Carlos Domínguez Vera
Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Carlos Domínguez Vera
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de quince de enero de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad de la actuaria adscrita a este juzgado, de notificar personalmente a la parte quejosa XXXXXXXX, el auto de quince de enero del año en curso, por los motivos en ella expuestos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos el referido auto, así como los subsecuentes acuerdos, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale un domicilio correcto en esta ciudad, donde pueda ser notificado. En atención al proveído que antecede notifico por lista de acuerdos el diverso auto de quince de enero del año en curso, que dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de enero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por XXXXXXXX, por derecho propio contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por lo que fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio 19/2021 que le corresponde. DESECHAMIENTO En primer lugar resulta pertinente destacar, que el artículo 113 de la Ley de Amparo otorga facultad al órgano jurisdiccional para desechar la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo,en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados establecen: LEY DE AMPARO Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral- podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Página: 1598 INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." HECHOS En el caso, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto consiste en: La pretensión de la privación del derecho que le otorga la Ley 223, para las personas físicas mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y tampoco cuenten con la protección de los sistemas de seguridad social del Estado o de la Federación, a recibir un apoyo económico, con motivo de la propuesta de un diputado de la fracción parlamentaria de "Morena", del Congreso del Estado de Veracruz, a fin que se derogue la Ley 223 citada con antelación. En relación con ello en los antecedentes que la parte quejosa narra bajo protesta de decir vedad, refiere que "por versiones de algunas personas que trabajan en el Congreso del Estado", tuvo conocimiento que un diputado de la fracción parlamentaria morenista, está promoviendo ante el Congreso que se derogue la Ley en comento, con base en argumentaciones relativas a que los beneficiarios no reciben directamente el apoyo económico. En ese sentido, el quejoso aduce tener el temor que se anule dicha Ley y se le quite el beneficio del cual goza, dejándola en estado de indefensión. Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que el veintinueve de septiembre de dos mil veinte se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de Veracruz, el decreto 588 "QUE ABROGA LA LEY QUE RECONOCE EL DERECHO DE LAS PERSONAS FÍSICAS, MAYORES DE SETENTA AÑOS DE EDAD, QUE NO TENGAN INGRESO ALGUNO Y SIN LA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO O DE LA FEDERACIÓN, A RECIBIR UNA PENSIÓN ALIMENTICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE." El cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el treinta de septiembre siguiente. CONCLUSIÓN En ese sentido, en relación al planteamiento hecho por la parte quejosa en su demanda de amparo, se concluye que por cuanto hace a la propuesta de la privación del derecho que le otorga la Ley 223 de un diputado ante el Congreso del Estado de Veracruz no resiente un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, por lo cual no resulta procedente el juicio de amparo que intenta. En efecto, el quejoso se duele de la propuesta de un diputado para derogar la Ley 223 que reconoce el derecho de las personas físicas, mayores de setenta años de edad, que no tengan ingreso alguno y tampoco cuenten con la protección de los sistemas de seguridad social del estado o de la federación, a recibir una pensión alimenticia del gobierno del Estado de Veracruz; esto es, un acto previo al proceso legislativo encaminado, en su caso, a dejar sin efectos dicha norma, por lo que el acto en sí mismo no le causa un perjuicio. Resulta importante precisar que en el caso no existe la posibilidad que, de admitirse la demanda, el quejoso en el curso del procedimiento acredite que sufre una afectación a sus intereses jurídicos o legítimos por el acto que reclama, dado que dicha circunstancia no deriva de su falta de prueba, sino de la propia naturaleza del acto, la cual no es susceptible de cambiar durante el trámite del juicio y, por ello, no existe lugar a dudas que con independencia de los medios de convicción que la parte quejosa pudiera aportar en la presente instancia constitucional, de igual manera se actualizaría la causa de improcedencia en estudio, por lo que sería ocioso y contrario a la pronta y expedita administración de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal tramitar el juicio constitucional para, al final, llegar indefectiblemente al mismo resultado, que sería su improcedencia. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 5°, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO. Al margen de lo anterior, y aunque no fue reclamado de manera concreta, resulta un hecho notorio la existencia del decreto 588 publicado el veintinueve de septiembre de dos mil veinte en la Gaceta del Gobierno del Estado de Veracruz, a través del cual se abrogó la referida Ley 223, que en su momento le pudiera causar algún perjuicio. Sin embargo, aun cuando dicho decreto constituyera el acto tildado de inconstitucional, se advierte que en contra de éste se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que el referido decreto entró en vigor el treinta de septiembre de dos mil veinte, y por tanto, se concluye que el promovente presentó su demanda de amparo fuera del término que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo; pues tomando en consideración que la demanda de amparo en análisis, se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el trece de enero de dos mil veintiuno, lo que se aprecia del sello de recepción que obra en la parte superior de la primera foja de la misma; debe decirse que a la fecha de su presentación y con independencia de la naturaleza del decreto en cuestión (autoaplicativo o heteroaplicativo) transcurrieron en exceso los términos a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la materia, esto es tanto el genérico de quince días, como el contemplado en la fracción I del mismo de treinta días; de ahí que sea incuestionable que para el caso que el acto reclamado lo hubiese constituido la emisión del decreto descrito en párrafos anteriores, la parte quejosa lo consintió tácitamente, por no promover la presente demanda de amparo dentro del término legal a que se refiere el aludido artículo. DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de parte la quejosa donde oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a XXXXXXXX, toda vez que la autorización se fundamentó en el artículo 27 de la ley de la materia, artículo que establece las reglas aplicables a las notificaciones personales, no así respecto de los autorizados, no obstante, queda expedito su derecho para autorizarlos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, antes citado, requiérase a la parte quejosa para que se sirva proporcionar un correo electrónico, tanto de ella como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Se le exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de juicio en línea"; lo anterior, de conformidad con la fracción I del artículo 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020; lo cual deberán informar a este Juzgado, mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se permite a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaría quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (Actuario o Secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, a través del cual la Administradora Postal de Correos de México, da cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de once de noviembre de dos mil veinte; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que, en atención a lo informado por el Jefe del Centro de Atención al Público del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante proveído de veintitrés del mes y año citados, se ordenó la reexpedición del oficio 6458/2020 dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a efecto de notificarle la sentencia dictada el ocho de mayo del año en curso, en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obra agregado el acuse de recibo del oficio 6458/2020 mencionado; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, legalmente computado, ya sea vía telegráfica o correo electrónico (17jdo7cto@correo.cjf.gob.mx), acuse recibo del mismo, informando la fecha exacta en que lo recibió. En el entendido que, si no cumple con lo ordenado, o bien, no informa la imposibilidad que tenga para ello dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Se precisa a la autoridad responsable mencionada, que en caso de remitir a este órgano jurisdiccional la información solicitada vía correo electrónico deberá confirmar su envío con el Secretario de Guardia del Juzgado al número de teléfono 22-88-57- 43-93. Notifíquese.
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