Carlos Edmundo Pinto Hajj
Expediente 639/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2022
Partes del expediente
- Carlos Edmundo Pinto Hajj
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó mi adscripción a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Declaratoria de ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se determinó, en la parte que interesa, amparar a la parte quejosa, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, en consecuencia, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Fundamento: Artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2°. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro tiene este juzgado y comuníquese lo anterior a las partes. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió a la parte quejosa, para el efecto de que: ".para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Jefa del Servicio de Administración Tributaria. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Requerimiento de cumplimiento. En esas condiciones, tal y como se advierte de los efectos para los que se concedió el amparo, es a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria a quien corresponde, en su caso, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad hacendaria, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional, si a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, cuyo Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se detalla a continuación:... Le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y para el caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, con el objeto de tener certeza si en el asunto en que se actúa existe materia para el cumplimiento de la sentencia y, estar en posibilidad de realizar pronunciamiento al respecto; apercibida dicha autoridad que en caso de resultar omisa en el plazo otorgado para tal efecto, se aplicará una multa al titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada ley de la materia; asimismo, en su caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro número 197560, de rubro: "APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE DESACATO A UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL." De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de no demostrar que dio dicha orden, se le impondrá una multa a su titular de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 258 de la citada Ley de Amparo e incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable directamente obligada al cumplimiento. Sin que sea óbice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no haya sido señalada como autoridad responsable; debido a que, todas las autoridades están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 197 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro 2005830, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; diez de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mediante el cual en atención a lo requerido por este juzgado, informa las gestiones encaminadas para la restitución del seguro de gastos médicos mayores que le permita dar cumplimiento a la interlocutoria dictada en autos. No obstante, manifiesta que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, mediante oficio 307-A15-053, hizo de su conocimiento que en este momento el presupuesto asignado al capítulo 1000 "Servicios Personales" del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, presenta una presión de gasto para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mismo que presentaron a las autoridades competentes y referida autoridad sigue en espera de la suficiencia presupuestal en la partida 14403 "Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos del Personal Civil", para poder restituir el referido seguro de gastos médicos mayores. En ese orden, este juzgado toma conocimiento de lo anterior, sin embargo, las manifestaciones que aduce, no resultan en un impedimento para cumplir con la resolución interlocutoria dictada en este incidente de suspensión, pues como se expuso en anteriores actuaciones, la institución a la que está adscrita la parte quejosa debe llevar a cabo las adecuaciones presupuestarias necesarias, ya se internas o externas, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme al cual las dependencias pueden efectuar traspasos para incrementar el presupuesto regularizable de servicios personales, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; máxime que la normativa en materia presupuestaria y el propio Presupuesto de Egresos de la Federación, prevén los mecanismos necesarios para hacer frente al cumplimiento de obligaciones derivadas, como es el caso, de las resoluciones que emite el Poder Judicial de la Federación, sin necesidad de transferir recursos destinados para el cumplimiento de programas sociales. Por tanto, la autoridad oficiante deberá realizar las gestiones necesarias con la dependencia correspondiente, esto es, con la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público o inclusive directamente con la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de restituir al quejoso Carlos Miguel Villalón Herrera, su seguro de gastos médicos mayores en los términos y condiciones que operaba en dos mil dieciocho. Es así, porque las autoridades ejecutoras han sido omisas en abstenerse de aplicar cualquier acto derivado de la aplicación del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, situación que se resolvió el veintiocho de junio de dos mil diecinueve por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los autos del amparo en revisión RA. 192/2019, y, que fue reiterada por este juzgado al resolver el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Entonces, es evidente que no han protegido ni salvaguardado los derechos de la parte quejosa durante la tramitación de este incidente de suspensión. Cuestiones que las responsables están obligadas a observar y a cumplir hasta en tanto se resuelva, de manera definitiva, el juicio principal. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 209 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Director General, Secretario Administrativo y Subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, para que, en el término de veinticuatro horas, den cabal cumplimiento a la suspensión definitiva y, en consecuencia, se abstengan de aplicar a la parte quejosa, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, y, en consecuencia, las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran en relación con la prestación del seguro de gastos médicos mayores, en los términos y condiciones que operaban en dos mil dieciocho. Sin perjuicio de lo anterior, con el mismo fundamento requiérase al Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que en el término de veinticuatro horas, colabore con las autoridades responsables del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional para que den cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos, hecho lo cual informe lo conducente a este juzgado; sin que sea óbice que no sea autoridad responsable, pues todas las autoridades que no están señaladas como responsables están obligadas a realizar los actos necesarios para el eficaz cumplimiento de la resolución dictada en este incidente, pues su cumplimiento es de estricto orden público. En apoyo se cita, por analogía, la jurisprudencia 1a./J.57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 172605, de rubro1: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." Además, de apoyo se cita por su analogía, la tesis aislada LVII/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 169707 y de rubro2: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO IMPLIQUE LA EROGACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE UNA DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EL JEFE DE GOBIERNO, AUN CUANDO NO SEA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE REALIZAR LOS ACTOS QUE LE CORRESPONDEN CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EN ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIAE LA NACIÓN ANTE LA FALTA DE TESIS FORMALMENTE PUBLICADA". Se apercibe a las responsables del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional que en caso de no acreditar lo anterior, serán denunciadas ante el Representante Social de la Federación, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." Finalmente, se apercibe al Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que en caso de omisión a este requerimiento, se le impondrá como medida de apremio una multa de hasta cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida y actualización. Fundamento: párrafo primero del artículo 117, 237, 238, 259, 260, fracción II, de la Ley de Amparo, tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización anual publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; doce de noviembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los oficios del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante los cuales, acusa recibo del oficio de expresión de agravios relativo al recurso de revisión interpuesto por el Presidente de la República, en contra de la resolución interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil veinte; mismo que admitió y registró con el número 500/2021; de igual manera, devuelve el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, y hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional la resolución pronunciada en el expediente citado en líneas que anteceden, en la que determinó resolver lo siguiente: "ÚNICO. Se DESECHA el recurso de revisión." Acúsese recibo de estilo al citado Tribunal, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente asunto al incidente original y realícense las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Consecuentemente, en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que ha adoptado los poderes de la unión, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que no se adjunta a los oficios respectivos copia de la referida resolución, toda vez que la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Ahora bien, por lo que hace a lo solicitado por el referido órgano colegiado, en el sentido de hacer del conocimiento de las autoridades responsables el proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el incidente en revisión 500/2021, de su índice; no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que, como se observa de párrafos que anteceden, en esta misma fecha se tuvo por recibido el testimonio de la resolución relativa a dicho incidente en revisión. Invitación al trámite del Juicio en Línea Se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Finalmente, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: flavio.joffre.romero@correo.cjf.gob.mx Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. NOTIFÍQUESE.
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