Carlos Díaz Luis
Expediente 267/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Díaz Luis
- Carlos Díaz Luis y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de once de marzo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Díaz Luis, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Visto el escrito de cuenta presentado por el quejoso Carlos Díaz Luis, mediante el cual desahoga la prevención realizada en proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, y al efecto manifiesta el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables, siendo éstos los siguientes: A) De las autoridades responsables ordenadoras, Procurador General de la República, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Director General de Control y Registro de aseguramientos Ministeriales (DGCRAM), Delegado de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, Subdelegado de Procedimientos Penales "A", dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero y Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, reclama la ilegal orden de aseguramiento que tiene por objeto la privación de gozar el inmueble de su propiedad, la desposesión provisional y definitiva de éstos, así como la administración y destino final del inmueble la anotación marginal, provisional o definitiva mediante remate, enajenación o adjudicación, o cualquier otro acto traslativo de dominio del inmueble de su propiedad, ubicado en Lote 13, Manzana XXVII, fraccionamiento 20 de Noviembre, de esta ciudad, actualmente número 65, de la calle Emiliano Zapata, dentro de la averiguación previa PGR/GRO/M-IV/043/2010. B) De las autoridades responsables ordenadoras Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, reclama la negativa de girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, para efectos de que realice la cancelación de la anotación de aseguramiento del inmueble de su propiedad señalado con anterioridad. C) De las autoridades responsables ordenadoras Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, reclama el incumplimiento de no adecuar su conducta a los términos procesales establecidos por los artículos 181, 182, 182-A, 182-B, 182-C, 182-D, 182-E, 182-N y 182-Ñ, del Código Federal de Procedimientos Penales. D) De las autoridades responsables ordenadoras Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, reclama la indebida o incorrecta fundamentación y motivación del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa PGR/GRO/M-IV/043/2010. E) De la autoridad responsable ejecutora Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, reclama la ejecución a la orden de anotación preventiva del inmueble de su propiedad. Ahora bien, en su escrito de desahogo el quejoso manifiesta que el seis de febrero de dos mil diez, tuvo conocimiento del acto reclamado en el inciso A) al Procurador General de la República, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Director General de Control y Registro de aseguramientos Ministeriales (DGCRAM), Delegado de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, Subdelegado de Procedimientos Penales "A", dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero y Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero. De igual forma señala que el diecisiete de noviembre de dos mil quince, tuvo conocimiento de los actos reclamados señalados en los incisos B), C) y D), reclamados al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero; y que el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se enteró por personal de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, que aún no habían cancelado la anotación preventiva de embargo, en el inmueble de su propiedad. Ahora bien, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que se transcribe a continuación: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden, la suscrita juzgadora federal, advierte de oficio que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Lo anterior, en concordancia con los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento legal, en los que se establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos legales en cita, se advierte que previenen dos hipótesis excluyentes entre sí, a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, que son las siguientes: a) La primera de ellas, se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; y, b) La segunda hipótesis consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan relación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito; sin que en el presente caso se advierta que se actualice alguna de ellas. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose del supuesto precisado en el inciso b), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia XXI.2ºP.A. J/32, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". En ese contexto, del escrito de cuenta se aprecia que el peticionario refirió que tuvo conocimiento de los actos precisados en el inciso A), el seis de febrero de dos mil diez, y respecto de los diversos señalados en los incisos B), C) y D), el diecisiete de noviembre de dos mil quince; por ende, se colige que el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a contar a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, y si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el tres de marzo de dos mil dieciséis, resulta evidente que la demanda es extemporánea, al haber transcurrido el término a que alude la disposición legal citada, para la promoción del juicio de amparo, pues el término de quince días para la promoción de su demanda, transcurrió en su caso del ocho al veintiséis de febrero de dos mil diez y del dieciocho de noviembre al nueve de diciembre de dos mil quince, respectivamente, descontándose en el primer computo los días trece, catorce, veinte y veintiuno de febrero de dos mil diez y en el segundo término, los días veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve, de noviembre y cinco y seis de diciembre de dos mil quince, por ser sábados y domingos que de conformidad con los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al ser inhábiles, a excepción del veinte de noviembre en que no corrieron términos. Por todo lo anterior, es clara la improcedencia por extemporaneidad en el ejercicio de la acción constitucional, de acuerdo con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, puesto que ya había transcurrido el término de quince días a que se refiere este último precepto legal para la interposición de la demanda de amparo, por ende se trata de actos consentidos tácitamente. Aunado a lo anterior, debe destacarse que de información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, se advierte que ante este mismo juzgado se radicó por razón de turno el diverso juicio de amparo 784/2015, promovido por Carlos Díaz Luis, contra actos del Procurador General de la República, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades, en el que reclamó: La omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil catorce; la ejecución a la orden de anotación preventiva del inmueble ubicado en el Lote 13, Manzana XXVII, Fraccionamiento 20 de Noviembre de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, actualmente con nomenclatura Número 65, de la Calle Emiliano Zapata y el acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil quince, dictado por la autoridad responsable, en el que niega girar oficio al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, derivado del aseguramiento que quedó señalado con antelación. Así, en lo que aquí interesa de dicho asunto, se aprecia que en relación a la ejecución de la orden de anotación preventiva reclamada al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, se advirtió que se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la legislación en cita, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento la parte quejosa de los actos reclamados. Y, por otra parte, se concedió la protección constitucional solicitada, a fin que el agente del Ministerio Público de la Federación responsable, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil quince, dictado en la averiguación previa A.P.PGR/GRO/CHI/M-IV/043/2010; y b) Dictara otro, en donde con libertad de jurisdicción, debidamente fundado y motivado, resuelva lo que conforme a derecho proceda con relación a la solicitud efectuada por Carlos Díaz Luis, sin reiterar lo que se estimó inconstitucional en esta sentencia. En acatamiento a la sentencia de amparo, aludida la responsable emitió el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil quince. En ese orden de ideas, es dable determinar que si bien podría advertirse que a la fecha subsiste el aseguramiento del multicitado bien inmueble, lo cierto es que de tal circunstancia tuvo conocimiento la parte quejosa, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en que conoció por habérsele notificado el auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora dependiente de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Guerrero, en el diverso juicio de amparo 784/2015, del índice de este juzgado de Distrito. En consecuencia, el término de quince días que establece la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo en contra de dicha actuación transcurrió del veintinueve de enero al veintidós de febrero de dos mil dieciséis, descontando de dicho término los días treinta y treinta y uno de enero, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos, así como el uno de febrero de dos mil dieciséis, por ser inhábil y el cinco de febrero del año en curso, al no correr términos, sin que lo hubiera hecho así. Máxime, que en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, aludido se informó al aquí quejoso que no había lugar a llevar a cabo la cancelación de la anotación de aseguramiento del inmueble, exponiendo las razones que sustentaban dicha determinación, por lo cual, tal acto debió reclamarlo dentro de los quince días computados a partir del día siguiente a que surtió efectos la notificación de dicha notificación; datos que se tienen a la vista como hecho notorio atento a lo que dispone el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ello, se concluye que la parte peticionaria de amparo consintió tácitamente los actos reclamados y, se insiste, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la citada fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, de ahí que proceda su desechamiento, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia.
- Principal
Visto el escrito de cuenta presentado por el quejoso Carlos Díaz Luis, mediante el cual desahoga la prevención realizada en proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, y al efecto manifiesta el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables, siendo éstos los siguientes: A) De las autoridades responsables ordenadoras, Procurador General de la República, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Director General de Control y Registro de aseguramientos Ministeriales (DGCRAM), Delegado de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, Subdelegado de Procedimientos Penales "A", dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero y Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, reclama la ilegal orden de aseguramiento que tiene por objeto la privación de gozar el inmueble de su propiedad, la desposesión provisional y definitiva de éstos, así como la administración y destino final del inmueble la anotación marginal, provisional o definitiva mediante remate, enajenación o adjudicación, o cualquier otro acto traslativo de dominio del inmueble de su propiedad, ubicado en Lote 13, Manzana XXVII, fraccionamiento 20 de Noviembre, de esta ciudad, actualmente número 65, de la calle Emiliano Zapata, dentro de la averiguación previa PGR/GRO/M-IV/043/2010. B) De las autoridades responsables ordenadoras Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, reclama la negativa de girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y Crédito Agrícola del Estado de Guerrero, para efectos de que realice la cancelación de la anotación de aseguramiento del inmueble de su propiedad señalado con anterioridad. C) De las autoridades responsables ordenadoras Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, reclama el incumplimiento de no adecuar su conducta a los términos procesales establecidos por los artículos 181, 182, 182-A, 182-B, 182-C, 182-D, 182-E, 182-N y 182-Ñ, del Código Federal de Procedimientos Penales. D) De las autoridades responsables ordenadoras Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, reclama la indebida o incorrecta fundamentación y motivación del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa PGR/GRO/M-IV/043/2010. E) De la autoridad responsable ejecutora Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, reclama la ejecución a la orden de anotación preventiva del inmueble de su propiedad. Ahora bien, en su escrito de desahogo el quejoso manifiesta que el seis de febrero de dos mil diez, tuvo conocimiento del acto reclamado en el inciso A) al Procurador General de la República, Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Director General de Control y Registro de aseguramientos Ministeriales (DGCRAM), Delegado de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero, Subdelegado de Procedimientos Penales "A", dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero y Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero. De igual forma señala que el diecisiete de noviembre de dos mil quince, tuvo conocimiento de los actos reclamados señalados en los incisos B), C) y D), reclamados al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora, dependiente de la Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Guerrero; y que el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se enteró por personal de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, que aún no habían cancelado la anotación preventiva de embargo, en el inmueble de su propiedad. Ahora bien, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que se transcribe a continuación: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden, la suscrita juzgadora federal, advierte de oficio que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Lo anterior, en concordancia con los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento legal, en los que se establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos legales en cita, se advierte que previenen dos hipótesis excluyentes entre sí, a partir de las cuales da inicio el cómputo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, que son las siguientes: a) La primera de ellas, se refiere a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto reclamado; y, b) La segunda hipótesis consistente en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan relación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito; sin que en el presente caso se advierta que se actualice alguna de ellas. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose del supuesto precisado en el inciso b), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia XXI.2ºP.A. J/32, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados.". En ese contexto, del escrito de cuenta se aprecia que el peticionario refirió que tuvo conocimiento de los actos precisados en el inciso A), el seis de febrero de dos mil diez, y respecto de los diversos señalados en los incisos B), C) y D), el diecisiete de noviembre de dos mil quince; por ende, se colige que el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a contar a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, y si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el tres de marzo de dos mil dieciséis, resulta evidente que la demanda es extemporánea, al haber transcurrido el término a que alude la disposición legal citada, para la promoción del juicio de amparo, pues el término de quince días para la promoción de su demanda, transcurrió en su caso del ocho al veintiséis de febrero de dos mil diez y del dieciocho de noviembre al nueve de diciembre de dos mil quince, respectivamente, descontándose en el primer computo los días trece, catorce, veinte y veintiuno de febrero de dos mil diez y en el segundo término, los días veinte, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve, de noviembre y cinco y seis de diciembre de dos mil quince, por ser sábados y domingos que de conformidad con los artículos 19, de la Ley de Amparo y 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al ser inhábiles, a excepción del veinte de noviembre en que no corrieron términos. Por todo lo anterior, es clara la improcedencia por extemporaneidad en el ejercicio de la acción constitucional, de acuerdo con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, puesto que ya había transcurrido el término de quince días a que se refiere este último precepto legal para la interposición de la demanda de amparo, por ende se trata de actos consentidos tácitamente. Aunado a lo anterior, debe destacarse que de información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, se advierte que ante este mismo juzgado se radicó por razón de turno el diverso juicio de amparo 784/2015, promovido por Carlos Díaz Luis, contra actos del Procurador General de la República, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades, en el que reclamó: La omisión de dar contestación al escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil catorce; la ejecución a la orden de anotación preventiva del inmueble ubicado en el Lote 13, Manzana XXVII, Fraccionamiento 20 de Noviembre de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, actualmente con nomenclatura Número 65, de la Calle Emiliano Zapata y el acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil quince, dictado por la autoridad responsable, en el que niega girar oficio al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guerrero, derivado del aseguramiento que quedó señalado con antelación. Así, en lo que aquí interesa de dicho asunto, se aprecia que en relación a la ejecución de la orden de anotación preventiva reclamada al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Guerrero, se advirtió que se actualizaba la hipótesis prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la legislación en cita, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento la parte quejosa de los actos reclamados. Y, por otra parte, se concedió la protección constitucional solicitada, a fin que el agente del Ministerio Público de la Federación responsable, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil quince, dictado en la averiguación previa A.P.PGR/GRO/CHI/M-IV/043/2010; y b) Dictara otro, en donde con libertad de jurisdicción, debidamente fundado y motivado, resuelva lo que conforme a derecho proceda con relación a la solicitud efectuada por Carlos Díaz Luis, sin reiterar lo que se estimó inconstitucional en esta sentencia. En acatamiento a la sentencia de amparo, aludida la responsable emitió el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil quince. En ese orden de ideas, es dable determinar que si bien podría advertirse que a la fecha subsiste el aseguramiento del multicitado bien inmueble, lo cierto es que de tal circunstancia tuvo conocimiento la parte quejosa, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en que conoció por habérsele notificado el auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Cuarta Investigadora dependiente de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Guerrero, en el diverso juicio de amparo 784/2015, del índice de este juzgado de Distrito. En consecuencia, el término de quince días que establece la Ley de Amparo, para interponer la demanda de amparo en contra de dicha actuación transcurrió del veintinueve de enero al veintidós de febrero de dos mil dieciséis, descontando de dicho término los días treinta y treinta y uno de enero, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de enero de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos, así como el uno de febrero de dos mil dieciséis, por ser inhábil y el cinco de febrero del año en curso, al no correr términos, sin que lo hubiera hecho así. Máxime, que en el auto de diecisiete de noviembre de dos mil quince, aludido se informó al aquí quejoso que no había lugar a llevar a cabo la cancelación de la anotación de aseguramiento del inmueble, exponiendo las razones que sustentaban dicha determinación, por lo cual, tal acto debió reclamarlo dentro de los quince días computados a partir del día siguiente a que surtió efectos la notificación de dicha notificación; datos que se tienen a la vista como hecho notorio atento a lo que dispone el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ello, se concluye que la parte peticionaria de amparo consintió tácitamente los actos reclamados y, se insiste, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la citada fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, de ahí que proceda su desechamiento, con apoyo en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la propia ley, por su notoria improcedencia.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Díaz Luis, fórmese expediente y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 267/2016.- Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 108, fracción I y IV, 114, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se previene al quejoso para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, aclare y precise de manera concreta el acto que reclama en esta vía constitucional a cada una de las autoridades que señala como responsables, ya que en el capítulo respectivo señala que reclama diversos actos de las responsables ordenadoras y ejecutoras; sin embargo, no describe cuáles son imputados a cada una de éstas, por lo que no se advierte que reclama específicamente a cada una de ellas.- Por lo que, a fin de estar en posibilidad de establecer el acto reclamado, el quejoso deberá precisar de manera concreta que acto reclama en esta vía constitucional a cada una de las autoridades señaladas como responsables, la fecha en que conoció de los mismos y como se enteró de ellos, en el entendido de que no deberá señalarlo de manera genérica. Lo anterior, toda vez que es obligación de las partes señalar en la demanda de amparo de manera clara y precisa, la ley o acto que reclaman de las autoridades que señalen como responsables, puesto que el señalamiento del mismo que como requisito exige el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser concreto y preciso, sin que en el mismo se adviertan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones de dichos actos.- Se aplica al caso, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, a página cincuenta y cuatro, que es del rubro siguiente: - "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Así como la diversa emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 92-102, Sexta Parte, a página doscientos cuarenta y nueve, del que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA IMPROCEDENTE RESPECTO AL SEÑALAMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." Por otra parte, analizado en su integridad el escrito de demanda, se advierte que el mismo se encuentra incompleto, dado que siguiendo el orden cronológico no se aprecian las fojas cinco y trece; además, de que no existe continuidad y congruencia entre lo expuesto en la foja cuatro parte final que dice: ".5.- Es el caso que desde el día 06 de Febrero del Año 2010, hasta la fecha en que se promueve la presente demanda de garantías se desconoce el destino final del Bien Inmueble Asegurado, y que la Autoridad responsable emite un ilegal Acuerdo el día 17 de Noviembre del Año 2015, y que a la letra dice:" y la marcada con el número 6 que inicia: ".constitucional, ya que conforme al mismo nadie puede ser molestado en su persona.". Lo cual, ocurre también con la foja doce que finaliza: ".pero cuando de las constancias de autos se advierta que el propietario del inmueble asegurado es extraño a la." y la catorce que inicia con el argumento: ".concepto de violación al respecto en la demanda de garantías.", por lo que, se previene al quejosa para que en igual término complete su demanda de amparo. Precisando al quejoso, que junto con su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo y en su caso de las respectivas con las que complete su demanda, a efecto de estar en condiciones de emplazar a juicio a todas las partes. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a las exigencias precisadas, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el primer y segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Vicente de la Cruz Hernández, Carlos García Bolaños y Ernesto Barrera Florentino, toda vez que cuentan con registro de cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como a las demás personas, únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del segundo párrafo del numeral 12 de la ley de la materia, por no contar con registro en dicho sistema.
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