, se actualizaba la hipótesis contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Además, apoyó su determinación en el criterio jurisprudencial contenido en la tesis 1a./J. 16/2021 (10a.), con número de registro digital: 2023065, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias(s): Penal, Común, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE DETERMINA IMPROCEDENTE UNA SOLICITUD DE INDULTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Sin embargo, no se comparten las consideraciones expuestas por el juez declinante, ya que el análisis para determinar la competencia lo realizó atendiendo únicamente al lugar en el que se encuentra interno el ahora quejoso, sin tomar en consideración la naturaleza del acto reclamado, cuyos efectos se trasladan directamente al proceso. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Además, indica que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Finalmente, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierten tres reglas para determinar la competencia de los juzgados de distrito para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Si el acto reclamado tiene ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido será competente. c) Cuando el acto no requiere ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Acotadas dichas reglas de competencia, la parte promovente se duele de la imposición de prisión preventiva en su contra por más de dos años, decretada el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, dentro de la causa penal 432/2019. Por lo tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 antes mencionado, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Por ello, quien esto acuerda considera que en el presente caso, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por César Aguirre Oliva, quien se ostenta como Defensor Público Federal del directo quejoso Carlos Eduardo Amaya Díaz, se surte en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez o tribunal de enjuiciamiento que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; es decir, es ante la potestad del juez de la causa o tribunal de enjuiciamiento al que el procesado está sometido; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.XVI.P. J/6 P (10a.), con número de Registro digital: 2020882, Instancia: Plenos de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2451, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO." Cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación del Juez de Control en la que decreta la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es el que tiene jurisdicción sobre el tribunal que conoce de la causa penal, aun cuando la jurisdicción no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso, pues los efectos de la medida se trasladan directamente al proceso, dado que la prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad; en tanto que la reclusión física es sólo una consecuencia. Esta interpretación, además, es acorde con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal y que busca conservar la unidad del proceso. Asimismo, por analogía, la jurisprudencia de la Décima Época, con número de registro 160608, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2183 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, materia común, con número de tesis 1a./J. 118/2011 (9a.), cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En ese contexto, es evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la cuestión planteada y se estima competente al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, pues es dentro de su jurisdicción donde reside la autoridad responsable que conoce del proceso penal de origen, pues los efectos de la prisión preventiva prolongada se trasladan directamente al proceso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este tribunal rechaza la competencia declinada, por lo que se ordena comunicar esta determinación al juez oficiante, devolviéndole a su lugar de procedencia el expediente en que se actúa; se solicita el acuse de recibo respectivo, en la inteligencia de que deberá dejarse un cuadernillo de antecedentes con copia de las constancias indispensables para conocer la historia procesal del juicio.
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