Carlos Domínguez Hernández
Expediente 200/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Domínguez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Tercera interesada señala nuevo domicilio y autorizado. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercera interesada Yessenia Saldierna Barajas, atento a su contenido, como lo solicita, téngasele como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodrigo Iván Ramírez García, toda vez que cuenta con cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, revocando a las personas anteriormente designados. Se autoriza consulta y notificación del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta y notificación del expediente electrónico través del usuario "RIRAMIREZ92" (Rodrigo Iván Ramírez García); toda vez que el mismo se encuentra registrado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del nueve de noviembre de dos mil veintiuno que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Incidente de suspensión Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, toda vez que en el incidente de suspensión fue concedida la medida definitiva, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En ese contexto, por sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al impetrante del amparo. Inconforme con dicha determinación, el quejoso Carlos Domínguez Hernández, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien lo radicó con el número 56/2021, y lo resolvió mediante ejecutoria de uno de julio del año en curso, en la cual se confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Ahora, los efectos para los cuales se concedió el amparo al quejoso Carlos Domínguez Hernández, fue para que el Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en contra de Carlos Domínguez Hernández, y en su lugar dicte una nueva determinación en la que, siguiendo las consideraciones de esta sentencia, estime que no se encuentra justificado por parte del ministerio público, el requisito de necesidad de cautela que se requiere para el dictado de una orden de aprehensión". En ese sentido, por auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y, requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Atento a lo anterior, mediante oficio 2800, el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, del Estado de Tlaxcala, en funciones de juez de despacho con motivo del primer periodo vacacional de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, remitió un disco compacto que contiene el audio y video de la audiencia celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno en la causa judicial 43/2020, de su índice. Igualmente, mediante oficios 0416/2021 y P.I AMP 702/2021, el Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, respectivamente, informaron que dejaron sin efectos los actos de ejecución de la orden de aprehensión de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, en contra de Carlos Domínguez Hernández. Por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa y así como a los terceros interesados por el plazo de tres días, para que de esta forma estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, el disco versátil digital (DVD) remitido por el Juez responsable, se tiene como prueba documental, por lo que a ésta y a los oficios remitidos por las responsables ejecutoras, este juzgador le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Del análisis de las constancias remitidas por las autoridades responsables se aprecia que: El Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, respectivamente, dejaron sin efectos los actos de ejecución de la orden de aprehensión de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juez Sexto de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, en la causa judicial 43/2020, contra Carlos Domínguez Hernández. El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, se celebró audiencia en la causa judicial 43/2020, en la cual, el Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, del Estado de Tlaxcala, en funciones de juez de despacho con motivo del primer periodo vacacional de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada contra Carlos Domínguez Hernández. En su lugar emitió una nueva determinación, en la cual, consideró que el Ministerio Púbico no justificó la necesidad de cautela que se requiere para dictar una orden de aprehensión contra Carlos Domínguez Hernández. En consecuencia, es evidente que las autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, cómo se advierte de los párrafos que anteceden, pues se dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintisiete de febrero de dos mil veinte, así como los actos de ejecución de la misma; y, en su lugar, se dictó una nueva determinación, en la que se estimó que no se encontraba justificado el requisito de necesidad de cautela para la emisión de una orden de aprehensión contra el quejoso. No existe defecto o exceso Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se reserva archivo Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Se ordena girar oficios. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveídos de veintiséis y veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; sin embargo, por un error involuntario se omitió girar oficio a Evelyn Chinchilla Islas, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar, Región Norte en su calidad de tercero interesada, por lo que en obvio de mayores dilaciones, expídase el oficio correspondiente a fin de que sea debidamente notificada de dicho auto, debiendo correrle traslado con los oficios y anexos que remitió la responsable y señaló haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.
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