Carlos Diaz Gutierrez

Expediente 340/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
340/2023
Año
2023
Actuaciones
31
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Diaz Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. DEVOLUCIÓN DE EXHORTO DILIGENCIADO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio electrónico procedente del Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, Torreón a través del cual, remite diligenciado el exhorto número 1138/2023 (orden 1297/2023), de su índice, formado con motivo del diverso 427/2023-II-D, (orden 543/2023-II-D), de esta estadística, por los motivos que expone. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Ahora bien, dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número catorce CPS "Durango", se ordena hacer de su conocimiento la determinación de veintidós de noviembre del año en curso. EXHORTO En atención a lo anterior, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número catorce CPS "Durango", es decir, fuera de la jurisdicción del presente juzgado, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo fracción II de la Ley de Amparo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento exhorto al Juzgado de Distrito en Turno en la Laguna, Torreón, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con sustento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda: 1.-Realice la notificación al quejoso ******************** de la determinación de veintidós de noviembre del año en curso. 2.- De la misma forma notifique lo ordenado a la asesora pública federal ********************, quien tiene su domicilio en la Delegación Coahuila del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Torreón, Coahuila (Foja 628). Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales de esas adscripciones para que realicen lo encomendado en horas y días inhábiles. Se precisa al Fedatario Judicial encargado de practicar las diligencias antes descritas, que en dicho acto deberán certificar que realiza entrega del presente auto. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo, y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. MEMO

  2. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 340/2023-II-D; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila; Carlos Díaz Gutiérrez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal (fojas 8-23). SEGUNDO. Derechos que estima violados. El quejoso argumenta en su demanda que el acto reclamado vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 17, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Radicación de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, que en auto de uno de julio de dos mil veintidós, la registró con el número 973/2022; y la admitió a trámite (fojas 25-27). Ampliación de demanda. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el quejoso promovió ampliación de demanda en cuanto a diverso concepto de violación; que en auto de veintiséis de agosto siguiente, se admitió a trámite (fojas 143-149). Incompetencia. El veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Séptimo de Distrito mencionado, declaró su incompetencia legal para seguir conociendo del asunto, por razón de territorio, y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en turno (fojas 282-287). Se acepta la competencia declinada. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto conforme a la regla especial del artículo 38 de la Ley de Amparo; admitió a trámite la demanda; dio vista a las partes con los informes justificados; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional (fojas 292-295). Luego, en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, tomando en cuenta que el juzgado de Distrito declinante designó como asesora jurídica del quejoso a la defensora pública federal, Esperanza Soto Alonso, quien ante ese órgano jurisdiccional aceptó y protestó el cargo conferido; se ordenó notificarle la radicación del asunto ante esta potestad federal y las actuaciones posteriores, para los efectos legales procedentes (fojas 543-544). Por tanto, se tiene por satisfecha la tutela jurisdiccional efectiva de la que debe gozar toda persona privada de su libertad promovente de amparo. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 69, agosto de 2019, Tomo II, página 1301, con registro digital: 2020495, que dispone: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Posteriormente, en auto de dieciséis de agosto del año en curso, se dio vista al quejoso para que manifestara si deseaba ampliar la demanda contra el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Baja California (fojas 633-634). Ampliación de demanda. En auto de seis de septiembre del año que transcurre, al haberse corroborado vía telefónica con el secretario a quien correspondió la diligenciación del exhorto respectivo, que al momento de su notificación el quejoso manifestó su afirmativa; se tuvo por ampliada su demanda (fojas 661-663). CUARTO. Audiencia constitucional. Seguido que fue el trámite, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del resultado asentado en el acta que antecede a esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 38 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, debido a que se reclama un acto omisivo atribuido a otro juez de Distrito con residencia en este mismo circuito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar los actos reclamados, que se deducen del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito de ampliación y el auto de dieciséis de agosto de este año, en concordancia con la información allegada al juicio, para determinar con exactitud la intención del peticionario de derechos. En esta tesitura, en el caso concreto los actos reclamados consisten en: Del Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México y del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano jurisdiccional: La omisión por la dilación excesiva en ordenar la investigación por el delito de tortura física y psicológica, denunciado por el quejoso en contra de los policías aprehensores, con motivo de la causa penal 143/2002-I, del índice del juzgado responsable. Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Baja California: La omisión de investigación del delito de tortura física y psicológica denunciado por el quejoso. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado al juez del proceso. Previo al análisis de la constitucionalidad de los actos que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a su certeza o inexistencia, ya que, por razón de técnica jurídica, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de 1994, materia común, octava época, con registro digital: 212775, que establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Es necesario precisar que tratándose de actos positivos el quejoso tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado y, en segundo, la violación de derechos fundamentales que alega, ya que el que interpone una demanda de amparo está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.J/308 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 77, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 80, agosto de 1994, octava época, con registro digital: 210769, que establece: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Sin embargo, tratándose de actos negativos (actos de omisión o abstención), la carga de la prueba no corresponde al quejoso sino a la autoridad señalada como responsable; puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber realizado lo que reclaman omitió hacer. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A.J/21, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 660, Tomo V, segunda parte-2, Enero-Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, octava época, con registro digital: 226432, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos". En ese tenor, conviene precisar de forma individualizada la existencia de cada uno de los actos reclamados de acuerdo con las anteriores consideraciones. La autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, al rendir sus informes justificados respecto de la demanda y su ampliación (fojas 48 y 166), negó la existencia del acto que se le atribuye, identificado en el inciso a) del considerando anterior, que se hizo consistir en la omisión por la dilación excesiva en ordenar la investigación por el delito de tortura física y psicológica, denunciado por el quejoso en contra de los policías aprehensores, en la causa penal 143/2002-I, de su índice. No obstante, es pertinente señalar que el acto reclamado se trata de omisiones y abstenciones, por lo que la negativa de la responsable no basta para tenerlo por inexistente, pues como ya se indicó a ésta le corresponde la carga de la prueba, ya que debe acreditar que si realizaron los actos de cuya omisión se duele la parte quejosa; sin embargo, dicha reversión de la carga de la prueba, únicamente se actualiza, cuando la ley prevé que la autoridad debe realizar el acto cuya omisión se le reprocha; de opinar lo contrario, se le obligaría a la responsable a acreditar que realizó un acto que no está dentro de sus facultades llevar a cabo. Por ello, en primer lugar se debe partir de la premisa de que si el acto que pretende el quejoso se lleve a cabo está contenido dentro de las facultades de la autoridad y, por ende, se encontraba obligada a realizar. En ese tenor, es pertinente destacar que, de acuerdo con las consideraciones que rigen la tesis 1a.CCVII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2006483, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA.", es deber del juez del proceso dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación respecto de las manifestaciones del encausado sobre haber sufrido tortura. Segundo, establecido que la autoridad sí tiene facultades para llevar a cabo el acto cuya omisión se le reclama, corresponde verificar si cumplió con la carga de la prueba consistente en acreditar que lo realizó, es decir, que actuó conforme a la obligación legal que tiene, para justificar como lo afirma en su informe justificado que no incurrió en la omisión que se le reclama. En efecto, de las copias certificadas de las actuaciones de la causa penal de origen, que remitió el juez de Distrito responsable, se advierte lo siguiente: 1. Mediante oficio PGR-SEIDF-UEIDT-57-1532-2015, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa 5 de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, informó que el tres de diciembre de dos mil quince, radicó en esa unidad especializada el acta circunstanciada 77/UEIDT/57/2015, contra quien o quienes resulten responsables por la probable comisión del delito cometido en agravio entre otros de Carlos Díaz Gutiérrez, aquí quejoso, y solicitó copias certificadas de diversas actuaciones (fojas 402). 2. En auto de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, se ordenó la expedición de las copias solicitadas y su entrega por conducto del Ministerio Público adscrito (foja 403). 3. En auto de veintiséis de diciembre de dos mi dieciocho, al advertir la existencia de probables actos prohibidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, contra el procesado Carlos Díaz Gutiérrez, aquí quejoso, tomando en cuenta que el juzgador debe proceder de la manera siguiente: -- Dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para que procediera a la investigación inmediata de dichos actos posiblemente constitutivos del delito de tortura. -- Ordenar de oficio en el proceso la práctica de todas y cada una de las diligencias necesarias para comprobar si efectivamente la declaración que se reputa obtenida bajo tortura fue recabada en esas circunstancias, debiendo excluir de la carga probatoria al procesado. -- Hecho lo cual, emitir valoración jurídica que corresponda. El juez, con copia de las constancias relativas, respecto del punto uno, dio vista a la Representación Social de la Federación, para que de considerarlo procedente iniciara la averiguación previa contra quien o quienes resultaran responsables en caso de acreditarse la comisión de posibles hechos delictuosos, para lo cual debería informar de manera periódica la situación que guardara ese procedimiento. Tocante al punto dos, ordenó de manera oficiosa la aplicación del dictamen Médico-psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato "Protocolo de Estambul" al procesado Carlos Díaz Gutiérrez, ahora quejoso; destacando que una vez que obrara en autos, lo tomaría en cuenta al emitir el fallo correspondiente (fojas 50-59). 4. En auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve, se determinó enviar a la titular de la mesa Doce de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, copias certificadas de algunas constancias que obran en la causa penal, para integrar la averiguación previa 2300/UEIDT/57/2016, por el delito de tortura en agravio del aquí quejoso (fojas 466-467). 5. Mediante oficio FGR-FEMDH-FEIDT-1932-2022, el Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, informó que respecto del procesado Carlos Díaz Gutiérrez, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se inició la averiguación previa 2300/UEIDT/57/2016, al elevarse el acta circunstanciada 77/UEIDT/57/2015, en la cual no se acreditó participación de servidores públicos federales por posible tortura, ya que los elementos aprehensores fueron servidores públicos adscritos a la Policía Ministerial del Estado de Baja California; por lo que declinó competencia en favor de la Fiscalía General del Estado de Baja California, para continuar con la investigación (fojas 508-510). 6. Dictamen médico pericial y psicológico "Protocolo de Estambul" realizado al aquí quejoso, presentado ante el juzgado de origen el cuatro de octubre de dos mil diecinueve; que fue ratificado en audiencia de catorce de febrero de dos mil veintidós (fojas 69-125). 7. Mediante oficio 527/FEIDT/04/2022, el encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, informó que a su vez el agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito a la Unidad Mexicali, le hizo saber que el veintitrés de junio de dos mil diecinueve recibió el averiguación previa 3/2015/AP, que continuó con su integración, y que el veintidós de mayo de dos mil veinte, determinó su archivo por prescripción, que fue autorizada el veintiocho de junio del mismo año, por la Coordinación Estatal de esa fiscalía especializada (fojas 167-168). 8. En auto de dos de agosto de dos mil veintidós, se ordenó notificar de manera personal al aquí quejoso, en el lugar donde se encuentra recluido, lo determinado por la citada fiscalía especializada; lo cual se llevó a cabo el ocho de agosto del mismo año, razón en la cual manifestó: "promuevo el recurso que proceda en contra de la prescripción y solicito se de vista al defensor público adscrito" (fojas 169-183). 9. En auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, con lo manifestado por el procesado, aquí quejoso, se dio vista al defensor público federal para que se entrevistara con el aquí quejoso y le aclarara sus dudas, lo cual se le ordenó notificar personalmente en el lugar de su reclusión (fojas 523-524). Por su parte, el Fiscal Especializado en la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Baja California, remitió copia certificada de: 10. Resolución de veintidós de mayo de dos mil veinte, en la cual se determinó la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los hechos sujetos a investigación por el delito de tortura, cometido en agravio de Carlos Díaz Gutiérrez, en la averiguación previa 3/2015/AP (fojas 255-276). Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Ahora, la relatoría de las actuaciones anteriores evidencia la inexistencia de la omisión que se le atribuye al juez de Distrito responsable, pues de ninguna manera puede considerarse dilación alguna en ordenar la investigación por el delito de tortura física y psicológica, denunciado por el aquí quejoso en contra de los policías aprehensores, en la causa penal 143/2002-I, de su índice. Se estima así, si se toma en cuenta que con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el juez de Distrito responsable, en el auto de veintiséis de diciembre de dos mi dieciocho, primero, dio vista al Ministerio Público de la Federación adscrito para la integración de la indagatoria respectiva y, en segundo lugar, ordenó la práctica del "Protocolo de Estambul". De ahí, que los actos cuya omisión reclama la parte quejosa de la autoridad responsable no existen en la realidad. Consecuentemente, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de la autoridad y por el acto precisado en el presente considerando. Tiene aplicación la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 804176, que se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados al Ministerio Público. El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, al rendir su informe justificado respecto de la demanda y su ampliación (foja 222), negó la existencia del acto que se le atribuye, identificado en el inciso a) del considerando segundo, que se hizo consistir en la violación al derecho de acceso a la justicia pronta y expedita que establece el artículo 17 de la Constitución Federal, ante la omisión por la dilación excesiva en ordenar la investigación por el delito de tortura física y psicológica, denunciado por el quejoso en contra de los policías aprehensores, en la causa penal 143/2002-I, del juzgado de su adscripción. Por su parte, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Baja California, al rendir su informe justificado respecto de la ampliación respectiva (foja 690), no se pronunció sobre el acto que se le reclama, identificado en el inciso b) del considerando segundo, consistente en la omisión de investigación del delito de tortura física y psicológica denunciado por el quejoso. Sin embargo, no es dable presumirle cierto el mismo, porque se encuentra acreditado en autos que al seis de septiembre de dos mil veintitrés, día en que se admitió la ampliación de demanda en su contra, el acto reclamado ya no existía; sin que la parte quejosa aportara medio de prueba idóneo para desvirtuar dicha negativa. Efectivamente, como ya se indicó los actos reclamados son omisiones y abstenciones, por lo que no basta para tenerlos por inexistentes la negativa de las responsables. En ese tenor, si bien las facultades del Representante Social adscrito al juzgado penal, como parte acusadora, se circunscriben a las que establece el Código Federal de Procedimientos Penales, lo cierto es que en el caso el juez de Distrito instructor del proceso le ordenó expresamente que integrara la indagatoria correspondiente, de resultar procedente, respecto de la tortura de que adujo el procesado, aquí quejoso, había sido objeto al momento de su detención con motivo de la causa penal que se le instruye. Lo cual sí llevó a cabo, porque en autos de la causa penal de origen existe evidencia de que el tres de diciembre de dos mil quince, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa 5 de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, radicó en esa unidad especializada el acta circunstanciada 77/UEIDT/57/2015, con motivo de los hechos denunciados; tal como se aprecia de las actuaciones relatadas en el considerando anterior. Por otra parte, respecto de lo actuado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Baja California, obra en autos de la causa penal constancia de que, el agente del Ministerio Público del Orden Común adscrito a la Unidad Mexicali, le hizo saber que el veintitrés de junio de dos mil diecinueve recibió el averiguación previa 3/2015/AP, que continuó con su integración, y que el veintidós de mayo de dos mil veinte, determinó su archivo por prescripción, que fue autorizada el veintiocho de junio del mismo año, por la Coordinación Estatal de esa fiscalía especializada; tal como se aprecia de las actuaciones relatadas en el considerando previo. De manera que, deviene inexistente la omisión de investigación del delito de tortura física y psicológica denunciado por el quejoso, porque esa indagatoria sí se llevó a cabo, tanto por la fiscalía federal como por la local del Estado de Baja California, a quien se le remitió la averiguación previa porque los aprehensores pertenecían a la Policía Ministerial estatal. Aunado a lo anterior, de las constancias descritas en el considerando previo, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que el acto reclamado era inexistente al momento de la presentación de la demanda (treinta de junio de dos mil veintidós). Lo anterior es así, toda vez que el quejoso reclama la omisión de investigación del delito de tortura física y psicológica denunciado en el proceso penal que se instruye en su contra. Empero, el Fiscal Especializado en la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Baja California, señalado como responsable, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de mayo de dos mil veinte, en la cual se determinó la extinción de la acción penal por prescripción respecto de los hechos sujetos a investigación por el delito de tortura, cometido en agravio de Carlos Díaz Gutiérrez, en la averiguación previa 3/2015/AP, en favor de Marco A. Rivera Henry, Manuel Sánchez Aragón, Aurelio Avendaño Ramírez e Edilfonso Villarreal Pérez (fojas 255-276). De ahí, que es por demás evidente que al treinta de junio de dos mil veintidós, en que se presentó la demanda de amparo, no existía la omisión reclamada; toda vez que la responsable no solo ya había radicado la averiguación previa que recibió por incompetencia de la Fiscalía General de la República, sino que la había concluido, al haber decretado su archivo, con lo cual se acredita que ya existía un pronunciamiento al respecto, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y, (.)". Ahora, los artículos 1° fracción I y 75° primer párrafo de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". Como se ve, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que violan derechos humanos, de lo que se infiere que el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda. Este aserto se corrobora con lo dispuesto por el descrito artículo 75 del ordenamiento invocado, que establece que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. De lo anterior se sigue que los actos deben estudiarse atendiendo a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, debe probarse que existían a la presentación del libelo. Por tanto, si el acto reclamado en la demanda de amparo presentada el treinta de junio de dos mil veintidós, consiste en la omisión de investigación del delito de tortura física y psicológica denunciado en el proceso penal que se le instruye, respecto del cual ya existía un pronunciamiento definitivo; es claro que procede el sobreseimiento en el presente juicio, respecto del acto reclamado en estudio, por no existir a la fecha de la presentación de la demanda. Esto, tomando en cuenta que del análisis del artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos 1º y 75, del mismo ordenamiento legal que han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, tomando en cuenta que, por regla general, todos los actos de autoridad que atentan contra los derechos humanos de los gobernados, se emiten sin el consentimiento de éstos. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho humano violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 10, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 12, Tomo VI, común, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Sin que obste para esta determinación que el ahora quejoso manifestara, al momento de la notificación de la resolución de archivo de la averiguación previa por prescripción de la acción penal, por parte del juzgado de Distrito instructor de proceso, que interponía el "recurso que proceda", y que con esa manifestación se haya dado vista a su defensor público federal, quien manifestara que sí se entrevistó con el procesado; lo anterior, en tanto que esas actuaciones no fueron reclamadas en particular en este juicio de amparo. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de las autoridades y por los actos precisados en el presente considerando, ante la inexistencia de los actos reclamados. Finalmente, en relación con las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el seis de abril de dos mil dieciocho, con registro 2016525, de rubro: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN.", se considera innecesario realizar mayor pronunciamiento al respecto, en razón de no haber entrado al fondo del asunto. Por lo antes expuesto, motivado, fundado y, además, con apoyo en los artículos 62, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto promovido por Carlos Díaz Gutiérrez, por derecho propio, contra las autoridades responsables y por los actos reclamados precisados en el considerando segundo; por las razones expuestas en los diversos considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentenció y firma, Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; quien actúa asistida de Edgar Herrera Borja, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. DEVOLUCIÓN DE EXHORTO DILIGENCIADO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio electrónico procedente del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, Coahuila, a través del cual, remite diligenciado el exhorto número 1156/2023 de su índice, formado con motivo del diverso 422/2023-II-D, (orden 538/2023-II-D), de esta estadística, por los motivos que expone. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Notifíquese como legalmente corresponda.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de noviembre de dos mil veintitrés. DEVOLUCIÓN DE EXHORTO DILIGENCIADO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese el oficio electrónico procedente del Juzgado Sexto de Distrito en la Laguna, Coahuila, a través del cual, remite diligenciado el exhorto número 1218/2023-III de su índice, formado con motivo del diverso 381/2023-II-D, (orden 485/2023-II-D), de esta estadística, por los motivos que expone. Ahora bien, de la comunicación oficial recibida se advierte que Carlos Díaz Gutiérrez, solicitó lo siguiente; "Solicita se le informe el domicilio del Juzgado" Atento a la manifestación dígasele que este Juzgado Federal tiene su domicilio en Nicolás San Juan 104, Delegación San Lorenzo Tepatitlán I, Delegación San Lorenzo Tepatitlán, 50010 Toluca de Lerdo, México. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. EXHORTO En atención a lo anterior, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número catorce CPS "Durango", es decir, fuera de la jurisdicción del presente juzgado, con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo fracción II de la Ley de Amparo, así como en el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena enviar atento exhorto al Juzgado de Distrito en Turno en la Laguna, Torreón, para que en auxilio de las labores de este juzgado, con sustento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda: 1.-Realice la notificación al quejoso Carlos Díaz Gutiérrez de la presente determinación. Para lograr el cometido de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales de esas adscripciones para que realicen lo encomendado en horas y días inhábiles. Se precisa al Fedatario Judicial encargado de practicar la diligencia antes descrita, que en dicho acto deberá certificar que realiza entrega del presente auto. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo, y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. MEMO

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